Demandas ciudadanas y el control de la política

Las protestas y movilizaciones ciudadanas que dieron lugar a la renuncia de dos presidentes en un período de trece días y que últimamente han dominado la escena pública parecerían haber dejado perpleja a gran parte de la sociedad política. Si bien muchas de estas movilizaciones han estado motivadas por el congelamiento de los depósitos bancarios y por la desesperación que provocan la pobreza creciente y la interminable recesión económica, sería erróneo reducir la actual ola de movilizaciones a un mero reclamo particularista o económico. Consignas como "¡Que se vayan todos!" o "Un corte a la Corte", no se refieren al corralito o a la devolución de los ahorros, sino a la ruptura de la confianza en las autoridades representativas y a la necesidad de una reforma. Dichas demandas expresan una fenomenal crisis de representación y la profundidad del divorcio entre la sociedad civil y el sistema político. Sin subestimar los elementos particulares que explican dichas manifestaciones, creemos necesario ubicar estos hechos en una mirada de largo plazo. Una crisis de representación tan profunda como la que afecta al sistema representativo argentino no surge de la noche a la mañana, ni es producto exclusivo de una errónea decisión de política económica.

Evaluaciones recientes acerca de la calidad de la democracia en los países de la región señalaban la presencia de serios déficit en los mecanismos representativos y en la efectividad de las agencias destinadas a controlarlos. No hace mucho, Guillermo O´Donnell, un estudioso de la realidad latinoamericana, advertía, que si los déficit señalados no eran corregidos, la institucionalidad democrática podía verse amenazada no por los tradicionales golpes militares, sino por una imperceptible e incontenible "muerte lenta".

Sin embargo, además de estos déficit, la realidad latinoamericana presentaba otra novedad. En la mayoría de los países podía observarse la creciente importancia que estaban adquiriendo las acciones de un abanico de movimientos sociales, de una red de ONG y de actores mediáticos motivados por una común preocupación por mejorar el funcionamiento y la calidad de la vida democrática. En la última década surgió una serie de iniciativas ciudadanas orientadas a controlar la legalidad de las acciones de los funcionarios públicos, y a desarrollar mecanismos de control y monitoreo ciudadano de los poderes estatales. Los actores, las estrategias empleadas y la efectividad de los mismos varían de sociedad en sociedad y de caso en caso. Existen ejemplos exitosos como la Alianza Cívica en México, que contribuyó a transformar el régimen mexicano monitoreando la transparencia del proceso electoral, o la prensa independiente en el Perú que denunció las operaciones ilegales del régimen de Fujimori y de su asesor Montesinos.

La Argentina no ha sido una excepción. En los últimos años, distintos sectores de la sociedad civil y de los medios han hecho escuchar su voz en el escenario político. Recordemos las denuncias de casos de corrupción que dieron lugar a numerosos escándalos mediáticos, o las masivas movilizaciones en demanda de justicia que suscitaron los casos de María Soledad Morales, Omar Carrasco, José Luis Cabezas, o los atentados a la embajada israelí y a la AMIA. Muchas de estas denuncias y movilizaciones resultaron en el control de acciones de gobierno específicas o en la creación de instituciones de control y monitoreo de los actos públicos.

En la obra Controlando La Política estudiamos en forma sistemática esta pluralidad de iniciativas y acciones de la sociedad civil y de los medios que están teniendo lugar en varios países de la región. Llamamos a esta nueva forma de politización, orientada a controlar la legalidad de las acciones de los funcionarios públicos y al desarrollo de mecanismos de monitoreo de los actos públicos, accountability social. El estudio permite entender la forma en que estos mecanismos sociales de control operan, sus diferencias con los mecanismos tradicionales de control, así como el contexto más amplio en el que se inscribe la actual ola de protestas y movilizaciones.

A diferencia de los mecanismos institucionales de control, como las elecciones, la separación de poderes o los pesos y contrapesos, los mecanismos sociales no son imperativos. Una ONG, un periódico o una marcha de silencio carecen de mecanismos institucionales para obligar a las autoridades a rendir cuentas o para sancionarlas institucionalmente. Sin embargo, esta carencia es atenuada por la capacidad que tienen para castigar simbólicamente o en su reputación a los individuos o agencias involucradas. Los mecanismos sociales controlan exponiendo y denunciando actos presumiblemente ilegales, estableciendo organizaciones paralelas de "vigilancia social" del desempeño de agentes u oficinas públicas y activando la operación de los mecanismos institucionales. La sanción social que provoca la revelación de irregularidades puede resultar en la destrucción de un recurso fundamental de los funcionarios públicos: su reputación pública. La amenaza de la sanción social o la amenaza de una acusación por complicidad, fuerza al Parlamento y a los jueces a activar la operación de los instrumentos institucionales de control y disuade a muchos de ellos de cometer actos ilícitos. Aun cuando los mecanismos sociales no tienen poder de coerción, su presencia amenaza con la imposición de costos considerables a aquellos que se arriesguen a desoírlos. Sin embargo, el ruido y la desaprobación social son necesarios, pero sin instituciones que las transformen en decisiones imperativas y legítimas su efectividad puede diluirse.

Cabe preguntarse acerca de las conexiones entre las actuales demandas ciudadanas y las iniciativas de accountability social que emergieron en los años previos. ¿Son los cacerolazos y el actual descontento con el sistema representativo producto del fracaso de esta forma de politización? Indudablemente, la actual crisis de las instituciones puede leerse como producto de la indiferencia ante los reclamos por un mejoramiento de la calidad institucional. Sin embargo, el nivel de amenaza y la efectividad demostrada por estas manifestaciones también puede leerse como que el accountability social se ha instalado como una latente y creíble amenaza para la supervivencia de cualquier gobierno. Ahora, tanto los políticos como los ciudadanos saben que los mecanismos sociales de control pueden imponer no sólo importantes costos sino también que es riesgoso ignorarlos.