La economía política del proceso electoral
Más de medio siglo de investigaciones sobre procesos electorales sugieren que si bien los factores económicos son determinantes, su importancia relativa varía según el contexto, el país y la elección . La decisión del voto nunca es monocausal: otros elementos influyen. Deben considerarse temas como inseguridad, corrupción o mejoras en bienes públicos como la infraestructura de transporte, agua potable y saneamiento. Naciones que sufren amenazas o están involucradas en conflictos bélicos tienden naturalmente a jerarquizar esa cuestión. Y el medio ambiente ocupa un rol cada vez más importante en el debate electoral, como ocurre en Australia, frente a la creciente evidencia de cambio climático y el fracaso en la coordinación de esfuerzos por parte de las principales potencias para contrarrestar sus efectos.
La importancia de la economía en el sufragio puede no ser tan relevante cuando la mayoría percibe la situación económica como buena. Es probable que luego de un ciclo de expansión, el crecimiento y la sensación de bienestar se conciban como hechos dados, que no están en riesgo por un eventual cambio de administración. Coyunturas de expansión prolongadas que coinciden con rápidos procesos de cambio tecnológico, con su impacto en el mercado de trabajo, pueden conducir a errores de diagnóstico, como ocurrió con el Brexit y el triunfo de Trump: parecía difícil que perdieran los oficialismos puesto que la economía había crecido mucho los años anteriores y el desempleo era relativamente bajo. Pero en regiones donde están localizadas industrias que sufren los efectos de la globalización, se tiende a votar contra el establishment, aunque el ciudadano promedio se hubiera favorecido de los beneficios de dicho proceso. Los votantes suelen priorizar su situación individual o familiar a cualquier otro argumento de índole colectiva o general.
Pero si prevalece una sensación de malestar económico, y en todos los sectores sociales, esta cuestión no puede sino ser el centro del debate electoral. Eso es lo que ocurre en la Argentina. Según un sondeo de D'Alessio IROL/Berensztein, como consecuencia de la crisis la mayoría de los entrevistados ha venido haciendo ajustes en su consumo. Esto incluye reducir las compras de algunos productos, seleccionar segundas o terceras marcas o cambiar costumbres arraigadas para adaptarse a las restricciones presupuestarias. La inflación es la preocupación dominante y la sociedad está apesadumbrada por la incertidumbre respecto del corto y el mediano plazo.
Pretender que semejante estado de cosas no impacte de forma definitiva en el ánimo de los votantes (o negar el corpus de datos empíricos y argumentos teóricos al respecto) equivale, en términos de la economía política del voto, al negacionismo del cambio climático o a las hipótesis de los "terraplanistas". Estudios recientes también muestran que la volatilidad del voto se explica por motivos económicos: los ciudadanos pueden cambiar el partido al que votaron (histórica o recientemente) si predomina una sensación de malestar respecto de la situación económica imperante. Los estrategas electorales de Cambiemos conocen esta cuestión. Por eso implementaron los créditos Argenta para las elecciones de 2017 y piensan repetir el mismo programa este año, rebautizado como "créditos Anses". Recientemente se anunciaron algunas otras iniciativas en la misma dirección, como créditos para pymes y el incremento en la AUH.
¿Alcanza para revertir la desazón o para compensar los nuevos ajustes tarifarios, la alta inflación, el cierre de comercios y la pérdida de fuentes de trabajo? "Ya aparecieron algunos síntomas que nos permiten ser optimistas: tocamos piso en noviembre y de a poco esto se va a notar gracias a la cosecha récord, las paritarias y su impacto en el consumo, incluso en la construcción", responden funcionarios cercanos a Dujovne. "Tenemos muchas pequeñas cosas para hacer y las vamos a hacer todas", agregan esperanzados con que el activismo micro nivele la malaria macro.
El tiempo permitirá comprobar si esta postura es una ilusión o una realidad emergente que no logra aún compensar la negatividad inercial propia de la crisis. Desde el tropezón de agosto pasaron seis meses. Era una quimera suponer que podíamos salir más rápido con un programa como el del FMI. Pero existen dos elementos que no recibieron hasta ahora mayor atención y que pueden ayudar a entender las consecuencias electorales del humor que impera en la calle. Por un lado, la presión tributaria récord en un contexto de caída del nivel de actividad y restricción crediticia. Por otro, el hecho de que un porcentaje significativo de los sectores que reciben programas sociales y subsidios del Estado tienden a inclinarse hacia la oferta electoral de la oposición. Una conclusión apresurada y seguramente imperfecta: Cambiemos exprime fiscalmente a su base electoral para financiar a los votantes de los otros espacios. Algo parecido a lo ocurrido a finales del año pasado cuando la provincia de Buenos Aires sacrificó ingresos parar facilitar el acuerdo con los gobernadores peronistas y aprobar la ley de presupuesto que consagró los dos pilares del programa económico: déficit y emisión (casi) cero. Piruetas que resultan de gobernar en minoría sin acordar políticas de gobierno.
Los argentinos deberemos convivir con estos niveles de presión tributaria mucho tiempo, al menos hasta que se modifique el sistema actual para integrar a la enorme y compleja economía informal, expresión de una rebelión fiscal silenciosa que lleva décadas. También será clave implementar una reforma en el sistema de jubilaciones (no queda mucho por cortar en el presupuesto del Estado federal). Las provincias deberían reducir en serio el gasto público, lo que requerirá un enorme esfuerzo de persuasión, negociación y coordinación por parte del próximo presidente. A propósito, es curioso que con los ingentes recursos con los que cuentan, ningún gobernador esté por ahora anotado para suceder a Macri. Un eventual triunfo de Cambiemos o de algún otro líder moderado podría permitir un retorno hacia los mercados voluntarios de crédito para suavizar el esfuerzo fiscal que nos espera.
La eficiencia y la rigurosidad que caracterizan a una AFIP beneficiada por la digitalización de las transacciones y la notable caída en los precios de la tecnología de la información la convierten, irónicamente, en un arma de doble filo para el Gobierno: sin ella funcionando a pleno es imposible cumplir los compromisos asumidos con el FMI, pero eso tensiona el vínculo con los contribuyentes. Grandes, medianos y pequeños evidencian síntomas de hartazgo, desde el titular de la cadena de supermercados Toledo hasta cualquiera de los quiosqueros que se vieron obligados a cerrar. El emergente Partido Libertario liderado por José Luis Espert intenta representar estas demandas, por ahora con repercusión limitada.
Cambiemos es, en gran medida, un subproducto del conflicto con el campo generado por la resolución 125, primera revuelta fiscal en la historia argentina, ¿Estará propiciando sin advertirlo las condiciones para que estalle la segunda?