Debate por una ley de semillas

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28 de febrero de 2004  

El conflicto que crea el desconocimiento de los derechos de propiedad de semillas genéticamente mejoradas ha dado lugar a una iniciativa de la cartera de Agricultura, que propicia la sanción de una ley para asegurar su percepción. Según expresamos en un reciente editorial, sólo una pequeña proporción de las semillas de estos cultivos es adquirida por los productores a las empresas dueñas de esos derechos, que son obtenidos mediante investigaciones, reconocidas por la autoridad pública y certificadas para su venta. Este sistema, fundado en un acuerdo internacional, reconoce el costo de la invención mejoradora de las simientes y así promotora de mejores cosechas. Los agricultores que adquieren estas simientes certificadas, oblando las regalías correspondientes, están habilitados a utilizar los granos cosechados para nuevas siembras, pero no cuando esa semilla se vende a terceros para su siembra, hecho este que viola el referido derecho de propiedad del inventor.

Pero dado que este mercado, denominado de "bolsas blancas", ha crecido significativamente y los esfuerzos tanto del Estado como de los semilleros por controlarlo han resultado infructuosos, se ha pensado en la creación de un fondo fiduciario, autorizado a cobrar una alícuota del valor de la primera venta de las cosechas, la que sería transferida a los creadores de esas simientes, se supone que proporcionalmente a su participación en el mercado, y devolviendo el monto de las regalías a quienes las hubieran satisfecho. Se piensa en reservar una porción de la recaudación para estimular la investigación nacional en la materia.

El propósito no tendría legitimidad alguna si se tratara de garantizar el cumplimiento de una relación comercial entre privados. El fundamento consiste en que la continuidad de la práctica evasora referida implica una erosión del potencial productivo agrícola, por cuanto ha cundido ya el desaliento por invertir en el mejoramiento de las simientes de los principales cultivos. Mientras en otras naciones los agricultores reconocen esos derechos, en la Argentina, tal vez por reacciones adversas a una imposición adicional, sustentadas, por ejemplo, en la contrariedad ante las retenciones a las exportaciones, en gabelas provinciales o municipales de dudoso destino, lo cierto es que se ha desarrollado una cultura tendiente a no reconocer el pago de regalías a los semilleros. La creación del referido fondo podría resultar una vía para la resolución del caso siempre que se cumplan condiciones como la participación de los productores en la determinación de las alícuotas que se percibirán y otros varios aspectos, por ejemplo, las condiciones referidas a quienes prefieran pagar las regalías con su derecho a utilizar los granos cosechados para nuevas siembras.

La sanción de un nuevo impuesto no es un tema menor; debe ser objeto de amplio debate antes de su consideración en el Congreso y dentro de él. La continuidad de la situación actual tampoco es una cuestión menor, por cuanto el progreso tecnológico y, en su contexto, la participación de la genética, ha sido y seguirá siendo la clave del progreso agrícola con todas sus notables consecuencias. La ley sólo deberá ser sancionada si del debate surge un equilibrio creativo.

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