Cimadevilla resiste y apela a la UCR para mantenerse en la fiscalía de la AMIA

Nada parece alterar la calma en el señorial edificio de la calle Bartolomé Mitre, a metros de la Casa Rosada. Por el movimiento que perciben los encargados de la seguridad, ni Mario Cimadevilla ni sus veinte empleados parecen haberse anoticiado de la decisión del ministro de Justicia, Germán Garavano, de diluir la Unidad UFI-AMIA, que tiene como misión encontrar a los responsables del atentado a la mutual judía de julio de 1994, y apartar de allí al ex senador radical, enemistado de manera definitiva con el ministro.

Aunque Cimadevilla y sus colaboradores mantienen estricto silencio, las máximas autoridades de la UCR saben que piensa resistir. Mario Negri, Angel Rozas, Jorge Sappia y el propio titular partidario, Alfredo Cornejo, son algunos de los radicales que tienen en sus despachos desde hace días un informe escrito por el propio dirigente chubutense, en el que les explica las razones por las que considera que la unidad que preside no puede ser diluida ni mucho menos cerrada.

"Soy un orgánico, estoy acá por mi partido", les dijo el volcánico funcionario a varios de los principales referentes de la UCR. También lo escribió en las 32 carillas que le envió a los dirigentes radicales, algo azorados por el tono que está tomando la disputa.

Entre los conceptos que ellos escucharon-y también Elisa Carrió, que desde Uruguay se mantiene en contacto y le pide que no renuncie y "no afloje"- aparece el más obvio: más allá de las declaraciones atribuidas a Garavano, en ningún lugar del decreto 1704 de reorganización del Estado firmado por el presidente Mauricio Macri esta semana aparece mencionada la unidad, ni su disolución. "Tiene rango de secretario, pero sin subsecretarios a cargo", afirmó un asesor radical.

Cimadevilla insiste en ese texto en que la Unidad UFI-AMIA nació como una respuesta argentina a un reclamo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en 2005, que a su vez se hizo eco de un pedido de familiares de las víctimas del ataque terrorista. "Esta unidad se sostiene por un compromiso internacional, sacarlo es incumplir tratados internacionales, no se trata de la voluntad o no de un funcionario", razona el ex senador en el escrito.

Tampoco parece de acuerdo con que su unidad pase, como se anunció, a la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos que encabeza Claudio Avruj, con menos atribuciones. "Nos dice que Avruj es cercano a (Rubén) Beraja, uno de los acusados por encubrimiento en el juicio. Y que la secretaría no tiene atribuciones para manejar esta unidad", contó, por lo bajo, un funcionario que leyó y escuchó los argumentos de Cimadevilla.

Más allá de los argumentos de cada uno, la pelea entre Garavano y Cimadevilla se originó por la decisión del ministro de excluir a los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia de los pedidos de condena en el contexto del juicio por encubrimiento de los responsables del atentado, que lleva adelante el tribunal oral federal número 2. Cimadevilla sostiene que "no podía hacer otra cosa" que acompañar la decisión del Ministerio Público Fiscal, que había pedido ocho años de prisión para Mullen y Barbaccia, aunque Garavano no estuviera de acuerdo.

Allí está, hoy, el nudo de la cuestión y del conflicto: Garavano cree que no hay motivos para que los ex colaboradores del juez Juan José Galeano en la investigación de la causa AMIA sean acusados y condenados, y que de hacerlo se debilitará la acusación a Irán que ellos impulsaron. En cambio, Cimadevilla cree-al igual que varios de los familiares de las víctimas y la abogada Mariana Stilman, cercana a Carrió y renunciante de la UFI-AMIA-que tenían conocimiento y ocultaron el pago al desarmador de autos Carlos Telleldín para que incriminara a policías bonaerenses en la preparación del ataque que costara la vida a 85 personas.

En los días previos a los alegatos del Estado en el juicio, el 1 de febrero pasado, Garavano se enteró de que Cimadevilla y el abogado de la Unidad AMIA Enrique Ventos pensaban acusar y pedir la condena de los fiscales Mullen y Barbaccia. El Ministerio de Justicia decidió apartar al abogado Ventos y designar en su lugar a José Console, actual secretario del Tribunal Disciplinario de Boca Juniors, llegado a la UFI-AMIA en junio de 2017 y al presidente de ese club, Daniel Angelici. Arrogándose la representación de los ocho abogados de la UFI-AMIA Console pidió la absolución de los ex fiscales Mullen y Barbaccia, lo que le valió el enojo no sólo del ex senador sino también de Carrió, que había recomendado la incorporación de Stilman, y que denunció que la maniobra buscaba proteger a los fiscales por cuestiones de "amistad personal" con Garavano y otros miembros del Gobierno.

Nadie sabe, ni en la Casa Rosada ni fuera de ella, como terminará esta historia. Garavano confía en el apoyo de las más altas autoridades del Gobierno, mientras Cimadevilla apela a Carrió y sus correligionarios para encontrar una salida al entuerto.