Controversia de soberanía

Por Susana Ruiz Cerutti Para La Nación
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27 de octubre de 2000  

En su discurso en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, en septiembre pasado, el presidente Fernando de la Rúa se refirió a la cuestión de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, y los espacios marítimos circundantes.

No puede sorprender que se planteen los derechos argentinos ante el foro mundial, por ser éste el ámbito que examina anualmente la cuestión de las Islas Malvinas, encuadrada por la propia Organización de las Naciones Unidas, desde la resolución 2065 (XX) de la Asamblea General, de 1965, como una situación colonial por resolver mediante la solución de la controversia de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido.

En su intervención, inspirada en el mandato constitucional, el presidente De la Rúa manifestó, asimismo, la disposición argentina por reanudar las negociaciones con el Reino Unido para encontrar una solución justa y definitiva a esa controversia.

Esa disposición negociadora es la reiterada respuesta argentina a los múltiples llamamientos en ese sentido formulados por las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y otras instancias regionales, como el Mercosur, las cumbres iberoamericanas y, recientemente, la Cumbre de Presidentes de América del Sur.

La cuestión Malvinas contiene otros aspectos. La ya mencionada resolución 2065 (XX), al tomar nota de la existencia de la disputa de soberanía entre los dos países e invitarlos a proseguir sin demora las negociaciones con el fin de encontrar una solución pacífica, les pide tener debidamente en cuenta los intereses de los habitantes de las islas.

Tener en cuenta los intereses no supone reconocerles autodeterminación, como pretende el Reino Unido. Confirmando esto, la Asamblea General de la ONU rechazó en 1985 dos propuestas británicas tendientes a incluir la libre determinación en la resolución referida a las Islas Malvinas. La Asamblea General no consideró pertinente la aplicación de la libre determinación en este especial y particular caso colonial. Este encuadre sigue vigente en los numerosos pronunciamientos emanados de las Naciones Unidas hasta el presente.

Ello es coherente con la historia de la controversia, su naturaleza, dimensiones y características. La disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes comprende territorios insulares y marítimos que equivalen a dos terceras partes de la superficie total de la Argentina continental. Se trata de dos millones de kilómetros cuadrados y una parte sustancial del Atlántico Sur. La ilegítima ocupación británica se remonta a un hecho de fuerza ocurrido en 1833, por el cual la potencia colonial expulsó a la población argentina y en su lugar estableció súbditos británicos, y desde entonces impidió la radicación de argentinos en las islas. Los 2000 habitantes que hoy en día ocupan las Islas Malvinas gozan de la nacionalidad británica. Brindarles el derecho a la autodeterminación significaría aceptar que se erigiesen en árbitros de una disputa territorial de la cual su país es parte. Esto, sin lugar a dudas, no es la interpretación que las Naciones Unidas dan al derecho de autodeterminación. Los demás territorios insulares en disputa se encuentran deshabitados.

Por otra parte, el mantenimiento de la situación sin resolver, por la negativa británica a negociar, no genera derechos a favor de la potencia colonial que ocupa nuestros territorios, ni de sus súbditos allí instalados, cualquiera que sea la denominación y estatuto que el Reino Unido les otorgue a esos territorios, sea colonia, territorio dependiente o territorio de ultramar.

La Argentina ha asumido el compromiso de tener en cuenta los intereses de la población de las islas, de respetar su estilo de vida y su bienestar, y le ha dado a ese compromiso rango constitucional. Coherente con esa actitud, el gobierno argentino ha expresado su disposición a fomentar, de manera articulada con el diálogo con el Reino Unido, el conocimiento recíproco entre los habitantes del continente y de las islas, y a ofrecer todas las salvaguardas y garantías necesarias.

Lamentablemente, desde el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, en 1990, no se ha registrado ningún progreso en el diálogo con el Reino Unido en relación con el aspecto sustantivo de la disputa de soberanía. Las cuestiones prácticas que hacen a la convivencia en el Atlántico Sur fueron abordadas a través de entendimientos provisionales de alcance específico, algunos de los cuales se han visto frustrados, sin embargo, por medidas unilaterales adoptadas por el Reino Unido contrarias a la cooperación acordada en esos entendimientos.

Así ocurrió, por ejemplo, en materia de hidrocarburos. El 27 de septiembre de 1995 se firmó una declaración conjunta sobre cooperación para la exploración y explotación de hidrocarburos en las zonas marítimas sujetas a controversia de soberanía y jurisdicción. Una semana después de la firma de ese instrumento, el Reino Unido llamó a una licitación unilateral en áreas al norte y al sudeste de las Islas Malvinas y, pese a la protesta que el gobierno argentino presentó entonces contra esa acción unilateral, la licitación siguió su curso. En abril de 1998, al comenzar perforaciones exploratorias en las áreas adyacentes al norte de las islas, el gobierno argentino presentó una nueva protesta, igualmente desoída por el Reino Unido.

Simultáneamente con esta actividad unilaterial, desde 1996 se reunió periódicamente la Comisión Bilateral de Hidrocarburos, creada por la declaración conjunta de 1995.

Diálogo y firmeza

Al asumir el gobierno el presidente De la Rúa, y a casi cinco años de haber comenzado sus trabajos la referida comisión, no se había logrado concretar ningún proyecto conjunto de exploración y explotación en el área de la controversia.

Frente a esta situación, en los últimos meses el gobierno argentino ha transmitido al gobierno británico su voluntad de seguir buscando fórmulas de cooperación sobre la base de los instrumentos existentes, pero, al mismo tiempo, su rechazo a todo tipo de medidas unilaterales, que, de producirse en el futuro, serán consideradas por la Argentina como incompatibles y violatorias de la declaración conjunta de 1995.

Algunos medios británicos se han jactado de que el Reino Unido había obtenido "logros" a favor de su posición en la década pasada. Son ilustrativos, en ese sentido, los siguientes conceptos, publicados en el Daily Telegraph el 28 de diciembre de 1999: "En los pasados tres años, la Argentina ha firmado un conjunto de acuerdos que se acercan al reconocimiento de una independencia de facto de las Malvinas. Reconoció a los isleños derechos de pesca dentro de un radio de 150 millas. Llegó a acuerdos sobre la explotación de petróleo y gas que, nuevamente, consideran las islas como una entidad discreta. Y en agosto, los pasaportes de los turistas argentinos visitantes de las islas fueron sellados por las autoridades migratorias de aquéllas... Es decir, la Argentina ha aceptado, si bien no con palabras, con hechos que las Islas Malvinas son británicas".

Este tipo de manifestaciones, obviamente inexactas, hacen aún más necesario para el gobierno argentino reiterar con claridad y firmeza la propia posición, tal como lo ha hecho ante las Naciones Unidas y la OEA, así como en las distintas reuniones regionales y bilaterales de las que ha participado este año.

Lo que no obsta, por supuesto, para seguir impulsando el desarrollo de las relaciones bilaterales con el Reino Unido en todos los ámbitos y niveles.

Las numerosas visitas de altos funcionarios del gobierno argentino a ese país en lo que va del año, respondiendo a expresas invitaciones de sus contrapartes británicas; la reciente visita del ministro de Comercio e Industria del Reino Unido, que anunció nuevas e importantes inversiones de su país; los múltiples encuentros celebrados al más alto nivel, y los nuevos emprendimientos que se programan, como aquellos que se busca profundizar, demuestran que el gobierno argentino procura resolver la controversia pendiente de conformidad con el mandato constitucional, sin descuidar el óptimo nivel de su relación bilateral con el Reino Unido.

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