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15 de junio de 2020  • 00:00

El pago de la fiesta

Los corruptos de siempre estarán felices. Su frondosa imaginación está creando múltiples alternativas para llenarse los bolsillos si se completa la expropiación de Vicentin: crear un directorio adicto, instalar a militantes amigos en las gerencias, subfacturar las exportaciones dejando la diferencia en un banco suizo, nombrar a un amigote como intermediario en las ventas para cobrar suculentas comisiones, exigirles un porcentaje a los proveedores para pagarles su cosecha, movimientos financieros y bursátiles convenientes, aportes a campañas de todo tipo, aumentar la nómina de personal con los compañeros de La Cámpora, y lo que a cada uno se le ocurra.

El pueblo, como siempre, pagará la fiesta.

Eduardo Daniel Teubal

DNI 5.593.805

Colegios de Fasta

El 5 de junio presenté en el Congreso, junto a diputadas/os de distintos bloques, un proyecto de resolución que expresa una preocupación republicana por los contenidos y la formación que se imparte en los colegios de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino (Fasta), e insta a las autoridades de la ciudad y provinciales a supervisar lo que sucede en los establecimientos educativos que forman parte de este movimiento religioso y a tomar las medidas pertinentes en cada situación en que se observe una violación de las leyes vigentes y de la Constitución nacional. En respuesta a la carta publicada días atrás por el lector Juan Martín Molinari, titulada "Libertad religiosa", en la que acusa a la iniciativa de ser "un atropello totalitarista", considero necesario aclarar algunas cuestiones. En primer lugar, es necesario recordar que en nuestro país la educación es pública. Puede ser de gestión estatal, privada o cooperativa, pero en todos los casos son el Estado nacional y los Estados jurisdiccionales (provincias o Ciudad Autónoma de Buenos Aires) quienes reconocen, autorizan y supervisan el funcionamiento de todas las instituciones educativas. Por otro lado, motivó este proyecto el conocimiento de las denuncias que en forma pública están haciendo exalumnos de estos colegios, que incluyen graves episodios de violencia física y de situaciones de humillación y discriminación. Así como también la divulgación de materiales de lectura que ponen en riesgo la salud de los estudiantes, como por ejemplo cuando niegan que el preservativo previene enfermedades de transmisión sexual.

Quiero dejar muy en claro que soy una defensora de la libertad de culto de todas las personas y de todos los cultos reconocidos por el Estado nacional. Y considero muy valioso el aporte que las escuelas religiosas hicieron y hacen día a día a la sociedad argentina. No se trata esto de un ataque a la libertad de las creencias, sino todo lo contrario. En defensa de esa libertad es que manifiesto que no se puede permitir que ninguna institución viole los derechos que protegen a nuestros niños, niñas y adolescentes.

Nuestra Constitución dice en su artículo 14 que todos los habitantes del suelo argentino gozan del derecho de profesar libremente su culto, de enseñar y aprender. Pero ningún derecho es absoluto, sino que está regido por las leyes vigentes. Para elaborar el proyecto que presentamos, nos basamos en la ley nacional de educación, la ley de actos discriminatorios, la ley de salud sexual y procreación responsable, la ley de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y la ley de educación sexual integral, entre otras. Todas estas, normas que contienen el espíritu de nuestra Nación y reglamentan nuestros derechos constitucionales. Es por esto que entiendo que quienes defienden la enseñanza religiosa en particular y la enseñanza pública de gestión privada en general deben acompañar nuestro pedido y ser los primeros en solicitar que, ante tan graves denuncias, se investigue qué sucede en los colegios de Fasta.

Mara Brawer

Diputada nacional

Ley de alquileres

Dicen que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Pues bien, los argentinos nos caracterizamos por tropezar muchísimo más de dos veces. Ante esta realidad, los legisladores, antes de presentar o aprobar un proyecto, deberían por lo menos dejar de lado la soberbia, tener un gesto de humildad, leer un poco la historia económica y social de la Argentina de los últimos 75 años, y escuchar a quienes la han vivido. Así podrán tomar nota de los sucesivos y reiterados fracasos de toda norma que pretendió invadir o regular las relaciones entre privados. Todas, sin excepción, terminaron con resultados totalmente opuestos al "noble" fin que se proponían. Empezando por los controles de precios. Pero de todas ellas, las leyes que regularon los alquileres son emblemáticas. El resultado al que arribó, en todos los casos, fue agravar el problema habitacional o comercial, por retracción de la oferta.

Si bien -debe reconocerse- la ley recientemente sancionada es bastante laxa en sus contenidos, será inexorablemente desconocida por la voluntad de las partes, ya que resulta inútil interferir las leyes de la naturaleza, es decir, del mercado (con perdón de la palabra). Ningún burócrata puede acceder a las conveniencias, preferencias y prioridades de millones de partes intervinientes. La sola sanción o amenaza de ello es una pésima señal para el inversor, lo que termina jugando en contra del inquilino, a quien se intentó beneficiar, y a toda la actividad inmobiliaria, incluyendo la industria de la construcción. El populismo y la demagogia, una vez más, han instalado su negativa impronta en perjuicio de quienes menos tienen.

Gustavo Oscar Colla

gustavo.colla@yahoo.com

Peligro de contagio

¿Los runners son fuente de contagio? Todos los estudios científicos dicen que en las actividades al aire libre, con distanciamiento social, son bajas las probabilidades de contagio. Lo que sucede actualmente parece ser, más que nada, una disputa entre Rodríguez Larreta y Kicillof por quién prevalece. Sin embargo, nadie se detiene en que Alberto Fernández se abraza con Insfrán, viaja a La Rioja y no mantiene la distancia social y se saca selfies con simpatizantes circunstanciales.

Benjamín Brian Arredondo

DNI 37.337.138

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Coronavirus. Ginés González García: "Tal vez tendríamos que haber empezado un poco antes con el rastreo"

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