Confiscar, un verbo que no se conjugaba desde el primer peronismo

Los zarpazos que cada tanto el peronismo asesta al ámbito de las comunicaciones no suelen perdurar en el tiempo, producen grandes frustraciones y provocan altos costos al erario público.

La primera vez que el peronismo confiscó un medio de comunicación -el diario La Prensa, en 1951, arrancado a la familia Gainza Paz y entregado a la Confederación General del Trabajo-, la experiencia no fue buena: la circulación se derrumbó en picada y sus avisos clasificados emigraron hacia…¡Clarín!, el gran "cuco", sólo desde 2008, del peronismo K. Después de 1955, el matutino volvió a manos de sus legítimos dueños.

La estatización de los canales de TV, en julio y agosto de 1974, obligó al Estado, con el tiempo, a pagar onerosas indemnizaciones a los licenciatarios privados y convirtió a emisoras competitivas en usinas del poder de turno, a las órdenes de Isabel Perón, José López Rega y demás, hasta marzo de 1976, y después usufructuado de lleno por la dictadura militar, con todavía más arbitrariedad y mayor degradación de la programación.

La primera vez que el peronismo confiscó un medio de comunicación, la experiencia no fue buena.

Carlos Menem (1989-1999) y Néstor Kirchner (2003-2007) encarnaron, aun con programas contrapuestos, una avanzada ultraprivatizadora de facto que benefició fundamentalmente al Grupo Clarín. El primero le otorgó Canal 13 antes de que la democracia alumbrara una ley de radiodifusión propia y alentó la expansión desmesurada de ese holding en el cable. El segundo le extendió, por decreto de necesidad y urgencia, pasándole por arriba al Congreso, nada menos que por diez años, las licencias de radio y TV a ese y otros multimedios, y bendijo con gusto la fusión de Cablevisión con Multicanal.

Cristina Kirchner ha recuperado la impronta confiscatoria del primer peronismo al violentar un contrato vigente y estatizar las transmisiones del fútbol local (juicio multimillonario a futuro) y con Fibertel le salió el tiro por la culata cuando experimentó la ira de los usuarios.

La judicialización del caso Papel Prensa tras 27 años de gobiernos democráticos, durante los cuales sus veedores estatales no formularon mayores objeciones, experimenta en estos días una ofensiva en varios frentes, ya que la ansiedad oficial por conseguir avasallar a esa empresa reconoce un vértigo del que nunca se hicieron cargo los jueces de distintos fueros y distritos en los que sucesivamente recayó la causa.

La ahora ley que declara de interés público la producción, comercialización y distribución de papel para diarios es la herramienta que el Poder Ejecutivo utilizará para sortear su minoría accionaria en Papel Prensa, con la excusa de "democratizar" su reparto entre los periódicos de todo el país.

Tiempos sombríos para la diversidad informativa y una inquietante expansión del discurso único que pretende imponer el Gobierno.

Si a eso se le agrega lo que Guillermo Moreno ya viene haciendo con la importación de otros bienes y extiende las restricciones a la compra de papel para diarios en el exterior, estaríamos asomándonos a un escenario ya transitado durante el primer gobierno peronista: la discrecional "cuotificación" de bobinas para favorecer a la prensa adicta, en desmedro de la más crítica.

El contexto de "ir por todo" que se viene registrando en estos días - ocupación con Gendarmería de las instalaciones de Cablevisión, la solicitud de la Secretaría de Derechos Humanos para que se llame a indagatoria a directivos de Clarín y LA NACION en el marco de la causa Papel Prensa, las declaraciones hostiles hacia la prensa de la Presidenta y de otros funcionarios, así como otras disposiciones en marcha- anticipa tiempos sombríos para la diversidad informativa y una inquietante expansión del discurso único que pretende imponer el Gobierno.