Colectivos: ¿víctimas o victimarios?

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28 de agosto de 2000  

DESDE un tiempo a esta parte, las empresas de transporte automotor público de pasajeros han venido provocando situaciones conflictivas que, según los unilaterales criterios de los empresarios, son la consecuencia de la falta de respuestas satisfactorias para sus incesantes demandas.

La más reciente manifestación de esas actitudes, franca y deliberadamente contestatarias, fue el irritante desfile de varias caravanas de colectivos que obstruyeron desconsideradamente las avenidas y las calles de la zona céntrica por un extenso lapso durante una jornada laboral, provocando innumerables demoras e inconvenientes a los propios usuarios y al resto del tránsito.

Los promotores de tan peregrina inconducta cívica arguyeron, a modo de inadmisible pretexto, que la protesta tenía origen en los perjuicios sobrevinientes del rechazo judicial de su pretensión de abonar en cuotas -cuanto más numerosas, mejor- las indemnizaciones que deben pagar cuando son encontrados culpables de causar accidentes viales.

Es notorio y de sobra comprobado que, al parecer, los propietarios de los colectivos viven en un virtual estado de insatisfacción permanente . Entre otras quejas, siempre exteriorizadas con el mismo desprecio por las molestias ajenas, los transportistas urbanos protestaron por los incrementos de los precios del gasoil -tal como si fuesen los exclusivos usuarios de ese producto-, reclamaron una y otra vez el aumento de sus tarifas y rechazaron cuanto pudieron la instalación de las expendedoras de boletos.

Son, asimismo, ardientes objetores de la libre competencia. Como tales, muestran singular fervor combativo para oponerse a la expansión de las denominadas combis o charters en el ámbito metropolitano, haciendo caso omiso de la buena acogida que les ha tributado el público y sin preguntarse siquiera cuál viene a ser el porqué de esa acentuada preferencia.

Un somero repaso de la historia del transporte público metropolitano bastaría para demostrar que la injustificable extirpación de raíz de los tranvías y la sospechosa morosidad que durante décadas trabó la expansión de los subterráneos les concedieron a los colectivos la posibilidad de acaparar una considerable franja de usuarios cautivos. Muy poco hicieron las empresas para aprovechar esa ventajosa situación y mejorar sus prestaciones, excepto agrandar el tamaño de las unidades -no todas adaptadas para el acceso de impedidos físicos- e implementar servicios diferenciales con tarifas encarecidas que ahuyentaron a los usuarios.

Entretanto, se mantuvieron invariables otras modalidades negativas del sistema. Es altamente significativo el elevado porcentaje de participación de los colectivos en los accidentes viales, resultado previsible de la inexplicable tolerancia oficial ante sus reiteradas contravenciones a las reglas que rigen el tránsito y de los exigentes regímenes de trabajo a que están sometidos sus conductores, compelidos a cumplir inflexibles horarios en tiempo reducido.

Además, las empresas amplían o reducen las frecuencias de circulación de los colectivos de acuerdo con sus particulares conveniencias, sin previo aviso y sin reparar en las necesidades del público. Y ni qué decir de la contaminación ambiental y sonora que esos vehículos producen, tan fuertemente agresiva para la calidad de vida de la población. No obstante, numerosos cartelones instalados en las lunetas traseras y en los paneles laterales de los colectivos -¿contaminación visual, acaso?- pretenden asignarles el papel de víctimas de incomprensiones e injusticias diversas.

La protesta del sector contra el fallo de la Corte Suprema que obliga, con lógica irrefutable, a que las indemnizaciones por accidentes se paguen al contado es la gota que colma el vaso de sus desaciertos y de su falta de adaptación a las exigencias de la realidad social.

Dado que el Estado nacional se ha reservado la mayor parte de las atribuciones de control y fiscalización de ese medio de transporte, debería asumir enteramente sus facultades, pues, y dedicarse a corregir las anormalidades y los vicios de ese sistema de transporte.

La innegable utilidad de los colectivos no exime a las empresas del sector de las obligaciones esenciales de respetar todas las leyes y las reglamentaciones vigentes, de prestar servicios eficientes y, sobretodo, de dejar de ser factor de riesgo para los usuarios y el resto de la comunidad.

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