Cómo destruir el patrimonio urbano

El medular editorial de LA NACION "Preservar la memoria urbana", de hace pocos días, informa de "las dificultades que se pueden crear para la instrumentación de una política orientada en esa dirección". En ese sentido, haremos una pequeña reseña de los escollos ya creados.

Algunos casos muy mediáticos, como el del Palacio Duhau y la construcción en su predio de un hotel, o los edificios que pertenecieron al Padelai, no alcanzan a reflejar el grado de deterioro del patrimonio construido que se registra últimamente en Buenos Aires. Se han destruido o continúan en proceso de degradación muchas otras obras, no sólo por demolición sino también por adiciones irrespetuosas o degradación de su entorno, que no han tenido mayor difusión. Nos preguntamos entonces si no existen mecanismos de protección de esos bienes, y confirmamos que sí existen, pero contradictorios sistemas operativos han conseguido anularlos.

• Caso Comisión Nacional de Monumentos, Museos y Lugares Históricos. Esta prestigiosa comisión, nacida en 1940, es la que debería cuidar y asesorar en estos temas patrimoniales no sólo a las autoridades de la ciudad de Buenos Aires sino a las de todo el país, según las atribuciones que establece la ley 12.665, sin necesidad de otros organismos que superponen sus funciones. Ahora bien, esta comisión ha nombrado como delegada ante el gobierno de la ciudad a la subsecretaria de Patrimonio. En consecuencia, en este caso, la entidad asesora y la que debe ser asesorada son una misma persona. Misión cumplida. Comisión anulada.

• Caso Consejo Asesor de Consejos Patrimoniales. Es ésta una comisión creada para intervenir en todos los casos que afecten edificios patrimoniales de la ciudad. El Consejo está integrado por al menos por otras cinco prestigiosas instituciones. Recordemos la frase de Perón de que cuando se quisiera evitar una decisión lo mejor era nombrar una comisión. Imaginemos el resultado de una comisión de comisiones. Misión cumplida. Varios obstáculos simultáneamente anulados. Resultados a la vista.

• Caso ombusdman . Los que estamos comprometidos con los temas patrimoniales recibimos por correo electrónico las denuncias ombusdman municipal adjunto referidas a su área. También hemos escuchado su programa radial y lo hemos visto en televisión con opiniones siempre avaladas por su compromiso ambiental derivado de una vocación de larga data. Los ciudadanos comunes creíamos que si la autoridad municipal violaba disposiciones ambientales o patrimoniales debíamos denunciarlo ante el ombusdman . No obstante, el que pensábamos que debía ser receptor de las denuncias denuncia a su vez ante los medios, por lo que debemos suponer que su capacidad operativa esta restringida. Misión cumplida. Claros indicios llevan a la ciudadanía a colegir que las denuncias ante el ombusdman no son efectivas.

• Caso impuestos municipales. Los edificios históricos o de interés histórico estaban exentos del impuesto de alumbrado, barrido y limpieza. Esto tenía una lógica: es la contraprestación de la ciudad a las limitaciones que restringen el dominio sobre la propiedad. De no existir restricciones, ese derecho es inalienable. No es que este solo mecanismo de la exención impositiva signifique la posibilidad para la autoridad municipal de decidir sobre una propiedad privada. Pero es el comienzo que existe en casi todos los países civilizados como primera medida. Vienen adicionalmente subvenciones para restaurar o reciclar, asesoramiento, etcétera, además de la legislación apropiada y previa al hecho circunstancial de la demolición. Ahora bien, la Legislatura porteña ha abolido este único rudimento de aplicación al tema en una operación puramente recaudatoria. Es cierto que la nueva normativa expresa que esta reinstalación de imposiciones no alcanza a los edificios de acceso público. Ingenioso engañapichanga. Esos edificios no pertenecen a propietarios privados: muchos son municipales o se trata de museos, hospitales o dependencias oficiales, que nunca correrán el riesgo de ser vendidos para erigir un edificio de propiedad horizontal en altura. Misión cumplida. Un arma habitual y lógica de defensa del patrimonio queda anulada y el enmascaramiento del hecho pasa inadvertido para los organismos a los que incumbe el tema.

• Caso protestas ciudadanas. En el caso del Palacio Duhau, un grupo muy numeroso de calificados contribuyentes inició un expediente de protesta y solicitud de revisión de una autorización de construcción del gobierno de la ciudad. Corolario: vecinos sin respuesta, obras en ejecución y expediente aparecido en un contenedor en la vía pública. Sin comentarios.