Consorcios: propietarios indefensos e inconsultos

La decisión que se adopte como resultado de las inminentes paritarias por desarrollarse vuelve a encender una luz de alarma sobre un sector históricamente inconsulto: el de los propietarios de edificios a la hora de la definición de los haberes de los encargados.

En 2015, ese gremio obtuvo en paritarias un incremento salarial y bonos o sumas fijas remunerativas que aumentaron fuertemente el valor de las expensas, especialmente las de aquellos consorcios en los que los haberes de los porteros representan un alto porcentaje de los gastos.

Como ocurre cada año, el poderoso Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh) define esos incrementos sin tener en cuenta la opinión de quienes deben pagarlos: los consorcistas, que son los verdaderos empleadores. En cambio, discuten las mejoras salariales con los administradores, que no son más que otros empleados del consorcio.

Aunque el aumento salarial que finalmente se acuerde resulte razonable para los encargados de edificio, no puede seguir ocurriendo, entre otras cuestiones, que esa cifra sea un porcentaje genérico: los edificios con más unidades habitacionales terminan abonando un elevado porcentaje y los edificios con pocos departamentos asumen costos exorbitantes que en ambos casos muchos propietarios e inquilinos ya casi no pueden afrontar.

Una de las críticas más justificadas por las asociaciones de consorcistas tiene que ver precisamente con ese punto. No es razonable que los administradores no negocien beneficios para los copropietarios cuando firman las paritarias, supuestamente en representación de los consorcistas. El gremio de los encargados ha ido sumando rubros, como pagos extras a cambio de contraprestaciones que escasamente se cumplen. A eso hay que sumar que un consorcio no es una empresa ni genera ganancias, por lo que cualquier incremento en el valor de las expensas debe ser debidamente analizado.

Así las cosas, no extraña que a fines de 2015, en una muestra más de su enorme poder, las asociaciones sindicales que agrupan a porteros y demás encargados de edificios hayan conseguido alzarse con tres cargos en el comité ejecutivo del Consejo de la Propiedad Horizontal de la Ciudad de Buenos Aires, un ente creado por ley con el ampuloso objetivo de "resguardar los intereses de la sociedad a través del contralor de la actividad de administración de consorcios" en el ámbito de la Capital.

En ese mismo ente, de 11 miembros, se ha previsto que las cámaras oficiales y asociaciones civiles de la propiedad horizontal que agrupen a administradores de consorcios también tengan tres representantes, mientras que los consorcios y copropietarios estarán representados por una sola persona; como se aprecia, un organismo absolutamente desbalanceado.

Una reciente carta de lectores publicada en LA NACION alertó sobre lo complicado de esta situación. "En la ciudad de Buenos Aires se logró y superó una de las metas más ambicionadas por el sindicalismo: poder ser parte relevante en el control de la gestión de los empleadores (los consorcios), como también en la evaluación, juzgamiento y sanción de los representantes legales de esos empleadores (los administradores). La ley fue lo que materializó este anhelo, que es aceptado en silencio por la mayoría de los propietarios e inquilinos, al desconocer sus consecuencias legales y económicas", escribió el lector Rafael Gustavo Gallego, al resumir el padecimiento de los dueños de departamentos.

Tal vez, más que una aceptación en silencio -pues se han juntado miles y miles de firmas para pedir que se vetara la ley-, sea producto de una negociación político-gremial en la que los verdaderos actores vuelven a enterarse de la maniobra una vez que ésta ha sido consumada, como suele sucederles lamentablemente a los propietarios de edificios.