De los lectores: cartas & e-mails
Peregrinaje
Cada día que pasa me pregunto cómo es posible que nuestras autoridades nacionales puedan equivocarse tanto. Únicamente quienes solo se han desplazado en vehículos oficiales pueden ignorar el penoso peregrinaje de tantos habitantes de la provincia de Buenos Aires hasta nuestros hospitales capitalinos. Parece ocioso destacar, por ejemplo, que solo la precariedad de los centros de salud de la provincia podría justificar el viaje de miles de mujeres con hijos pequeños a cuestas utilizando varios vehículos para llegar en busca de atención médica.
Creo que todos los pacientes bonaerenses merecen obras, no discursos.
María Teresa A. Craviotto
DNI 3.614.126
Salvavidas de plomo
Recientemente fue sancionada la ley 27.555, que regula el teletrabajo. Una vez más aparece el Estado con un salvavidas de plomo. Esta ley desnaturaliza el teletrabajo y lo desalienta al regularlo de una manera aún más rígida que el contrato de trabajo típico. No contempla siquiera la realidad que se impone, encasillando al trabajo en presencial o a distancia cuando lo habitual es que quienes adoptan dicha modalidad alternan entre sus casas y el lugar de trabajo. ¿Quién puede pensar que esta ley puede tener un efecto positivo de cara a la tremenda necesidad de trabajo y reactivación que nos va a dejar la triple cuarentena?
Mientras el pueblo sufre el lockout estatal, y la inseguridad y la crisis sanitaria aumentan, el Gobierno se concentra en expropiaciones fallidas, reformas espurias de la Justicia, moratorias para los amigos y leyes que desalientan la creación de empleo.
Mariano Saubidet
DNI 25.705.173
Repitiendo errores
Hace algo más de tres décadas, en similares circunstancias a las que hoy vive la república, en una carta de lector, titulada "La intuición de Oderigo", incluí la opinión de uno de nuestros más distinguidos juristas de antaño. Allí transcribía lo que sigue, que desafortunadamente conserva plena vigencia: "Se habla de aumentar el número de jueces de la Corte, llevando otra vez a nueve (como en el texto original de la Constitución de 1853, que nunca tuvo vigencia), con el argumento de que ese tribunal se halla atrasado en sus sentencias. Aunque no contamos con una información precisa sobre la cantidad de causas atrasadas, el hecho parece ser real; pero, a nuestro modo de ver, el atraso no deriva de que sea escaso el número de sus jueces, sino de que el tribunal ha extendido demasiado el recurso extraordinario, en cuanto por esta vía conoce en los casos de sentencia arbitraria. De todas maneras, la situación no mejoraría aumentando el número de sus jueces porque la intervención de nueve sería más morosa que la de cinco; a menos que se dividiera el tribunal en salas, en cuyo caso sus sentencias perderían autoridad, porque no sería lo mismo una sentencia de una sala que una sentencia de la Corte, y eso no puede pasar con el tribunal supremo, con el más alto custodio de la Constitución Nacional" (Oderigo, Mario A. Lecciones de derecho procesal, Bs. As., 1958, t. I, pág. 266).
Y agregaba yo: "La fina intuición política del inolvidable jurista dispensa cualquier comentario personal al delicado tema que se ha llevado al Congreso, aunque quizá resultara prudente recordar que durante el lapso de seis años que rigió la ley 15.271 (B.O. 9-2-60), que aumentó a siete el número de jueces de la Corte, jamás el tribunal se dividió en salas –pese a la disposición legal que lo autorizaba–, lo que se comprende muy fácilmente si se repara en que, como lo puntualizó el alto tribunal en su acordada 44 del 22 de septiembre de 1989, la Constitución instituye "una" Corte Suprema, es decir, un cuerpo único e infragmentable como cabeza del Poder Judicial de la Nación".
Como se ve, la repetición de los errores, tan propio de la conveniencia política de nuestros gobernantes, vuelve a situarnos no solo frente a la sospechosa ampliación del número de los integrantes de la Corte, sino ante la irracional posibilidad de su división en salas con el eslogan de la (falsa) necesidad de la especialización de sus jueces y con inexcusable olvido de que nuestro supremo tribunal federal no requiere especialistas, sino juristas; y que, por añadidura, no es la Corte un órgano de casación del derecho común como equivocadamente lo previó la reforma constitucional de 1949, sino el último custodio de la prevalencia de la ley suprema.
Miguel A. Almeyra
miguel@almeyra.com.ar
Una amnistía
La votación en Diputados y la imprescindible moratoria para las empresas, los comercios y la pequeña y mediana industria sirvió al oficialismo para en su artículo 6º no incluir, pese al pedido de la oposición, la excepción de presentarse a evasores acusados en la Justicia Penal Económica, por disponer de fondos cobrados del Estado nacional. Por ejemplo, Oíl Combustibles, del empresario Cristóbal López, símbolo del poder kirchnerista, con su grupo Indalo y todas sus empresas en estado de convocatoria. Si han hecho este esfuerzo –hasta el de sumar sectores que no eran del Frente de Todos para lograr ese objetivo–, ¿qué podemos esperar de la reforma judicial y de la Corte Suprema? Empezamos con una comisión de notables, que, más allá de usar sus condiciones académicas con piel de cordero, tiene una mayoría aplastante de profesionales identificados con el justicialismo. Un resultado cantado: dictaminará a favor de ampliar la Corte.
Se agrega a esto la creación de alrededor de ciento y tantos cargos, de jueces, fiscales, camaristas, defensores en el distrito federal y todas las provincias, lo que carece de posibilidad presupuestaria, ante la magnitud del gasto a asumir, en sueldos, edificios y equipamiento técnico. Abandona el justicialismo uno de sus valores más declamados: la "lealtad". Cristina Kirchner ha manifestado en los estrados judiciales, en todas las causas, que son el resultado del lawfare, que las hace de nulidad absoluta. Más aún, delante del tribunal oral, en la causa Vialidad s/Obras en Santa Cruz, dijo: "Yo estoy absuelta por la historia, y los que deberán responder preguntas son ustedes", dirigiéndose a los magistrados. Nada hace pensar que el resto de las citaciones que tenga, más allá de los intentos previos de cambiar jueces, camaristas y miembros del Tribunal de Casación Penal, modificará su posición.
¿Qué ganamos dilatando y recorriendo un laberinto de espinas, que dejará heridas, inseguridad jurídica, aumento del descrédito institucional? Además de agravar el drama de salud, económico y social que vive el país.
Tengan, quienes la apoyan incondicionalmente y ahora con mayoría en ambas cámaras del Congreso, la valentía de proponer una ley de amnistía amplia para la expresidenta de la Nación, a cargo actualmente del Senado. Ojalá tuvieran la grandeza, con dicho acto, de evitar la destrucción del Poder Judicial.
José María García Arecha
Exsenador nacional (CABA/UCR)
Nuestro ADN
Leer el artículo del señor Barletti publicada el martes pasado provoca un dejo de tristeza. ¿Por qué muchos de los argentinos juzgamos sin informarnos? Pateamos el tablero deshaciendo las jugadas en vez de tirar todos para adelante y buscar soluciones.
¿Estarán estas conductas en nuestro ADN?
María Rosa Iñurrategui de Bertran
mariarbertran@hotmail.com
Mascardi
Los incipientes pueblos de hace doscientos años sufrían el saqueo, la matanza y la destrucción de vidas y propiedades. El desierto se ganó, la población se mestizó y la Argentina se consolidó, pero una pugna ideológica se acrecentó e instaló hasta nuestros días. La reclamada reivindicación aborigen se hizo ley inapelable con solo esgrimirla y el "no ahorrar sangre de gauchos o indios" caló asimismo en muchas mentalidades. Pero los malones no se acabaron y Villa Mascardi es una prueba. Allí lo peor del llamado indigenismo –de raíces y derechos solo exhibidos y exigidos a la fuerza o al amparo y protección de organismos pretendidamente reivindicadores– ya no amenaza sino que se adueña, intimida, destruye y se enseñorea a la vista y paciencia de las sucesivas autoridades, temerosas de un qué dirán que avergüenza a la Nación. Un rasgo más de un primitivismo que nadie osa enfrentar por la pusilanimidad de quienes se sienten poderosos para algunas cosas cuando tienen el poder, pero se acobardan a la hora de ejercer legítimamente su autoridad por más que resulte impopular. Actitud que se repite desde hace mucho y no solo en el ámbito político.
Juan Martín Devoto
DNI 10.625.501
Respeto al Himno
Respecto de la carta del señor Helman y su apreciación sobre la falta de respeto a los valores patrios impuestos por el decreto 10302/44 de 1944, durante un gobierno de facto y más allá de entender el sentido de la carta, considero que los mismos no se ven ofendidos por una versión musical del Himno Nacional que no sea arreglada o ejecutada en su versión clásica u original. Hasta me atrevería a decir que es una manera de mantener vivo el amor y el sentimiento patrio más allá del arreglo o la entonación; ya que muchas veces hasta se olvida la letra luego de que dejamos de concurrir a los actos en nuestros ciclos lectivos. Claro está, aunque sean distintas circunstancias, a la patria se la respeta y se la honra también través de otras conductas y valores.
Jorge Raúl García
DNI 12.548.804
En la red
El Banco Central incorporó el lenguaje inclusivo en sus documentos
"Hay cosas mucho más importantes y urgentes que esta pavada. Además de sonar
absolutamente espantoso"- Graciela Ferrando
"Por qué no intentan resolver los problemas económicos y el lenguaje se lo dejan a quien corresponda"- Peter Milo
"Algo absurdo, disparatado. Un lenguaje distorsionado, que no existe. Señores funcionarios del BCRA, pónganse a trabajar en serio"- Sebastián J. Acuña
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