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Legislar sobre el mundo digital

Fernando Tomeo
Fernando Tomeo PARA LA NACION
Fuente: LA NACION
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14 de marzo de 2019  

Una ley federal de privacidad se avecina en EE.UU. Esta legislación tiene su causa, entre otras, en que Facebook coronó su peor momento histórico en 2018 con hechos que alarmaron a los legisladores del país del norte y que requieren derecho. Por un lado estalló el escándalo de Cambridge Analytica que reveló la filtración de datos personales de más de 85 millones de usuarios de Facebook y que fueron usados para segmentar perfiles de votantes e influenciar el sentido del voto en las elecciones presidenciales de 2016. Esta situación generó una profunda insatisfacción en el Partido Demócrata ya que el resultado de las elecciones habría sido otro, eventualmente, si millones de votos no hubieran sido "influidos" mediante la difusión de noticias falsas en las redes sociales.

Por otro lado, el Reino Unido investiga a Facebook por la supuesta venta y el intercambio de datos personales con empresas como Netflix, Spotify y Airbnb, favoreciendo la monetización de información personal sin la conformidad de sus usuarios. Finalmente, la red social habría sido usada, con otras compañías de su propiedad, como Instagram y WhatsApp, para la difusión de mensajes de odio y fake news de todo tipo que han llegado a provocar muertes (casos en la India) o el desvío de votos, como en las elecciones presidenciales de Brasil.

Tuvieron que ocurrir hechos de semejante impacto, que han puesto en juego el interés general, los derechos colectivos y el bien común para que los legisladores de EE.UU. incluyeran en la agenda legislativa una norma de privacidad integral que regule el modo en que Facebook y otras compañías similares recopilan, almacenan y comparten datos de los consumidores estadounidenses. A eso se suma que representantes del Partido Republicano han referido que empresas como Google, Facebook y Twitter favorecen la difusión de noticias falsas con algoritmos que manipulan resultados de búsqueda y afectan la figura del presidente Donald Trump, lo que se vio agravado en septiembre, cuando se filtró un video que ilustra una reunión interna de Google en la que sus altos ejecutivos efectúan críticas al presidente de EE.UU. Las explicaciones que intentaron brindar en el Congreso los representantes de Facebook y Google a nadie convencieron.

Parecería entonces que ambos partidos políticos han dejado de ver con buenos ojos a ciertas empresas de tecnología que han cambiado su formato de negocio para convertirse en verdaderas agencias de publicidad, por un lado, y en medios de comunicación, por otro, que difunden contenido "a medida y de pago".

Eso generó gran irritación en los medios de comunicación tradicionales, que observan cómo se difunde contenido ajeno vía red social o buscador y se monetiza con publicidad, sin contraprestación alguna. Esta situación impulsa una nueva legislación en la Unión Europea que obliga a empresas como Google y Facebook a pagar un canon por la distribución de contenido ajeno, no obstante el lobby que llevan adelante los defensores de la circulación de contenido en línea bajo el paraguas de la libertad de expresión, que se presenta como un "todo vale".

Mientras, otras empresas del rubro siguen avanzando en proyectos de inteligencia artificial sin ningún tipo de control legislativo, apoyándose en el principio de autorregulación que, a estas alturas, no puede sostenerse seriamente. Compañías como Uber, que operan en distintos países aprovechando convenios de tributación cruzados, debaten en tribunales sobre la legalidad de su actividad con planteos de evolución y desarrollo tecnológico, mientras recopilan datos de clientes, rutas y tráfico para ofrecer, en poco tiempo, servicios de vehículos autónomos, sin conductores. Todo eso mientras facturan, por supuesto.

Estos llamados de alerta impulsan una legislación que tendrá por objeto proteger la privacidad de los ciudadanos estadounidenses y establecer normas de juego y sanciones para poner fin a la difusión de información falsa en línea. Algunos de los proyectos presentados incluyen multas y hasta penas de prisión para los CEO de compañías tecnológicas que miren para otro lado. Mientras tanto, en la Argentina, no contamos mínimamente con una legislación aplicable a proveedores de servicios de internet (como Facebook y Google) y en materia de información personal el proyecto de reforma de la ley de datos personales descansa en el Congreso sin tratamiento alguno; la tortuga detrás del correcaminos.

Abogado, especialista en datos personales, tecnología y seguridad de la información. Profesor UBA. Autor del libro Redes sociales y tecnologías 2.0

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