Consejo frente al colapso

Laura Zommer
Laura Zommer PARA LA NACION
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26 de junio de 2002  

La Corte Suprema de Justicia está paralizada y no tiene planes de volver a fallar sobre la constitucionalidad del corralito -ni sobre ninguna causa de trascendencia- hasta que el juicio político contra los nueve miembros del tribunal esté definitivamente cerrado.

Mientras, los 12 jueces del fuero en lo contencioso administrativo federal, que enfrenta el colapso más inquietante de la historia judicial argentina, siguen concediendo a diario medidas cautelares contrarias al congelamiento de los depósitos bancarios y a la pesificación compulsiva de los mismos.

Cuatro juezas -María José Sarmiento, Emilia García, Clara Do Pico y, ayer, Liliana Heiland- ya se pronunciaron sobre el fondo de la cuestión planteada en más de 200.000 acciones de amparo y, en todos los casos, decretaron la inconstitucionalidad de los decretos 1570/01 y 214/02 (que inmovilizaron los depósitos y dispusieron reprogramaciones sucesivas) y ordenaron la devolución de los fondos, en forma íntegra y en la moneda de origen.

"Una cosa es que se autorice a causar un daño para evitar otro mayor y otra, muy distinta, es otorgar patente de corso al avasallamiento de derechos", señaló Heiland.

En los fallos, las magistradas citaron el precedente "Smith", en el que el 1° de febrero último la Corte declaró la inconstitucionalidad del decreto 1570/01, por violar derechos adquiridos al amparo de legislación anterior y por la irrazonabilidad de los medios establecidos para conjurar la emergencia que atraviesa el Estado.

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Desde entonces, los ministros del máximo tribunal se han llamado a silencio y sólo han confirmado devoluciones de depósitos en casos de enfermos terminales o personas de avanzada edad.

Los 12 jueces que tramitan los juicios contra el Estado están hartos de consignar en notas enviadas a la Corte y al Consejo de la Magistratura que "el inusitado cúmulo de amparos impide material y humanamente cumplir en tiempo y forma con los plazos legales" e impartir justicia.

Pero para el ministro de Justicia, Jorge Vanossi, "la solución de este problema está en atacar las causas por las cuales se generan los pleitos contra el Estado nacional y no en aumentar el número de juzgados o de cámaras, cosa que, por otra parte, no se puede hacer, por la falta de medios económicos. Para combatir una epidemia es necesario atacar la causa del mal y no aumentar los hospitales".

Con ese objetivo, la cartera de Justicia elaboró un proyecto de ley de creación de un Consejo de Estado, que en el largo plazo podría contribuir a descongestionar el fuero en lo contencioso. El Consejo de Estado ideado, que tiene similitudes con el instituto del sistema francés, será un tribunal administrativo que revisará la legalidad de los actos de la administración central y estará integrado por un presidente y nueve vocales.

El proyecto busca enfrentar el problema del colapso del fuero contencioso estableciendo un control interno real, independiente y serio de la administración pública nacional. "Si los actos ilegítimos del poder administrador fueran revisados como corresponde se evitarían muchos pleitos, con las ventajas consiguientes", aseguró Vanossi. Aunque la iniciativa sea buena, según el criterio de destacados juristas, aún está lejos de concretarse. Y los ahorristas, que reclaman la devolución de su dinero, no quieren sólo proyectos para el futuro, sino respuestas para hoy.

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