De la Rúa: 24 meses en el poder

El Presidente cumple la mitad de su mandato en el peor momento económico de su gestión y en un contexto político que le ha hecho perder buena parte de la confianza popular. La recesión y el alto desempleo, que heredó cuando asumió, sólo se han agravado
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9 de diciembre de 2001  

Cuando el 10 de diciembre de 1999 Fernando de la Rúa juró como presidente de la Nación, las encuestas de opinión pública coincidían en atribuirle una imagen positiva del 75 por ciento. Los datos de hoy son bien distintos: según un sondeo de Gallup terminado el último fin de semana en todo el país, quienes dicen tener una opinión buena o muy buena del primer mandatario sólo llegan al 13 por ciento; un trabajo similar del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría tan sólo registra el 8 por ciento.

Atrás ha quedado la imagen de ese hombre con fama de aburrido que, en plena campaña proselitista, supo seducir al electorado con su imagen austera y sus promesas de que, esta vez, el ajuste lo haría la política y no la gente, al tiempo que bajaría los impuestos.

La luna de miel de De la Rúa duró menos de lo esperado. Al poco tiempo de asumir, él y su primer ministro de Economía, José Luis Machinea, debieron iniciar su gestión pidiendo disculpas a la sociedad. Se puso en marcha el llamado impuestazo y con él surgió la primera fisura en la coalición social, sustentada en los sectores medios, que le dio la victoria a la fórmula De la Rúa-Alvarez con el 50 por ciento de los votos La agenda de la opinión pública por aquel entonces indicaba que la recesión económica, el desempleo, la inseguridad y la corrupción eran los problemas por resolver. Dos años después las mismas inquietudes, sin solución a la vista, siguen dominando el ranking de preocupaciones ciudadanas.

Es cierto que el gobierno de De la Rúa asumió el poder con fuertes factores condicionantes: una elevada deuda pública, un alto nivel de déficit fiscal y un Senado dominado por el justicialismo. Pero también es cierto que la incapacidad política agravó la delicada situación socioeconómica.

De la Rúa y Machinea se fijaron un objetivo estratégico que pasaba por disminuir el déficit de las cuentas públicas para que bajaran las tasas de interés, se expandiera el crédito y se reactivara la economía. Por aquellos tiempos, el propio jefe de Estado hablaba de la posibilidad de conseguir el investment grade, con el que las calificadoras internacionales distinguen a los países menos riesgosos para invertir.

La historia posterior es conocida. Hoy, la Argentina no sólo soporta tres años y medio de recesión, sino que se ha convertido en la economía emergente con mayor tasa de riesgo país, duplicando a Nigeria, y quedó al borde del default.

¿Qué se ha hecho para merecer esto? Desde el justicialismo se cuestiona al Gobierno que intentó combatir la recesión con más recesión. Los economistas de FIEL, por su lado, esgrimen que el pecado original del primer equipo económico de De la Rúa fue basar el ajuste en el aumento de impuestos, mucho más que en el achicamiento de la estructura estatal.

Lo cierto es que el Gobierno nunca pudo salir del círculo vicioso conformado por un elevado déficit fiscal que conduce a un ajuste, que retrae el consumo, acelera la recesión, disminuye la recaudación y vuelve a elevar el déficit.

Del déficit 0 a la confianza 0

Es inocultable que los graves problemas políticos influyeron decisivamente para el fracaso económico.

Curiosamente, las trabas legislativas que muchos imaginaron que tendería el justicialismo no fueron muchas. El Congreso aprobó la reforma laboral, los sucesivos impuestazos y la ley de déficit cero. Han pasado un blindaje financiero por 40.000 millones de dólares, un megacanje de deuda por 30.000 millones, una reprogramación de deudas y el más reciente canje de bonos por 50.000 millones, además de dos pactos fiscales con los gobernadores provinciales. Pese a todo eso, al déficit cero, el Gobierno ha sumado un problema mayor: el de la confianza cero.

El descenso de la credibilidad de la actual administración gubernamental registra un dato clave: la renuncia del vicepresidente Carlos “Chacho” Alvarez. El fundador del Frepaso y uno de los artífices de la Alianza quiso recrear el sentido épico en la sociedad, al exigir una respuesta certera del Gobierno frente al escándalo desatado por el supuesto pago de coimas para la aprobación de la reforma laboral en el Senado de la Nación. Su problema fue que la política tiene poco de idílica.

Habiendo denunciado un pacto de gobernabilidad tarifada que exigía el pago de favores a los senadores justicialistas por parte del Gobierno, tras reclamar la renuncia de quienes eran sindicados por los rumores como los responsables del escándalo, Alvarez fue desairado por De la Rúa. El Presidente nombró como secretario general de la Presidencia a Alberto Flamarique –paradójicamente un frepasista–, cuyo alejamiento del Gobierno era solicitado a gritos por el entonces vicepresidente.

En un gesto que hasta el día de hoy la opinión pública le critica pese a compartir sus fundamentos, Alvarez abandonó el Gobierno y así dejó herida de muerte a la Alianza.

Su salida –que a juicio de observadores debería ser explicada desde la psicología antes que desde la política– agrandó el manto de sospecha de que el Gobierno estuviera escondiendo la basura debajo de la alfombra y puso de manifiesto las frágiles bases en que se cimentaba la Alianza.

Pero la principal consecuencia de la renuncia de Alvarez fue la profundización del descrédito de la dirigencia política. Un sentimiento del que tampoco ha escapado el Poder Judicial, sobre todo después de declararse incompetente para resolver el intríngulis desatado por el escándalo de las coimas en el Senado y tras dejar en libertad al ex presidente Carlos Menem.

De López Murphy a Cavallo

Un segundo hecho fue clave para minar esta vez la confianza de los mercados en el gobierno de De la Rúa: la efímera gestión de Ricardo López Murphy en el Ministerio de Economía.

Frente a las dificultades para reactivar la economía y a la suba del riesgo país, Machinea debió dejarle su lugar en el Palacio de Hacienda al economista de FIEL y hasta entonces ministro de Defensa. Su plan para achicar el gasto público en 3000 millones de pesos mereció un amplio rechazo en la dirigencia política, incluyendo a la conducción del partido radical. De la Rúa respaldó en un principio a su ministro e incluso lo presentó en sociedad ante la asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo, en Santiago, Chile. Escasas horas después de ese hecho, le quitó su apoyo y decidió su reemplazo por Domingo Cavallo.

La llegada del padre de la convertibilidad generó grandes expectativas en la opinión pública. Sin embargo, la desprolija salida de López Murphy y los vaivenes entre la heterodoxia o la ortodoxia del nuevo ministro acentuaron la desconfianza de los mercados.

Pronto llegó un segundo impuestazo, con generalización del IVA y gravamen a las transacciones en cuenta corriente incluidas. El mensaje que interpretaron los mercados era que una vez más se optaba por sacarle dinero a la sociedad para financiar el déficit del Estado y se postergaba el ajuste del gasto público improductivo y de los privilegios de la dispendiosa clase política.

El llamado plan de competitividad lanzado por Cavallo, igual que el tantas veces anunciado y nunca concretado plan de infraestructura, pronto quedó en el olvido. La disparada del riesgo país y de las tasas de interés, junto a la imposibilidad de hacer frente a los compromisos de la deuda pública, situación agravada por las restricciones financieras internacionales tras el atentado contra las Torres Gemelas del 11 de septiembre último, forzaron al Gobierno a volver a la ortodoxia.

Nació así la regla del déficit cero, cuyo cumplimiento sólo duró dos meses. Igual que con las últimas medidas que restringen la extracción de fondos de los bancos, los planes de Cavallo tienen una particularidad. Suelen ser lo más parecido a viajar en un auto a 150 kilómetros por hora y frenar de golpe: seguramente, más de uno seguirá de largo a través del parabrisas. La desconfianza se agudizó tras las elecciones legislativas del 14 de octubre. La Alianza, que en 1997 había obtenido el 46 por ciento de votos y que dos años después cosechó el 44 por ciento, vio reducido su apoyo a menos de la mitad: apenas alcanzó el 21,8 por ciento de los sufragios positivos, un guarismo que se reduce al 16,9 por ciento si se excluyen los votos en blanco y anulados –la vedette de los comicios– y a tan sólo el 12,3 por ciento del padrón total.

La descomposición de la Alianza, las diferencias internas dentro del partido gobernante y la relación de fuerzas en el Congreso, donde el justicialismo acaba de designar a Ramón Puerta como presidente del Senado y primero en la cadena sucesoria, aumentaron la incertidumbre.

Contradicciones

En estas condiciones iniciará mañana De la Rúa la segunda mitad de su mandato. Con una concertación no exenta de la sospecha de que se trata de una simple maniobra para ganar tiempo. Con un ministro de Economía que hoy está lejos de ser visualizado por la gente como el salvador de la República, que ha dejado de ser el niño mimado de los organismos financieros internacionales. Y con un justicialismo que se prepara para conducir la transición frente a la posibilidad de que deba ponerse en marcha la ley de acefalía.

Las contradicciones están a la orden del día. De la Rúa convoca a la unidad nacional y al diálogo, pero se resiste a compartir el poder con el justicialismo, ante la probabilidad de transformarse en un rey que no gobierna, al tiempo que los principales hombres del PJ se niegan a formar parte de un gobierno cuya gestión se ha devorado a figuras políticas de la magnitud de Alvarez, Cavallo o Graciela Fernández Meijide.

Desde hace bastante tiempo, la situación del Gobierno se asemeja a la de esas empresas con serias dificultades financieras a las que los bancos dudan en auxiliar porque sospechan que su presidente no conduce la compañía y que su gerente de finanzas no goza de la confianza de su directorio. Una regla de oro de la comunicación institucional indica que cualquier empresa que sufre una crisis jamás puede ponerse en el papel de víctima. El gobierno delarruista tuvo una constante: desde que asumió, intentó mostrarse como víctima. Víctima de la “herencia recibida”, de las inoportunas declaraciones de Raúl Alfonsín contra la convertibilidad, de los gobernadores justicialistas, de los “buitres” que apuestan a la caída del modelo económico y hasta de los humoristas políticos que caricaturizan al Presidente.

Hoy, el gobierno de De la Rúa se muestra débil. Buena parte de la sociedad parece haber quedado atrapada por el cerco de un sistema financiero que hasta no hace mucho era el principal pilar del modelo económico. Pero el Gobierno parece cercado por sus propias contradicciones y por la desconfianza.

En los últimos días, el rumor sobre el alejamiento del ministro de Economía volvió a ganar la opinión pública. De la Rúa lo ha ratificado; nadie sabe si porque todavía confía en él o porque necesita tener a alguien como él para echarle la culpa de las penurias económicas.

El fantasma de la inestabilidad política ha vuelto a sobrevolar. Las encuestas dan cuenta del disgusto ciudadano con la gestión del Gobierno. Pero tammbién señalan que muy pocos desean que el Presidente no concluya su período constitucional.

Bill Clinton gobernó durante ocho años con un Congreso manejado por la oposición. Las comparaciones suelen ser odiosas. Ni De la Rúa es Clinton ni la Argentina es Estados Unidos.

Sin embargo, en nuestros días, la opinión pública es un componente fundamental para la gobernabilidad. El dato alentador, pese a la franca caída de la imagen positiva del actual gobierno, es que la ciudadanía parece decidida a no actuar como en otros tiempos, de los que extrajo durísimas lecciones.

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