Celebrar las diferencias

Andrés Franco
Andrés Franco PARA LA NACION
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18 de diciembre de 2013  

Durante la Copa América 2011, celebrada en la Argentina, preguntamos a chicos de todo el país de entre 13 y 18 años quiénes eran las personas más discriminadas. La encuesta, que hicimos en todas las provincias anfitrionas del torneo continental, mostró un resultado contundente: el 65% de los jóvenes argentinos considera que en su país las personas más discriminadas son los inmigrantes bolivianos, seguidos de paraguayos, peruanos y chilenos.

El dato identificado por los adolescentes -la nacionalidad como primer causal de discriminación- tiene mucha vigencia hoy, cuando conmemoramos en todo el mundo el Día Internacional del Migrante. Y su pertinencia en la Argentina es mayor si se tiene en cuenta que ayer se festejó el décimo aniversario de la sanción de una ley modelo, que precisamente busca erradicar la discriminación contra nacionales de otros países mediante la inclusión y el respeto por sus derechos.

Me refiero a ley de migraciones 25.871, que, en mi opinión, debería ser un motivo de orgullo para todos los argentinos. Estas normas son un avance real, inédito y ejemplar a nivel mundial en el respeto de los derechos humanos. En efecto, la nueva ley derogó el paradigma estatal y político de control y persecución de las personas migrantes consagrado en la llamada "ley Videla" y lo reemplazó con un modelo de desarrollo humano e incluyente, propio de las repúblicas democráticas.

El cambio podría parecer teórico y lejano, pero lo cierto es que ha cambiado la vida de miles de personas, incluyendo la de muchos chicos. La ley Videla, por ejemplo, imponía a médicos y maestros la obligación de denunciar ante la Dirección Nacional de Migraciones a quienes se encontraran en una situación migratoria irregular. El recorrido empezaba en la cárcel y en la mayoría de los casos terminaba en una deportación. En consecuencia, era imposible garantizar el derecho que tienen todos los chicos de cualquier nacionalidad a estar en la escuela o recibir atención médica, porque ningún padre migrante indocumentado quería arriesgarse a una deportación.

La nueva ley de migraciones invirtió el modelo. No sólo habilitó iniciativas como los programas de regularización documentaria (Patria Grande), sino que además estableció que los médicos y maestros que detecten una situación migratoria irregular orienten y asesoren a las familias implicadas para que tramiten su permiso de residencia, trabajo o ciudadanía.

La puesta en práctica de esta ley, que ha implicado cambios muy profundos, aún no concluye. ¿Qué pasó en estos diez años de vigencia de la nueva ley de migraciones? ¿Cómo impactó la vida de los chicos y las chicas migrantes?

Unicef y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús (UNLA) presentarán hoy, en el Congreso Nacional, un estudio cuyo objetivo es, justamente, identificar avances, desafíos y "cuellos de botella" a una década de implementación de la nueva ley. Pienso que los logros documentados son auspiciosos.

Primero, constatamos que la mayoría de los chicos migrantes se inscribe en la escuela primaria independientemente de si tienen o no documento argentino. No obstante, persisten algunos problemas al momento del egreso, porque se les pide el DNI para extender una constancia de escolaridad o inscribirse en el secundario.

Segundo, observamos que en los servicios de salud la atención durante una emergencia no es cuestionada. El principal obstáculo que presentan los hospitales a las personas migrantes es el requerimiento del DNI argentino para tramitar consultas médicas o intervenciones programadas, una suerte de "discriminación por ventanilla" que en los últimos años está en retroceso.

Por último, corroboramos que la discriminación complica la puesta en vigor y aplicabilidad de la ley. Recientemente, por ejemplo, los colombianos fueron sumados a la lista de nacionalidades identificadas por los chicos en la encuesta que hicimos en la Copa América. Esta vez no fueron los cánticos de fútbol el vehículo utilizado para discriminar, sino algunas publicaciones en medios de prensa y ciertos discursos políticos que intentaron vincular, sin mucha evidencia, su presencia en la Argentina con el narcotráfico y la inseguridad ciudadana.

La estigmatización de ciertos grupos nacionales se traduce en impedimentos reales para aplicar integralmente la ley de migraciones. Una familia colombiana, por ejemplo, que nada tiene que ver con el tráfico de estupefacientes y mucho menos con la inseguridad, encuentra dificultades concretas para radicarse en la Argentina y para acceder a los derechos que contempla esta normativa.

Celebramos los 10 años de la ley de migraciones convencidos de la transcendencia de avanzar tenazmente hacia la inclusión y la integración de todas las personas más allá de su nacionalidad. El mayor desafío tal vez sea el que plantean los chicos: la propuesta de celebrar las diferencias y erradicar la discriminación necesita un marco normativo conducente, que ya tenemos, y un compromiso real de toda la sociedad.

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