Contra la pobreza, buena educación

Manuel Alvarez-Tronge Para LA NACION
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18 de diciembre de 2009  

Millones de personas bajo la línea de pobreza en nuestro país, más del treinta y cuatro por ciento de la población, según la Iglesia Católica. Compatriotas con hambre en el país de la carne. Combatir esta vergüenza nacional de argentinos con frío, sin techo ni trabajo, mal educados, adolescentes que deambulan por las calles en busca del "paco" y armados, actores de la inseguridad, sin atención médica, compartiendo sus días a lo largo y ancho de la república con el dengue y la vinchuca o hacinados en villas donde los abusos sexuales y la violencia parecen naturales, como lo fueron el pan caliente y el bife para nuestros abuelos, debe ser prioridad y política de Estado. ¿Cómo hacerlo?

Es una verdad aceptada universalmente que la buena educación constituye una herramienta extraordinaria para combatir la pobreza. La Unesco se ha cansado de afirmarlo. La Argentina no es una excepción a la regla.

El reciente decreto 1602, que estableció la "asignación universal por hijo para protección social" destinada a menores en edad escolar, constituye un primer paso en esta dirección, al requerir para su otorgamiento la acreditación de "concurrencia (de los menores) a establecimientos educativos públicos", pero, lamentablemente, esta sola exigencia no es suficiente, y desdibuja el papel central de la buena educación como factor clave en el ataque a la pobreza. Veamos una alternativa distinta.

En primer lugar, tomemos conciencia del problema: no estamos educando bien en la Argentina. El país está aplazado en calidad educativa. Cerca del sesenta por ciento de los alumnos del secundario en nuestro país (15 años promedio) no comprende lo que lee, según las evaluaciones mundiales PISA.

Estos exámenes colocan a la Argentina en los últimos lugares del listado de países evaluados por trienio; entre cincuenta y siete países, ocupamos la posición cincuenta y dos. Las evaluaciones latinoamericanas Serce (alumnos de primario) ratifican estos resultados y confirman el descenso comparativo de nuestro país en la región.

Si a estos datos alarmantes les sumamos la falta de escolarización en el nivel inicial para los más pequeños; los paros docentes, que contribuyen decididamente al incumplimiento de los 180 días mínimos de clase, y los cientos de miles de alumnos que repiten y abandonan los estudios, concluimos en el diagnóstico precedente: la Argentina tiene un problema educativo mayúsculo que resolver. En este marco, los altos índices de pobreza referidos contribuyen a configurar una situación grave que debe abordarse con urgencia.

Proponemos una alternativa contra ambos males que requiere dos factores esenciales para su éxito: una política de Estado que supere las mejores intenciones del gobierno de turno que la implemente y un consenso de la sociedad civil para que participe y exija su cumplimiento.

Lo explicamos con la limitación que supone la brevedad de este artículo. Más que entregar un subsidio por alumno a los padres, creemos que una solución más eficiente pasa por invertir en las escuelas argentinas para hacer de ellas un motivo de orgullo nacional, convirtiéndolas en unidad de combate contra este deshonor que constituyen la indigencia y el atraso.

La escuela es educación, pero es también, en muchos casos, comida, salud, familia. En el país hay algo más de cuarenta mil establecimientos. Los $ 180 mensuales de la asignación citada, multiplicados por la cantidad de alumnos beneficiarios menores de 18 años, suponen una suma de varios miles de millones de pesos por año. Con un presupuesto similar se produciría una revolución copernicana en los colegios necesitados del país.

Se atacaría la pobreza de raíz, mejorando las escuelas en sus tres frentes principales: a) capital social (se proveería a sus alumnos de los alimentos indispensables, no sólo para darles de comer, sino también para una nutrición adecuada, además de atención médica de urgencia y estable); b) capital físico (asegurar la infraestructura adecuada de estos establecimientos y de los elementos técnicos -bibliotecas, útiles, acceso a Internet, computadoras- para una educación de calidad), y c) capital humano -quizás el más importante- (mejores salarios para maestros que lo merecen y los mejores docentes para estas escuelas seleccionadas, aquellos con capacidad de liderazgo para hacer realidad la mejor educación necesaria). Todo esto, en un marco de compromiso que deberán asumir los responsables de los menores para con este plan, que beneficia a sus comunidades y que se mantendrá mientras los alumnos se esfuercen y obtengan los resultados respectivos.

Brindar esta ayuda por escuela permite mayor control de la asignación: no son millones de beneficiarios, sino sólo unas decenas de miles de escuelas que se auditarán en sus obligaciones. Su evolución y las prestaciones que brinden a sus comunidades harán de imán seductor a las familias en riesgo, y la educación de calidad contribuirá a terminar con la pobreza, produciendo desarrollo intelectual y económico, como señala la Cepal.

La función central de la escuela es socializar, es transformar, es ser fábrica de pensadores, y no un depósito de contenidos. Cimienta la autoestima de los alumnos, les brinda contención a ellos y a su entorno familiar y, fundamentalmente, incluye, es para todos: la buena educación debe ser universal.

Todo esto desterrará la pobreza indignante de un país que no honra su pasado ni su riqueza con millones de argentinos en la indigencia. El éxito se coronará cuando cambien el paradigma: para los alumnos que se inicien o estudien en estas escuelas ya no será la cuna un condicionante para un destino mejor, sino la buena educación el camino para alcanzarlo. © LA NACION

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