¿Cerrar las escuelas?, un debate más político que técnico
La pugna política entre el kirchnerismo y Rodríguez Larreta ha derivado en una guerra de datos y un conflicto judicial donde los alumnos y sus padres son rehenes
Mientras la Corte Suprema de Justicia se apresta a analizar la constitucionalidad del decreto presidencial que suspendió las clases presenciales al menos hasta el viernes próximo, la cuestión no genera acercamientos entre los funcionarios y dirigentes políticos que defienden una y otra posición. Los argumentos técnicos sobre si es conveniente mantener las escuelas abiertas o cerradas no pueden disimular por ahora la incapacidad de la dirigencia por zanjar un conflicto que es eminentemente político y en el que nadie quiere dar el brazo a torcer.
Desde sectores cercanos a Alberto Fernández se ha lanzado una ofensiva, que se pretende sustentar en datos técnicos, para forzar al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta a dar marcha atrás con su intención de mantener la educación presencial. Concretamente, han señalado que en algunos países del mundo, como Alemania, se decidió suspender las clases presenciales cuando la tasa de incidencia del coronavirus supere los 200 contagiados por cada 100.000 habitantes por semana en determinada área geográfica. Y precisan que en toda la ciudad de Buenos Aires, se ha superado largamente ese promedio en las últimas semanas.
La tasa de incidencia se obtiene dividiendo el número de contagios registrados en una ciudad durante siete días corridos por la cantidad total de habitantes, y multiplicando su resultado por 100.000.
De acuerdo con datos del Ministerio de Salud porteño, en la actualidad se estaría registrando un promedio diario de 2650 contagios, que para una población de alrededor de tres millones de habitantes arrojaría una tasa de incidencia de 618 casos por cada 100.000 habitantes. Una semana atrás, según cálculos efectuados por el legislador porteño Leandro Santoro, del Frente de Todos, ese número era de 683 contagios. En ambos casos, se trata de cifras bastante mayores a la que países como Alemania, Francia e incluso Uruguay (con 252) y Chile (con 187) tomaron como referencia para cerrar temporariamente las escuelas.
Santoro presentó un proyecto de ley en la Legislatura porteña que, a su juicio, permitiría superar la discusión sobre la presencialidad y darles certidumbre a las familias. La norma que propicia es similar a una existente en Alemania y apunta a garantizar la presencialidad en las aulas, siempre que haya menos de 200 casos semanales de contagios por cada 100.000 habitantes. Si se superara ese número, automáticamente las clases pasarían al modo virtual hasta que la tasa de incidencia se vuelva a ubicar por debajo de los 200 casos de Covid. Este parámetro posibilitaría definir, cada viernes, la modalidad de enseñanza de la semana subsiguiente.
Desde el gobierno porteño, sin embargo, se considera que sus opositores simplemente buscan los ejemplos que mejor se adaptan a la medida que quieren imponer. Y se indica que también podría decirse que España, con una tasa de incidencia mayor, no suspendió la educación presencial.
Funcionarios de Rodríguez Larreta, en sintonía con la posición de las organizaciones de padres movilizados por las escuelas abiertas, insisten en que la presencialidad escolar no provoca contagios si se cumplen correctamente los protocolos. Contrariamente, subrayan que con los niños y adolescentes fuera de la escuela podrían generarse más contagios de Covid-19. En tal sentido, destacan que la escuela ofrece varios beneficios potenciales: en primer lugar, mantiene a los chicos fuera de la calle; en segundo término, lejos de ser un foco de contagio, es un lugar privilegiado para la detección de casos de coronavirus y contribuir a su aislamiento.
Las autoridades porteñas aseguran que, en líneas generales, no se están viendo contagios en las escuelas y que menos del 0,9% de los contagiados adquirió el virus en los establecimientos educativos de la ciudad de Buenos Aires. Concluyen que, con esa cifra, el costo de cerrar las escuelas será más grande que el de dejarlas abiertas y recuerdan que, durante 2020, gracias a la prolongada suspensión de las clases presenciales en toda la Argentina, alrededor de un millón de chicos dejaron de recibir educación o la abandonaron.
Tanto para allegados al jefe de gobierno porteño como para otras figuras de Juntos por el Cambio, como el intendente de Vicente López, Jorge Macri, el “debate inteligente” no debería pasar por suspender o no la presencialidad escolar, sino por otras cuestiones colaterales como el hallazgo de soluciones para evitar contagios de coronavirus a través del transporte de los alumnos a los colegios.
En ese sentido, el jefe comunal de Vicente López propone segmentar las medidas por niveles educativos y reducir el uso del transporte público. Así, propicia que, en los jardines maternales y de infantes y en las escuelas primarias, para quienes no puedan llevar a los chicos caminando, en bicicleta o en auto, se instrumente un sistema junto con los transportes escolares y en coordinación con las escuelas. En tanto, para aquellos estudiantes de colegios secundarios que se trasladan en transporte público, se incorporaría el uso exclusivo y gratuito del Transporte Municipal del Bicentenario, estableciendo nuevos recorridos para poder acercarlos a las escuelas. Finalmente, los adultos que cursan en centros de formación profesional y laboral o universitarios, continuarían con la modalidad virtual para evitar que utilicen el transporte público.
El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, destaca que, en los últimos días al menos, los contagios por Covid han dejado de crecer y se han estabilizado. “La cara buena de la moneda es que las primeras medidas del gobierno nacional, que compartimos, como disminuir la nocturnidad y prohibir los encuentros sociales y familiares, tuvieron un impacto: la curva dejó de ascender. La mala es que si los casos no bajan, no hay manera de que el sistema de salud pueda seguir competente”, afirma.
Los datos que maneja el gobierno porteño indican que la ocupación de camas en unidades de terapia intensiva alcanzaba hasta ayer el 84% en los hospitales públicos de la ciudad y el 88% en los sanatorios privados. Según sus proyecciones, en la medida que los casos diarios vayan descendiendo, se debería poder evitar un colapso. Los cálculos que se lanzan desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires indican otra cosa. La batalla política, camuflada por debates técnicos, amenaza con continuar, con los alumnos y sus padres como rehenes.