Cristina, ante una rebelión judicial

Joaquín Morales Solá
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15 de febrero de 2015  

Cuando cae la noche sobre su poder, Cristina Kirchner, que siempre despreció a sus opositores, se enfrenta a una de las batallas más difíciles que le tocó. Tendrá que zigzaguear en lo que le queda de mandato con la abierta sublevación de jueces y fiscales. Éstos no están haciendo nada que no debieran hacer; por el contrario, están haciendo, en varios casos, lo que antes no hicieron. Hay certezas en la Justicia de que la Presidenta ofende y descalifica; hay viejas y nuevas operaciones para desplazar o desestabilizar a jueces y fiscales.

Y hay, por último, pruebas documentadas de supuestos delitos que ningún juez que aspira a permanecer puede ignorar.

La culpa directa de Irán en el atentado criminal a la AMIA no es sólo una hipótesis de Alberto Nisman y del juez Rodolfo Canicoba Corral, que ratificó en su momento las conclusiones del fiscal muerto. La responsabilidad de Irán es una hipótesis que suscribe toda la justicia argentina, desde la Corte Suprema hasta la mayoría de jueces y fiscales federales de primera instancia. Para todos ellos hubo un crimen masivo en la AMIA y, por eso, debe investigarse si el tratado con Irán no significa el encubrimiento de un delito enorme.

La propia Corte Suprema no podría pensar de otra manera. El máximo tribunal tiene a su cargo, por competencia propia, la investigación del atentado que voló la embajada de Israel en Buenos Aires. En esa investigación existen tres pedidos de capturas internacionales, la de un libanés y las de dos iraníes. El libanés, que murió, es el mismo libanés sospechoso de haber reducido a cenizas, dos años después, la mutual de la colectividad judía. Pertenecía a la organización político-terrorista Hezbollah. Los dos iraníes forman parte también del lote de cinco iraníes con pedido de captura internacional por la masacre de la AMIA. Las mismas personas para los dos atentados terroristas más importantes que sufrió el país. ¿Queda alguna duda? ¿Era necesario borrar todo ese trabajo y empezar de nuevo a buscar "la verdad" con Irán?

La fragilidad de la justicia argentina está en otro aspecto de la investigación: nunca encontró las complicidades internas indispensables para hacer ambos atentados. ¿Chocó con secuaces en la propia estructura del Estado? Nada se sabe.

Cristina Kirchner desafió esa certeza judicial cuando firmó el acuerdo con Irán sin consultar con nadie, ni con las victimas, ni con la dirigencia opositora, ni con la Justicia, que llevó las investigaciones. La denuncia más grave de los fiscales Nisman y Gerardo Pollicita es la que muestra un coqueteo permanente entre el gobierno argentino y el ex agregado cultural iraní en Buenos Aires en tiempos del atentado contra la AMIA, Moshe Rabbani. Rabbani es para los jueces argentinos "el asesino", a secas. Parece que ya no necesitan demostrar nada más. Si se probaran definitivamente diálogos directos de funcionarios argentinos con Rabbani, o mensajes enviados desde el Gobierno a él, la situación de la Presidenta y su canciller podría agravarse aún más de lo que ya está.

Daniel Rafecas, el juez de la denuncia de Nisman y Pollicita, anticipó el final de sus vacaciones y estará en su despacho el miércoles, el primer día hábil de la semana en los tribunales. Diferentes versiones circularon en los últimos días sobre la supuesta actitud de Rafecas. Sus colaboradores, que hablaron con él, descartaron todas. "El juez va a trabajar en esta causa más que nunca, según la ley y el derecho", dijeron. Esas mismas personas cercanas a Rafecas aseguran que los que perseguían al juez en el Consejo de la Magistratura ya no están, sobre todo la ex SIDE de Antonio Stiuso. "Nunca se sintió condicionado y nunca el oficialismo tuvo los votos necesarios para desplazarlo", dijeron. El propio Rafecas, con una excelente relación afectiva con la dirigencia de la comunidad judía, nunca disintió de la teoría de Nisman sobre la culpabilidad de Irán. Otra cosa es, desde ya, la investigación sobre el presunto encubrimiento.

Tal vez no esté lejano el día en que la propia muerte de Nisman pase de la justicia ordinaria, donde está ahora, a la justicia federal. Para algunos funcionarios judiciales ya es un caso federal. Muerte dudosa de un fiscal federal. ¿Qué más se necesita para que sea un caso federal? Algunos jueces y fiscales argumentan que fue correcto que la primera parte de la investigación estuviera en manos de la justicia ordinaria. "Ellos ven muertos todos los días. Nosotros vemos sólo muertos políticos", ironizó un juez federal.

La muerte de Nisman supone otra certeza de la Justicia. Ningún interlocutor serio, sea juez o fiscal, suscribe la hipótesis del suicidio simple. Nisman fue asesinado, dicen, sea cual fuere el método al que recurrieron los asesinos. Los médicos forenses que practicaron la autopsia a Nisman abonan la teoría de que no fue un suicidio. En el 70 por ciento de los casos, los suicidas con armas de fuego se disparan en la sien; casi el 30 por ciento restante lo hace en la boca. Una pequeña minoría se dispara en el corazón. Siempre, en el 100 por ciento de los casos, el arma se dispara apoyada sobre la piel del suicida. Nisman tenía el disparo a dos o tres centímetro de la oreja, no en la sien, y el tiro se había hecho también a dos o tres centímetros de la piel. Es lo que dicen los forenses. ¿Es cierto que vecinos de Nisman escucharon muchos ruidos y pasos en el departamento de Nisman y en la escalera de servicio el mediodía del domingo, no en la noche cuando dicen haberlo encontrado? ¿Es cierto que la Prefectura llevó a una testigo circunstancial que vio cosas extrañas en el departamento, que no suscribió un acta, como manda el protocolo, y que sólo dos días después le dieron un certificado de testimonio?

Esta certeza de la Justicia está acompañada por otra convicción: Nisman murió por la denuncia que hizo contra la Presidenta, contra su canciller y, por aproximación, contra Irán. Diplomáticos de países occidentales aseguran, a su vez, que sus servicios de inteligencia se acercan cada vez más a la teoría de que el fiscal fue muerto por sicarios iraníes con complicidades locales. Fue la primera teoría (y única, hasta ahora) del gobierno de Israel. Hubo después, para peor, otros casos de sospechosos seguimientos contra fiscales que precisamente tuvieron protagonismo en el caso de la muerte de Nisman. Las custodias de varios jueces federales están ahora bajo alerta roja, la máxima precaución para asegurar la vida de los magistrados.

No todo termina en Nisman, en su muerte, en su denuncia o en Irán. La Cámara Federal confirmará antes de fin de mes el procesamiento del vicepresidente Amado Boudou por todos los delitos por los que lo procesó el juez Ariel Lijo. La Cámara estaba remolona. Ya no lo está. Después vendrá el envío del caso a juicio oral y público y, por lo tanto, el consiguiente pedido de desafuero del vicepresidente. El escándalo tendrá la magnitud de un tsunami político.

Alejandra Gils Carbó le ordenó a uno de sus fiscales que pidiera la declaración indagatoria del juez Claudio Bonadio por enriquecimiento ilícito. Bonadio tiene el 20 por ciento de una estación de servicio, que es una empresa que comparte con un hermano y un cuñado. "Los que lo acusan son, según sus declaraciones juradas, mucho más ricos que Bonadio", dijo otro juez. Bonadio investiga el supuesto lavado de dinero de la familia Kirchner en complicidad con el empresario kirchnerista Lázaro Báez, aunque también está apareciendo Cristóbal López, tan amigo como Báez de la familia presidencial. El más comprometido de los Kirchner en esa causa es el hijo de la Presidenta, Máximo Kirchner, porque él firmó las actas del directorio de los hoteles, presuntamente lavadores, en nombre de la sucesión de su padre.

¿Lograrán amedrentar a Bonadio? No. Bonadio no es un juez fácil de presionar. La investigación ha llegado tan lejos, además, que ningún juez, ni Bonadio ni otro, podría esconderla ya. La revolución de jueces y fiscales es la obra perfecta de una estirpe política torpe y engreída.

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