Demora de un museo necesario
Por una extraña contradicción, y sin que medie explicación alguna de parte de las autoridades de turno, la posibilidad de ampliar el Museo de Arte Moderno y unirlo al Museo del Cine, según el proyecto del arquitecto Emilio Ambasz, se aleja cada día más, cuando el arte y el cine argentinos viven días de efervescencia y producción únicos.
Han pasado siete años -y cinco secretarios de cultura- sin que se haya avanzado un paso para concretar un proyecto necesario. Es más, casi podría decirse que los pasos se han dado hacia atrás. El día que Ambasz regaló el proyecto, las autoridades del museo, los amigos y los artistas, sobre todo los artistas, sintieron que tocaban el cielo con las manos. Finalmente, el arte moderno tendría su lugar en la ciudad de Buenos Aires. Desde su fundación -en 1958, por iniciativa de Rafael Squirru-, sus colecciones vivían un destino errático. Sin sede propia hasta fines de los ochenta, cuando se mudó al edificio ladrillero, ex Piccardo, reciclado por el arquitecto Santiago Sánchez Elía. De vuelta en foja cero.
Los datos de la realidad dicen que la obra de ampliación fue adjudicada en febrero de 2003, previo cumplimiento de todos los procedimientos correspondientes. De acuerdo con las reglas expresamente aplicables, con la adjudicación de dicha licitación sólo quedaban pendientes la firma del contrato y la ejecución de la obra, que, desde el vamos, tenía la financiación del BID. Inexplicable. Con un procedimiento concluido, se permitieron presentaciones prohibidas por las propias reglas de la licitación, totalmente extemporáneas e infundadas, generando el efecto de un teléfono descompuesto. Ante la maraña burocrática, el BID podría dejar sin efecto la financiación de la obra, sin dejar de recordar que "la decisión de la contratación es responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires [GCBA]". Es raro, pese a reconocer que no hay irregularidades, la Procuración General del GCBA considera que la adjudicación debe anularse por "falta de presupuesto" y prepara un proyecto de decreto que anula la licitación.
Por este camino es probable que no haya ampliación, obra imprescindible para el resguardo del patrimonio y estratégica para el posicionamiento del Sur como polo cultural. No se equivocan quienes piensan que la decisión que debe tomar Ibarra es de naturaleza política. "Si no se registran irregularidades", quedan dos opciones por delante: hacer pública la situación del crédito del BID o recurrir a los fondos propios. Un colaborador muy cercano al jefe de gobierno admitió que "la obra tiene una partida presupuestaria aprobada".