De la preocupación al silencio. El actuar de los organismos de Derechos Humanos en cuarentena

Luis Espinoza, de 31 años y padre de seis hijos, fue asesinado durante un violento operativo policial el viernes 15 de mayo en el sur de Tucumán. Su cuerpo fue encontrado una semana más tarde en el fondo de un acantilado en Catamarca
Luis Espinoza, de 31 años y padre de seis hijos, fue asesinado durante un violento operativo policial el viernes 15 de mayo en el sur de Tucumán. Su cuerpo fue encontrado una semana más tarde en el fondo de un acantilado en Catamarca Crédito: Twitter
Daniel Santa Cruz
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12 de julio de 2020  • 02:54

¿Qué tienen en común los siguientes casos? La desaparición y asesinato de Luis Espinoza, ocurrido en Tucumán durante un operativo por una carrera de caballos ilegal; la detención de Walter Ceferino Nadal, un hombre de 43 años que murió por asfixia durante el operativo de efectivos policiales de Tucumán en un hecho muy parecido al de George Floyd, asesinado en las mismas circunstancias en Minneapolis, Estados Unidos, hecho que conmocionó al mundo entero; el reciente asesinato de Lucas Nahuel Verón, en La Matanza; la desaparición de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años que fue visto por última vez el 30 de abril pasado en el partido bonaerense de Villarino; la muerte de Florencia Magalí Morales, que fue detenida por violar la cuarentena y luego, la encontraron muerta en un calabozo de una comisaría de Santa Rosa de Conlara en San Luis; la muerte de Hugo Coronel, también sucedida en una comisaría pero de Santiago del Estero; la violación de domicilio y detención arbitraria -con denuncias de torturas y apremios ilegales- de un grupo de jóvenes de la comunidad Qom en Chaco; y las graves denuncias sobre represiones con balazos de goma injustificados en esa misma provincia, entre otros hechos acontecidos en los meses de cuarentena.

La respuesta es rápida de encontrar: en todos los casos, los acusados y sospechosos son miembros de policías provinciales de gobiernos que pertenecen al oficialismo nacional, el Frente de Todos.

En algunos de ellos existieron respuestas oficiales rápidas. El gobernador Axel Kicillof, por ejemplo, apartó inmediatamente a los policías sospechados por la desaparición de Facundo Castro y señaló que su gobierno no encubrirá a nadie. "Lo afirmo con toda claridad: no vamos a encubrir a nadie y tampoco prejuzgar a nadie", sentenció el viernes pasado.

En otros, no hubo una respuesta tan vertiginosa, como en Tucumán. Días después de que el cuerpo de Luis Espinoza fuera encontrado en Catamarca, el presidente Alberto Fernández visitó la provincia y, tanto el primer mandatario como el gobernador, Juan Manzur, hicieron silencio respecto al caso que conmocionaba a gran parte de la sociedad del jardín de la patria.

Violencia policial y discriminación en Chaco: atacaron a una familia Qom
Violencia policial y discriminación en Chaco: atacaron a una familia Qom Fuente: Archivo

Pero lo realmente llamativo es el silencio público de los Organismos de Derechos Humanos ante estos casos. ¿Por qué no hay denuncias mediáticas respecto a estos casos? ¿Por qué no hay siquiera campañas en las redes pidiendo justicia? ¿Por qué los pronunciamientos son tan débiles?

Cualquiera de estas víctimas merecería, al menos, que haya voces preocupadas por ellos de parte estos organismos y que haya pedido de justicia públicos, sin especular y sin temer erosionar al gobernante que le toque cargar con la responsabilidad política de cada caso.

Sin embargo, el 21 de junio pasado varias organizaciones de Derechos Humanos acordaron manifestarse a través de una carta que le hicieron llegar al Presidente "a favor de derechos humanos básicos, como lo son la vida y la salud". No dejaron pasar la oportunidad y dijeron: "No estamos de acuerdo con los que demonizan la cuarentena y menosprecian el peligro de la pandemia".

La carta no habla de la suspensión de algunos derechos civiles, que la lucha frente a la pandemia ha generado, seguramente con razón en algunas situaciones y sin ella, en otras. Ese debate lo está dando un sector de la sociedad que está preocupado por la realidad diaria y que sufre las restricciones para circular, para trabajar e, incluso, hasta para manifestarse. No cuentan con el apoyo de dirigentes de Derechos Humanos que, para muchos comunicadores, son considerados voces calificadas para el tratamiento de estos temas de agenda pública.

Pese a todo lo anterior, sí recordaron un pedido de reunión con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, debido a "la evolución alarmante de la pandemia en la ciudad, especialmente luego de las medidas de flexibilización" del aislamiento a partir de principios de mayo. Curioso que la preocupación de los referentes de los Derechos Humanos esté anclada solo de un lado de la General Paz.

La cuarentena y el aislamiento social no deberían ser un escollo para aquellas familias, que no eligieron ser víctimas del gobierno de turno. Sufren pérdidas sin poder contar con campañas de apoyo de parte de quienes trabajan en defensa de los Derechos Humanos. Sería de un valor inconmensurable escuchar las voces enérgicas de estos organismos, que sí aparecieron con gran fuerza en casos anteriores como fueron el de Santiago Maldonado o el de Rafael Nahuel.

Deberíamos reflexionar sobre esto: si hay víctimas de hechos violentos realizados por fuerzas de seguridad estatales, hay responsables penales, pero también existen los responsables políticos. Y para actuar en cada uno de estos casos, lo que menos debería influir a la hora de exigir justicia y esclarecimiento es el color de pertenencia política de los gobernantes.

Algo lógico, pero con sabor a mucho.

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