Política nacional. Culpas ajenas

3 de octubre de 1996

LA NACION

"La culpa la tienen los que lo votaron". Pocas veces esta frase bien propia de los argentinos estuvo tan presente en el inconsciente colectivo como en los últimos días. Nadie parecería recordar que el actual presidente de la Nación recibió el respaldo del 50 % de la ciudadanía en mayo de 1995.

Es más. Si cualquiera de nosotros hiciera una encuesta casera entre unos 100 conocidos, muy difìcilmente encontremos a 50 que reconozcan en primera instancia haber votado a Carlos Menem.

¿Olvido? ¿Vergüenza? Lo cierto es que un 40 % de quienes lo respaldaron en la última elección presidencial confesó haber avalado el paro general del 8 de agosto, según un sondeo de Nueva Mayoría, y una proporción similar también habría apoyado la medida de fuerza del 26 y el 27 de septiembre.

Podría decirse que el jefe del Estado atraviesa uno de esos momentos en que todo lo que diga o haga, e inclusive aquello que no diga o no haga, puede ser usado en su contra. Y sobran ejemplos de los dos casos.

El lunes por la noche, en la primera emisión del programa televisivo Dos en la noticia, algunas respuestas del jefe del Estado durante la entrevista que le hicieron Magdalena Ruiz Guiñazú y Joaquín Morales Solá indignaron hasta al espectador más desapasionado.

Cuando la periodista le preguntó cómo podría vivir un obrero con 300 pesos por mes cuando la canasta familiar asciende a 1150 pesos, Menem sólo atinó a sonreir y a desacreditar la información sobre el costo de los productos básicos. Poco antes había planteado la hipótesis de que a quienes se adhirieron al paro "les sobra la plata".

Un segundo dato del malhumor de la gente se advirtió en las últimas horas, tan pronto como entraron a regir las nuevas tarifas de los colectivos en la zona metropolitana.

Los usuarios descubrieron que el anunciado aumento del 10 % se transformaba en un 20 % al volver a instrumentarse la vieja modalidad de dividir el recorrido en secciones. En la práctica esto implica que, en muchos casos, por realizar un viaje de sólo diez cuadras se debe oblar la tarifa correspondiente a un trayecto de tres a seis kilómetros, por el solo hecho de atravesar el punto limítrofe entre una y otra sección. Por si esto fuera poco, no poca gente debió soportar que la máquina expendedora de boletos se quedara con el vuelto ante la falta de monedas de cinco y de diez centavos.

La impotencia del indefenso pasajero frente a las compasivas excusas de un chofer o el silencio de una máquina cedió en ciertos casos paso a una catarsis con un destinatario principal. "La culpa la tienen los que lo votaron", se quejó una amargada usuaria de la línea 7, a la altura del Hospital Piñeyro.

¿Qué piensa hacer Menem tras los duros golpes que le propinaron la clase media con el apagón y los sectores obreros con el último paro general? Dos son las líneas de acción que el primer mandatario decidió desplegar: . En primer término, recobrar el contacto con la gente, aprovechando cuanta inauguración realicen gobiernos peronistas del interior del país. No faltan funcionarios ultramenemistas que le recomiendan volver al menemóvil.

. En segundo lugar, mostrar que la alianza con el establishment es inquebrantable. En círculos de la Casa Rosada se señala que, sin elecciones en el corto plazo, se puede gobernar sin gran apoyo popular, pero que definitivamente no se puede hacerlo sin la confianza de los grandes sectores económicos. El recuerdo de los últimos meses del gobierno de Alfonsín está aún frescos.

El nuevo anuncio de la desregulación de las obras sociales -según cree Menem- le permitiría matar dos pájaros de un tiro. Es una medida largamente reclamada por los empresarios y, al mismo tiempo, cuenta con amplio apoyo en la opinión pública, como lo demuestra una reciente encuesta de Mora y Araujo.

Sin embargo, por más determinación que muestre el Presidente, nadie puede dar nada por sentado. Desde 1993, cuando se conoció el primer decreto para elegir libremente obra social, hasta hoy, la mentada desregulación no fue más que una amenaza o un mecanismo de extorsión aplicado por el Gobierno para condicionar actos del sindicalismo. La necesidad de apoyo gremial a la reforma constitucional con reelección, primero, y de que no pongan palos en la rueda en oportunidad de las elecciones, después, fueron las verdaderas razones políticas de las sucesivas postergaciones.

Fernando Laborda

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