Denuncia la ONU el régimen venezolano

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29 de junio de 2018  

El alto comisionado de las Naciones Unidas, el jordano Zeid Ra'ad Al Hussein, se refirió en términos inusualmente precisos a la situación de los derechos humanos en Venezuela, a la que calificó de "lamentable". Sin ambages, agregó que las violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad chavistas sugieren que "el Estado de Derecho está prácticamente ausente en Venezuela", lo cual avergüenza no solo al país caribeño, sino a toda la región. Tardía quizá, pero esa denuncia está ya sobre la mesa y no puede ser ignorada ni, mucho menos, volverse objeto de hipócritas posturas indulgentes.

Desde esta convicción, el alto comisionado pide que se establezca una comisión investigadora internacional, al más alto nivel, medida que nuestro país debe priorizar y apoyar para que la propuesta se materialice sin demoras en el ámbito propio del Consejo de Derechos Humanos de la organización internacional más importante del mundo.

El gobierno de Venezuela, como cabía suponer, ha reiterado que no acepta ni aceptará el tipo de investigaciones independientes que la ONU está requiriendo.

La información utilizada por la ONU para justificar la denuncia de las aberrantes atrocidades venezolanas incluye la suministrada por la exfiscal chavista Luisa Ortega Díaz, quien luego de ser defenestrada en agosto pasado, vive hoy en el exilio como tantos opositores a los que el populista y autoritario Maduro persigue perversa y empecinadamente.

La ONU denuncia expresamente que en Venezuela existen inaceptables ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual, simulacros de ejecución y hasta descargas con picanas eléctricas, de las que son regularmente víctimas los opositores al régimen.

La tragedia venezolana perdura y se agrava cada día más. Era ya tiempo de que un alto organismo con importante representatividad en la región denunciara formalmente al régimen chavista.

Tarde o temprano, Maduro y sus colaboradores civiles y militares deberán hacerse cargo de los gravísimos delitos denunciados que no han de prescribir por ser presumiblemente de lesa humanidad.

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