Derechos humanos para todos

Nuevamente desde el exterior se señala el rumbo correcto para una cuestión que en nuestro país está teñida de un fuerte contenido ideológico que impide adoptar decisiones que están en un todo de acuerdo con el derecho humanitario internacional. Según noticias provenientes de la República de Chile , el gobierno del presidente Sebastián Piñera presentará en los próximos días un proyecto de ley destinado a conmutar la pena de enfermos terminales o de muy avanzada edad, o que padezcan el mal de Alzheimer, cuya permanencia en un recinto carcelario no contribuya a la reinserción o a los otros objetivos por los cuales los tribunales de justicia ordenaron su reclusión.

En lugar de un centro de detención, el proyecto propone arresto domiciliario total. Según lo explicado desde el Poder Ejecutivo, se mantiene el castigo de privarlos de su libertad, pero se respeta el derecho a tener una muerte digna. El proyecto no hace distinción entre delincuentes comunes y condenados por violaciones a los derechos humanos. La iniciativa se basa en el criterio de que no se trata de remitirles la pena, sino permitir que la cumplan bajo arresto domiciliario, junto a su familia.

El presidente del Senado chileno, Carlos Montes, si bien no es partidario en términos generales de incluir a condenados por violaciones a los derechos humanos, adelantó que requerirá tres condiciones para aprobar el proyecto de ley: la colaboración, el arrepentimiento y una certificación independiente del estado de salud del postulante. Sobre el particular, el director de la División América de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, destacó que exigir arrepentimiento "puede ser tenido en cuenta como una razón adicional para otorgarle un beneficio, pero no debería ser una exigencia en situaciones graves de salud", y que "forzar a ello para ser liberados podría constituir un trato cruel, inhumano y degradante".

Como hemos señalado desde esta columna, resulta vergonzoso el padecimiento de condenados, procesados e incluso de sospechosos de la comisión de delitos durante los años de la represión subversiva y que se hallan en cárceles a pesar de su ancianidad y de padecer enfermedades graves, por lo general terminales. En este sentido, los familiares, nucleados en la Asociación Civil Puentes para la Legalidad, han venido cuestionando "el trato discriminatorio de un gran número de argentinos que sufren cárcel sin pruebas que acrediten sus supuestas culpabilidades, prisiones preventivas que promedian los seis años y presos mayores de 70 años y enfermos que no pueden ejercer su derecho a la prisión domiciliaria". Además señalaron que más de 360 personas privadas de su libertad murieron en cautiverio, lo que muestra la sistemática denegación de derechos a un sector de la población argentina y que merece una atención urgente de la Justicia y de las autoridades competentes, sufriendo inmerecidamente marginación y condiciones contrarias a los derechos universales.

Sobre el particular merece destacarse lo expresado por el obispo castrense, monseñor Santiago Olivera, quien a través de una carta de lectores publicada en LA NACION, entre otros conceptos, expresó valientemente: "Hablar de algunos temas no es fácil, pero hay que hablar, para no ser tildados de cobardes o de permanecer callados frente a tanta injusticia y al dolor de muchos. Aunque nos cueste escucharlo o suponga algún dolor de cabeza, la situación de muchos detenidos por delitos de lesa humanidad es una vergüenza para la República: una discriminación nunca vista en democracia, llevada a cabo especialmente por algunos miembros del Poder Judicial, con el silencio cómplice de algunos de los miembros de otros poderes y de buena parte de la dirigencia nacional".

El obispo también subrayó que "no podemos mirar la historia con un ojo solo" y que "necesitamos una mirada compasiva sobre todos aquellos a los cuales les tocó vivir la locura del enfrentamiento fratricida de aquellas épocas". Abogó por "pedir justicia con fuerza, coraje y valentía, porque muchos hermanos argentinos mueren en las cárceles o en sus domicilios sin condena", y se preguntó si "es esto justicia". Es de desear que sus palabras, atendiendo una justa demanda para respetar los derechos humanos de todos, sean escuchadas por quienes de una u otra manera están, por acción u omisión, violando el más elemental y natural de los derechos.