De bandera del modelo a campo de batalla

26 de Enero de 2014

LA NACION

Se podrán ajustar otras cosas, pero los salarios jamás. Será así mientras esté este gobierno", se plantó ante LA NACION un funcionario de jerarquía que se especializa desde hace años en negociaciones vinculadas al bolsillo de los trabajadores. El mensaje escondía dos intenciones: echar una luz de certeza a las negociaciones salariales que se avecinan y contener la creciente presión sindical.

Desde 2003 en adelante, el kirchnerismo se ocupó del empleo como uno de sus mayores desafíos y reivindicaciones. La estadística es irrefutable: remontó los índices laborales que habían caído con la crisis de 2001, sobre todo, el del desempleo, que pasó del 24 al 6,8 por ciento. Y se jacta de haber creado 6 millones de puestos de trabajo, según informaron voceros del ministro a cargo del área, Carlos Tomada.

Además, en cada año de la gestión, el Gobierno destinó energías para mediar en las paritarias y en otros ámbitos relacionados, como el Consejo del Salario, una suerte de mesa tripartita con referentes del Estado, de las principales cámaras empresariales y de las centrales obreras, donde se negocia el salario mínimo, vital y móvil, entre otras cuestiones. El sueldo mínimo en el país registró un incremento de aproximadamente doce veces entre 2003 y 2013, al subir 1078% en ese período, según los informes oficiales.

En tren de fortalecer el 22 por ciento obtenido en las urnas, Néstor Kirchner cerró en 2004 un acuerdo que hasta hoy es celebrado por unanimidad por el arco sindical. Fue el restablecimiento de las paritarias como arma de negociación salarial y condiciones de trabajo. Se retomó así el mecanismo que había sido suspendido durante la segunda mitad de la presidencia de Carlos Menem.

Con el kirchnerismo, los gremios recuperaron protagonismo y volvieron a sentir que podían tomar la sartén por el mango. Algunos de sus dirigentes ocuparon cargos públicos de relevancia y comenzaron a ser parte de negocios vinculados con el Estado. Todo en un contexto favorable: impulsados por el crecimiento económico de los primeros años, los sindicatos de todos los sectores engordaron su tropa de afiliados. Hubo dos casos emblemáticos: el de los metalúrgicos de Antonio Caló y el de los camioneros de Hugo Moyano. El primero, del palo netamente industrial, trepó de 50.000 afiliados en 2003 a 230.000 en 2012. En el mismo período, Moyano multiplicó sus adherentes: de 53.000 superó la barrera de los 200.000.

Pero en los últimos dos años nada fue lo mismo. Hubo un freno en el crecimiento, escaló la inflación, no se logró disminuir el trabajo en negro, el impuesto a las ganancias impactó negativamente sobre el salario y los índices oficiales reflejaron siempre otra realidad. Así y todo, el Gobierno intentó no alarmarse.

Tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elaboran legisladores nacionales de la oposición, un informe del Ministerio de Trabajo informó que los salarios en la mayoría de las actividades del sector privado registraron aumentos reales "leves" entre 2012 y 2013. El IPC Congreso calculó una inflación de 25,86% el año pasado, más del doble que la del Indec.

Con la divulgación de estos datos, el Gobierno estima que podrá contener la presión del sindicalismo. Los gremios opositores advirtieron que sus pedidos, en algunos casos, no bajarán del 30%, como lo planteó Moyano, jefe de la CGT disidente. Las cifras que manejan los sindicalistas oficialistas no varían demasiado: se habla de un 28 o 30%, e incluir en los acuerdos una "cláusula gatillo" en caso de una eventual disparada de precios.

Como nunca antes, tanto el Gobierno como los sindicatos y empresarios vislumbran complicaciones en las próximas paritarias. El presidente de la Unión Industrial, Héctor Méndez, dijo simpáticamente que será "una batalla". Y con este panorama, en las cinco centrales obreras coinciden de manera unánime en que la conflictividad laboral seguirá este año con su escalada. Y comparten cuál es el motivo: la incertidumbre inflacionaria.

Nicolás Balinotti

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