Combate contra la desigualdad

Por Diego Valenzuela Para LA NACION
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18 de agosto de 2004  

Toda sociedad debe tener como aspiración ser cada vez más rica: producir más bienes cada año, reproducir la riqueza por medio de la inversión. Pero tan importante como crear riqueza es hacerlo en un ambiente de equidad para todos los integrantes de esa sociedad. Sucede que no siempre lo primero va acompañado por lo segundo.

Imaginemos un mundo con sólo tres habitantes, donde ninguno sabe, al nacer, qué lugar le va a tocar en la sociedad. Los tres desconocen si van a ser ricos o pobres, muy ricos o muy pobres. Ahora imaginemos posibles esquemas de distribución. En el primero, una persona tiene -simplificando- quince "unidades de riqueza"; la segunda, tres, y la tercera, sólo una. El resultado da una sociedad con diecinueve unidades de riqueza. Otro esquema posible: la primera persona tiene siete, la segunda, seis, y la tercera, sólo dos unidades. Resultado: quince unidades de riqueza. Por último, el escenario que resultaría ideal para el filósofo igualitarista John Rawls: la primera persona tiene seis unidades de riqueza; la segunda, cuatro, y la tercera, también cuatro, lo que suma catorce unidades de riqueza.

La de Rawls sería la sociedad relativamente más pobre de las tres, pero también la más equitativa. Si se le preguntara a las tres personas qué esquema optarían para vivir, sin saber qué lugar les podría llegar a tocar en el reparto, muy probablemente elegirían el esquema de Rawls, especialmente por el temor de ser alguno de los desfavorecidos en los otros dos esquemas de distribución.

No se puede desconocer que, desde afuera, muchos apoyarán el primer esquema, a pesar de su pésima distribución del ingreso. Es la sociedad más rica de las tres, pero también la más injusta. Aún existe entre nosotros mucha gente que antepone el crecimiento a la equidad, personas a las que sólo les interesa la reproducción de su bienestar individual y no promover una sociedad más rica, pero también más igualitaria.

¿Por qué no imaginar una sociedad en la que se conjuguen las dos aspiraciones? ¿Acaso no hay países ricos y también relativamente equitativos? Imaginemos una sociedad en la que el primer habitante tenga siete unidades de riqueza; el segundo, seis, y el tercero, también seis. Sería la sociedad más cercana a lo ideal, la que elegirían todos de antemano: diecinueve unidades de riqueza, pero con mejor distribución.

En la Argentina, el diez por ciento más rico gana 31 veces lo que recibe el diez por ciento más pobre. A mediados de los años 70, los más ricos ganaban doce veces lo que los más pobres y a principios de los 90 esa relación había subido a veinte veces. Lo llamativo es que durante los últimos veinticinco años se triplicó la desigualdad, pero no en el marco de un crecimiento vertiginoso: en promedio, durante ese ciclo la economía no creció nada.

El período 1976-2002 hace explícita la decadencia argentina, porque presenta la combinación más nefasta: el estancamiento de la economía convive con una distribución del ingreso cada vez más desigual. La Argentina es igual de pobre que hace 25 años, pero con una peor distribución de la riqueza.

Las políticas que debían conducir al país al crecimiento y a la modernización llevaron a la sociedad al estancamiento y a la inequidad.

Hay algo que recorrió estas décadas y que quizá permita entender, en parte, ese patético resultado: la creciente idea de que todo funcionará mejor con menos Estado. La realidad es que no hubo crecimiento, o lo hubo por períodos breves, pero creando potenciales crisis que luego terminaron por explotar. Para colmo, la carencia de un Estado serio y presente imposibilitó cualquier mejora distributiva. Pretender una sociedad más justa es comprometerse con la idea de un Estado fuerte, que promocione el crecimiento, pero que también sea regulador y árbitro entre los actores de la sociedad, para mejorar las condiciones de vida de los más pobres.

"Que el rico gane más, si eso mejora a los más desfavorecidos", diría Rawls. Es la base del liberalismo igualitario: si sólo el rico gana más, profundizando la brecha respecto de los más pobres, entonces no le conviene a la sociedad. ¿Quién debe arbitrar en esto? El Estado, responsable de igualar sin detener el proceso de creación de riqueza. ¿Cómo? Usando los impuestos de los ciudadanos (las políticas públicas) no sólo para dar igualdad de oportunidades, sino para brindar real acceso al más pobre a aquello que determina el lugar en la sociedad que cada uno tendrá: educación, salud, nutrición, justicia, empleo.

Cuando una economía crece y la masa salarial permanece constante resulta evidente que alguien está aumentando su participación sobre lo producido. No queda otra: son los empresarios o son los rentistas o son los propietarios de las tierras en detrimento de los trabajadores.

Peor es lo que sucede cuando hay desempleados crónicos, que cada vez se alejan más de la posibilidad del trabajo y la inclusión. Eso los margina de la vida social, política y económica, además de causarles pérdida de dignidad, aislamiento, depresión y, a veces, desapego respecto del sistema. ¿Por qué deberían apoyar incondicionalmente al sistema aquellos a los que el sistema no incluye?

Hay estudios del Banco Mundial sobre distribución del ingreso que demuestran cómo el aumento de la desigualdad contribuye al crecimiento del delito y de la violencia en la sociedad. Tanto la recesión (o la falta de crecimiento) como la desigualdad se correlacionan con aumentos de violencia. Una economía que no crece y que distribuye desigualmente su riqueza nos lleva a un país con altos niveles de violencia.

Desde los años 70, son numerosos los estudios con evidencia empírica sobre la correlación positiva existente entre la inequidad en la distribución del ingreso y el incremento del delito. La tasa de delito violento baja cuando hay crecimiento económico, si es que también mejora la igualdad. También existe una asociación positiva entre desempleo, desigualdad de ingresos y tasa de delincuencia.

Cuando peleaba por introducir sus reformas educacionales, Domingo Faustino Sarmiento llamó a apurarse en la tarea de educar a los niños, si no por convencimiento, directamente por prevención ante los riesgos que podría acarrear la falta de inclusión: "¿No queréis educar a los niños por caridad? ¡Pero hacedlo por miedo, por precaución, por egoísmo! Movéos, el tiempo urge; mañana será tarde", vaticinó, con tono dramático. Lo mismo podría decirse hoy sobre la necesidad de tomarse en serio el tema de la desigualdad. Sin embargo, el combate por la equidad no debería llevarse adelante sólo por razones mezquinas: la creciente brecha de ingresos afecta negativamente el funcionamiento político de una sociedad, crea individuos que confunden el interés personal con el interés general, convierte a algunos en ciudadanos y a muchos otros en parias. ¿Por qué no resultaría razonable llevar la lógica de la igualdad política ("un hombre, un voto") al terreno de lo económico?

Se puede aspirar a un liberalismo más igualitario con una economía capitalista pujante, donde el Gobierno (el Estado) sienta como una obligación moral el desafío de la equidad, donde los menos favorecidos tengan la posibilidad real de peticionar ante las autoridades por su derecho a vivir en un país para todos, donde exista un clima favorable para que los empresarios hagan negocios y creen riqueza, pero también una conciencia moral en los más favorecidos sobre sus obligaciones para con los más necesitados.

Después de la debacle que originó el derrumbe de la convertibilidad, desde mediados de 2002 la economía se está recuperando con creación de empleos (aunque muchos de ellos son informales) y se ha conseguido bajar un poco los anormales porcentajes de pobreza que hay en el país. El crecimiento ha atenuado el problema social, pero nada indica que exista un cambio de enfoque gubernamental tendiente a bajar la desigualdad.

No alcanza con que disminuya el número de pobres, porque la pobreza puede descender mientras aumenta la desigualdad. Es cierto que en todo el mundo hay un sesgo hacia el aumento de la brecha entre ricos y pobres, producto de las nuevas tendencias laborales y tecnológicas, pero esto no debe llevar al Estado a quedarse de brazos cruzados. El objetivo es triple y ambicioso: crecer sostenidamente, pero con reducción de la pobreza y una mejor distribución de la riqueza.

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