Cara y cruz de los espacios públicos

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27 de junio de 2002  

La paulatina ocupación indebida de los espacios públicos de la ciudad de Buenos Aires es, sin dudas, una de las consecuencias más visibles de la persistente crisis económica y social que está afrontando el país. De hecho, tan preocupante emergencia se ha agravado por causa de la dubitativa y tardía intervención de las autoridades locales, exclusivas responsables de la atención de esa clase de contingencias.

El problema que ha planteado la usurpación de plazas, parques y muchos otros sitios de uso público de la metrópoli no es fácil de resolver. Pero podría haber tenido soluciones menos traumáticas y más humanitarias que el desalojo compulsivo de quienes, contraviniendo normas expresas y elementales principios de convivencia, higiene y salud, han levantado en ellos precarios asentamientos. Eso, por supuesto, siempre y cuando esa pertinaz invasión hubiera sido prevenida no bien se produjeron sus primeras y embrionarias manifestaciones.

Los carecientes de vivienda –no siempre forzados por calamitosas situaciones de indigencia– están diseminados por toda la ciudad, incluso en la aún postergada zona sur, según lo ha certificado la investigación promovida por el defensor del pueblo adjunto Antonio Brailovsky. Se han instalado en los parques y las plazas, debajo de las autopistas y de los puentes de la avenida General Paz, en terrenos baldíos, en los atrios de los templos, en los portales de edificios públicos –el propio Cabildo– y privados, y en las aceras.

Ahora, el gobierno porteño se ha topado con un compleja disyuntiva. Algo así como la cara y la cruz de una misma moneda. Desechadas que fueron, por pueriles, las excusas de algunos de sus funcionarios, por fin tuvo que decidirse a prestarles atención a los razonables e insistentes reclamos de los vecinos que le exigían el cumplimiento de la obligación de manejar en forma ordenada y sensata, preservar y proteger los espacios públicos de uso común, que son patrimonio del conjunto de la sociedad, sin exclusión alguna. Y tampoco puede –ni debe– desentenderse de la cruda realidad y soslayar el patético estado de exclusión absoluta en que han quedado sumidas no pocas personas que, en efecto, viven en la calle porque carecen de los mínimos recursos necesarios para procurarse un alojamiento digno y ni siquiera pueden obtenerlo en las denominadas villas miseria, en las cuales hay que pagar compulsivos cánones para obtener un lote o, sencillamente, apenas una mísera casilla.

No hay argumentos que sirvan para explicar la generalizada desprotección de los espacios públicos, demostrada no sólo por esas intempestivas usurpaciones, sino, además, por las deficientes condiciones en que se encuentra la mayor parte de ellos, por falta de adecuado mantenimiento. No los hay, asimismo, para justificar la ignorancia del solidario compromiso de darles mínimo amparo a los auténticos desposeídos, pues si es que escasean los recursos destinados específicamente para tal finalidad, se los podría reforzar –por ejemplo– por vía de la reasignación de algunas de las partidas que suelen ser utilizadas para dar profusa publicidad a ciertos actos de gobierno.

Sea cual fuere el enfoque que se le dé a esta lamentable cuestión, siempre dejará en relieve la falta de ejecutividad de las autoridades locales, que a su debido tiempo no se ocuparon de resolver la en ese entonces incipiente usurpación de los espacios públicos y de solucionar, en aquellos casos que así lo ameritasen, las causas que la provocaron.

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