De cara a la crisis: justicia y eficacia

Por Jorge Remes Lenicov Para LA NACION
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26 de agosto de 2001  

Se han cumplido tres años de la recesión más prolongada y profunda de los últimos 70 años. Existen varias razones debido a las cuales nos encontramos en esta encrucijada, unas de carácter interno y otras de origen externo.

De nuestra parte, entre otras cuestiones, hubo falta de previsión, a la vez que se violaron algunas de las leyes básicas de la economía. Por ejemplo, en 1998 un grupo de diputados del PJ presentamos el proyecto de solvencia fiscal y transformación del Estado (responsabilidad fiscal), porque se vislumbraba que la evolución del déficit estatal y el endeudamiento eran insostenibles. Se planteaba alcanzar el equilibrio en 2002 y se creaban instrumentos para lograr la necesaria transparencia y eficiencia en la gestión del Estado. Pero se sancionó sólo en 1999, tuvo vetos que limitaron su alcance y, lamentablemente, no sólo nunca se cumplió, sino que las modificaciones introducidas en el presupuesto 2001 pospusieron llegar al equilibrio al año 2005.

De haberse cumplido la ley que el propio Congreso realizó, se hubiese evitado la excesiva emisión de deuda y el consecuente crecimiento de la tasa de interés; con ello se habría favorecido a las Pyme y alentado el empleo. Pero además existirían fondos para realizar políticas de demanda relevantes para superar la depresión.

Desde el exterior se reconocen las crisis financieras, la caída de precios de las commodities y el fortalecimiento del dólar, pero sorprende que hayamos recibido encendidos elogios sobre las transformaciones producidas durante los años 90 y que ahora la Argentina sea tan ostensiblemente descalificada. Muchas de las instituciones que avalaban nuestro comportamiento ahora las cuestionan sin hacerse cargo de sus consecuencias. Además, los países centrales continúan dificultando el ingreso de nuestros productos y siguen subsidiando bienes que son nuestra base exportadora.

Equidad y eficiencia

Cuando sobreviene la crisis, está probado que los pobres son los más perjudicados y, a la vez son los que más tardan en recuperarse. Por eso y más allá de prestarle la lógica y debida atención a los temas fiscales y de liquidez, es crucial implementar políticas que eviten las fuertes redistribuciones regresivas de ingresos y pensar en la sustentabilidad de la economía hacia futuro.

La prolongación adicional de la crisis castigará aún más a los desocupados, las Pyme y los ciudadanos de ingresos medios-bajos, y una conducción política con poco carácter e ideas para afrontar esta grave emergencia y la ineficacia del Estado hunden a la Argentina en la injusticia social y también en la ineficiencia económica.

Cuando con motivo de la emergencia se justifican medidas drásticas, debe pensarse seriamente que muchos son los derechos adquiridos que de ese modo son afectados. Pero, también, que muchos otros derechos adquiridos permanecen intangibles. La cuestión es que no sean sólo afectados los derechos de los más débiles; la justicia distributiva (y la gobernabilidad) demanda que los sacrificios requeridos sean proporcionales a la capacidad contributiva de cada sector.

Además, achicar la capacidad de consumo de los sectores de menores recursos, mayoritarios por cierto, afecta la posibilidad de retomar la senda de la reactivación y el crecimiento. Mejorar la distribución del ingreso es hoy tanto un imperativo ético como una imprescindible herramienta de política económica. De otro modo se seguirá multiplicando la cantidad de recursos ociosos: trabajadores y capacidad empresarial.

Las políticas en la crisis

Sin integridad social (que la marginalidad y la indigencia destruyen) y sin cooperación social (el compromiso de los que más pueden con los que nada tienen) no hay destino común. Así como el default es lo peor que puede pasarnos en el plano económico, aumentar la degradación (default social) es un camino intransitable.

Se necesita la ayuda de los organismos internacionales, pero para destinarla no sólo al aumento de reservas, sino también a la ayuda para la creación de una red de contención social, que pueda garantizar un ingreso mínimo para las más de 2.000.000 de familias pobres.

Pero el Estado no debe abandonar su papel en favor del equilibrio social; el avance de la degradación tiene nefastas consecuencias para el largo plazo (por ejemplo: la deserción escolar en períodos de crisis transforma pobreza circunstancial en pobreza estructural). Por eso es imperativa la aplicación eficaz de políticas públicas. La reforma del Estado es absolutamente necesaria: debe asegurar la mejora de la calidad del gasto y de la recaudación (por ejemplo: no hay que desmantelar la AFIP con retiros y baja de salarios y se debe implementar el fuero penal tributario para poder controlar a los grandes evasores).

Los programas sociales deben ser respetados, estar claramente focalizados y, con transparencia y participación, evitar el clientelismo y la corrupción que tanto los degradan. Además, debe asegurarse que no se deteriore la educación (sin ella no hay competitividad ni progreso social) y emparejar las condiciones del crédito con políticas adecuadas que permitan el acceso al financiamiento a las Pyme es no sólo necesario para alcanzar una mayor equidad, sino que constituye una política tendiente a la creación de empleo. Deben eliminarse las trabas burocráticas que dificultan la creación de nuevas empresas y combatirse el contrabando.

Responsabilidades

Los hombres políticos de todas las procedencias debemos concentrar todas nuestras energías en debatir y poner en acción ideas conducentes para producir los cambios y las transformaciones que se necesitan para enfrentar no sólo las cuestiones fiscales y de liquidez, sino también el gravísimo problema de la ruptura de los vínculos sociales y el de la sustentabilidad político-social de la economía.

Como he señalado en otras oportunidades, nuestro país carece de una estrategia de crecimiento. Ni la mano milagrosa ni el piloto automático pueden decidir nuestro destino, salvo que apostemos al fracaso. De allí que, cuando la crisis se hace presente, sólo se atine a salir del paso. En este caso, su gravedad es tal que esa salida facilista ya no es posible. De esta crisis hay que salir afirmando valores de solidaridad, competitividad, cooperación social y eficiencia en la gestión pública. Con una sociedad que recupere fuerzas y sentido de comunidad. Con una sociedad más débil, con mayor marginalidad, individualismo y escepticismo, difícil será planear el desarrollo e imposible mejorar la calidad de vida de nuestros conciudadanos.

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