Derechos humanos y legalidad

Seguramente el jueves, 24 de marzo, el Gobierno desplegará toda su artificiosa liturgia para celebrar el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. La institución de ese feriado y su denominación muestran una visión sesgada, parcial y engañosa de la historia. Si de memoria y de verdad se trata, resulta inconcebible que el 24 de marzo de 1976 no sea considerado como la consecuencia de una profunda y caótica crisis que estaba caracterizada por la degradación, el vacío de poder, la corrupción y una guerra ya desatada contra un terrorismo apabullante. Así fue visto en aquel entonces por la mayor parte de los argentinos.

Como siempre, la fiesta abundará en la exaltación de los derechos humanos a través de genuinos intérpretes de una concepción groseramente restringida de tales derechos, opuesta a la nota esencial de universalidad que debe caracterizarlos. Es una concepción viciosa, para no andar con eufemismos, que hoy, para una parte importante de los argentinos, sustituye a la legalidad. Ya no rigen ni las garantías constitucionales ni el Código Penal para aquellos que han sido fulminados por la acusación de haber cometido delitos de "lesa humanidad", figura difusa que alcanza, además de a los militares y fuerzas de seguridad que participaron en la guerra contra la subversión en los años 70, a cualquier ciudadano a designio del Gobierno. No es una afirmación retórica. Con esa calificación utilizada para alegar la imprescriptibilidad, la señora Herrera de Noble y sus hijos sufren una implacable persecución judicial; José Alfredo Martínez de Hoz y Jaime Smart están presos y desde la Presidencia de la Nación se impulsó el procesamiento y encarcelamiento de conocidos empresarios vinculados a los medios de prensa más importantes.

Esta política de venganza por motivaciones ideológicas y resentimiento se intensificó a partir del gobierno de Néstor Kirchner, a cuya instancia el Congreso resolvió anular los indultos que habían sido homologados por la Corte Suprema y las leyes de obediencia debida y punto final que habían extinguido las acciones penales. Estas leyes habían sido sancionadas por gobiernos constitucionales y por parlamentos plenamente representativos, que interpretaron la voluntad ciudadana de superar un pasado de violencia y confrontación. Las leyes de amnistía fueron declaradas constitucionales por el mismo alto tribunal que luego, a través de los fallos "Arancibia Clavel", "Lariz Iriondo", "Simón" y "Mazzeo", obedeciendo órdenes del Poder Ejecutivo, posibilitó la reapertura de los procesos.

De esta forma se vulneró la garantía de la cosa juzgada, violando de modo manifiesto el principio de legalidad, aplicando retroactivamente normas penales, desnaturalizando la forma republicana de gobierno y desconociendo la presunción de inocencia que tienen todos los procesados. Se ha negado la detención domiciliaria a quienes en derecho les corresponde. Se ha excedido en mucho el límite de dos años impuesto para la prisión preventiva por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su ley reglamentaria. Se ha ejecutado, además, un amplio abanico de medidas persecutorias que sólo sirven para profundizar la discordia y frustrar la necesaria unión nacional. Así, hay hoy mil presos políticos y ciento veinte muertos en cautiverio. Son presos políticos por cuanto su persecución y encierro obedece a una voluntad política, con la necesaria complicidad de los legisladores que anularon las leyes mencionadas, haciendo tabla rasa con un principio elemental: el Congreso no puede anular las leyes, sino, en todo caso, derogarlas para el futuro. Sin duda, lo más grave ha sido la disposición de la mayoría de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, que terminó avalando esas nulidades.

Quienes juzgaron a la junta de comandantes fueron entrevistados en el suplemento Enfoques, editado por este diario, el 15 de agosto de 2010, y Julio César Strassera afirmó: "Este gobierno quiere prolongar estos juicios como forma de agitar la banderita de los derechos humanos". En tanto, Guillermo Ledesma dijo: "Nosotros, en 1985, no juzgamos a las Juntas por delitos de lesa humanidad, juzgamos por delitos comunes". Y más adelante: "Yo creo que si se admite la imprescriptibilidad, que como dije viola el principio de legalidad, también debían ser juzgados hoy en día los líderes de la subversión". Finalmente, sostuvo que "el principio de legalidad no puede ser derogado por nada, porque es uno de los logros más importantes de la civilización". Por último, Luis Moreno Ocampo opinó: "Yo creo que es válida la objeción de Ledesma de que los crímenes de lesa humanidad, si no se utilizaron en el juicio, no se pueden utilizar para la prescripción. Aquí hay un problema grave de prescripción".

En varias oportunidades el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, ante ministros, políticos, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, ha declarado que "no habrá marcha atrás en los juicios de derechos humanos", que el avance de estas causas no sólo es el resultado de una decisión política, sino del involucramiento de todos los poderes, y en especial, enfatizó, del Poder Judicial. Manifestó además que "el avance de los juicios por derechos humanos son el resultado del esfuerzo institucional de los tres poderes del Estado". Y afirmó que valoraba la decisión del Congreso de anular las leyes de punto final y de obediencia debida, así como la de la propia Corte de declarar imprescriptibles los delitos de lesa humanidad. Por último, agregó que se había creado una comisión inter-poderes para llevar adelante esa política de derechos humanos como una política de Estado. Con estas manifestaciones cometió un grosero prejuzgamiento, revalidó el funesto error en el que incurrió la Corte y evidenció que se ha operado la sustitución del Código Penal por una difusa política de derechos humanos.

El desprecio por los grandes principios del derecho y el abandono de la legalidad significan la destrucción del sistema civilizado de convivencia. Ningún ciudadano debería consentirlo y ningún hombre de derecho debería dejar de denunciarlo. Es necesario reaccionar con la fuerza de la ley para que se restablezca un orden justo, soporte indispensable de la paz y la concordia. © La Nacion