Corralito bancario, laberinto económico

La economía real de la Argentina no sólo sigue paralizada. Hay algo peor que eso: por ahora, tampoco tiene horizonte. El anuncio del plan "sustentable", que aguardan los organismos internacionales para determinar si otorgarán ayuda financiera, y que también reclaman los agentes económicos locales para ver si podrán comprar, vender, pagar o cobrar, deberá esperar entre 10 y 15 días más.

Lo admiten sin rubor los propios funcionarios del Palacio de Hacienda, al señalar que la elaboración de ese programa tiene hoy un 60 o 70% de avance y que prefieren tomarse un poco más de tiempo antes que seguir improvisando medidas bajo la presión de los cacerolazos y de los lobbies empresarios, sindicales y políticos. Para defenderse de esas urgencias aducen, con razón, que el Gobierno asumió hace apenas tres semanas y que hasta ahora sólo se ha dedicado a administrar la grave crisis heredada, con corralito financiero incluido. También argumentan que ninguno de los planes económicos que en el pasado lograron funcionar (austral, convertibilidad) apareció al comienzo de cada gestión, sino luego de un período de desorden y reacomodamientos financieros. La gran diferencia es que en ninguna de esas oportunidades la Argentina se encontraba en formal cesación de pagos, como ahora.

Sin embargo, en medio de una crisis de la magnitud de la que atraviesa la Argentina, el tiempo avanza a una velocidad muy superior a la que marcan relojes y almanaques. El propio presidente Duhalde ya ha debido cargar, a 26 días de gestión, con el alto costo que significó desdecirse de su primitiva promesa de reintegrar los depósitos en dólares en la misma moneda en que fueron constituidos. Aunque el Gobierno trató de hacer aparecer esta contramarcha como un poco creíble error de información previa, es obvio que se trató del blanqueo de una decisión sin la cual no iba a poder avanzar en la pesificación total de los préstamos.

En los pasillos del Palacio de Hacienda se asegura, en voz baja, que esta controvertida medida estuvo apoyada en el informe de una misión técnica del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que también consideró inevitable transformar activos y pasivos bancarios en una moneda homogénea que, por decisión del Gobierno, no iba a ser el dólar. Lo que no dicen es que aquella recomendación no contemplaba la pesificación a distintos tipos de cambio, ni tampoco qué costo tendrá para el sistema financiero el salvamento de los deudores, que aún sigue en discusión.

Otra verdad a medias que proclaman las autoridades económicas es que la pesificación compulsiva de los depósitos a $ 1,40 por dólar, junto con las medidas adoptadas para flexibilizar los retiros de efectivo, terminarían por inyectar $ 16.000 millones. Pero no todos esos fondos son de libre disponibilidad, ya que quedan atrapados en el corralito, que restringe los medios de pago en una economía que ya venía trabada por la falta de liquidez.

El correlato de las restricciones financieras y de la existencia de tipos de cambios múltiples ha colocado a la escasa actividad económica en un virtual laberinto. Además, como la perspectiva es pasar en algunos meses a un tipo de cambio único y flotante, el resultado es que sectores enteros no aciertan a ponerles precio a sus productos o servicios. Por eso no compran ni venden, lo cual agudiza el corte de la cadena de pagos en una economía donde desapareció todo tipo de crédito. A ello se suma que el desprolijo control de cambios traba el movimiento financiero con el exterior, lo cual provoca el default de todas aquellas empresas endeudadas que no quieran o no puedan ingresar capitales externos.

Por ahora el único logro es que la devaluación no se ha trasladado al precio de los productos de primera necesidad. Una prueba de ello es que el índice de precios al consumidor habría registrado un aumento de sólo 1,5% en la primera quincena de enero. Pero ese resultado puede ser engañoso si se tiene en cuenta la ausencia de precios en muchos sectores industriales.

Un plan a fuego lento

El plan que se elabora en el Ministerio de Economía apunta principalmente a darles horizonte a los operadores y a obtener asistencia financiera externa. Que vaya a generar confianza o no dependerá de una serie de decisiones políticas que por ahora no están disponibles, a juzgar por el exceso de funcionarios que -por acción u omisión- favorecen una emisión monetaria que podría desembocar en una alta inflación, frente a la ostensible minoría que defiende la disciplina fiscal y la sensatez económica.

Por lo que se sabe, tendría cinco componentes: un diagnóstico de la situación socioeconómica; un programa fiscal basado en el presupuesto 2002; un programa monetario ajustado a metas prefijadas de inflación; el cronograma de devolución de depósitos, y, finalmente, la agenda de reformas pendientes en el sistema financiero y el sector público.

Cada capítulo tiene lo suyo. El presupuesto todavía no puede cerrarse porque la estimación de caída del PBI incluida en los primeros cálculos (4,9%) aparece optimista frente a lo que puede retroceder la economía este año. Paralelamente, el recorte de gastos en dólares sólo descansa en la devaluación y en decisiones ya adoptadas (como la cesación de pagos externos o la caducidad del fondo de incentivo docente), dado que en ninguna de las jurisdicciones del sector público (nacional, provincial y municipal) parece haber demasiado consenso en reducir el gasto político ni sus correlatos burocráticos.

Definiciones que faltan

En cuanto al programa monetario, la idea del Palacio de Hacienda es emitir inicialmente $ 3000 millones como ganancia de capital por la devaluación sobre las reservas del Banco Central y luego ajustar la expansión monetaria en función de objetivos de inflación. Pero todavía falta definir cómo jugará ese mecanismo frente a la anunciada pesificación de depósitos y créditos bancarios.

La idea del Gobierno es evitar una licuación aplicando un índice de actualización periódica, a la manera de la Unidad de Fomento que se utiliza en Chile. Sin embargo, este instrumento entraña el riesgo de volver a indexar toda la economía, porque sería probable extenderlo, por ejemplo, a tarifas de servicios públicos y tasas de interés, entre otros. En la Argentina hay suficiente experiencia negativa de lo difícil que resulta salir de una indexación, aunque entrar resulte sumamente atractivo. La tristemente célebre circular 1050 comenzó igual.

Con un esquema de esta naturaleza, la salida del corralito financiero podría producirse en meses y no en años; pero por ahora resulta difícil saber a qué costo, sobre todo teniendo en cuenta que en la Argentina no habrá ahorro y crédito por mucho tiempo, tras el daño que significan la cesación de pagos y la virtual confiscación de depósitos.

En medio de este laberinto económico, donde cada aparente salida choca con un nuevo escollo que la dificulta todavía más, lo único que está claro es que cuanto más discrecional sea la política económica para definir ganadores y perdedores más lejos se estará de la recuperación de la confianza y de volver a crecer. Máxime si en el sector empresarial se privilegia, a costa de los ahorristas, a los que peor hicieron las cosas.