El campo, otra vez esquilmado

El ajuste se realizó mucho más a expensas del sector privado que de un Estado reacio a comportarse con ejemplaridad en el manejo de sus recursos
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29 de diciembre de 2018  

La Argentina ha debido realizar un ajuste económico y financiero fortísimo, con pocos precedentes en su pasado, si es que los ha habido. Ha sido el precio final por un sinceramiento de las cuentas públicas que el gobierno de Mauricio Macri demoró desde el día de su asunción. Actuó así hasta que sintió que el piso se resquebrajaba bajo sus pies. Los costos por esa dilación en tomar el toro por las astas van necesariamente a la cuenta de este gobierno, pero no debería ser menor la parte que corresponde en realidad a la sociedad en su conjunto, tan reacia a comprender el compromiso de que el Estado es, en última instancia, como una familia: no puede gastar más de lo que ingresa, a riesgo de quedarse un día sin casa, sin auto y sin crédito.

Es tal el cinismo nacional en estas cuestiones que cualquier político es capaz de agotar las posibilidades del diccionario de la lengua a fin de evitar llamar las cosas por su nombre. Pero un ajuste es un ajuste. El último ha sido hecho cuando, por falta de otros acreedores accesibles, hubo que recurrir una vez más al Fondo Monetario Internacional. No hay préstamo sin reglas por cumplir, más si se tiene una trayectoria de insolvencia serial, como la de nuestro país que, incluso, llegó a celebrar un default en el Congreso de la Nación.

El problema es que el ajuste se ha realizado mucho más a expensas del sector privado con ingresos declarados y, por lo tanto, en la legalidad que de un Estado reacio, hasta en situaciones extremas, a comportarse con ejemplaridad en el manejo de sus recursos. Una de las consecuencias del ajuste ha sido, al violentarse los juramentos con los cuales Cambiemos llegó al Gobierno, la reinstalación de derechos de exportación con los que se había aliviado inicialmente la situación del campo.

Estamos lejos, en verdad, de la exacción que los productores agropecuarios sufrían en septiembre de 2015, entre los últimos estertores de esa maquinaria, además muy corrupta, que fue el kirchnerismo. En ese momento, la apropiación por el Estado de la renta agrícola era del 94,1%. Se desglosaba de esta manera, según datos de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA): 85,3%, en el caso de la soja; 123,9%, en el del maíz; 136,4, en el del trigo; 96,5, en el del girasol.

Con el ajuste de los últimos meses, el Estado participa ahora, de acuerdo con promedios ponderados, del 66% de la renta originada por la soja; 51,1%, en la del maíz; 51,3%, en la del trigo, y 68,4%, en la del girasol.

¿Sobre qué otra actividad lícita pesa en la Argentina una confiscación de esa magnitud? ¿En qué país del mundo los tributos alcanzan tal dimensión sin una contribución al menos correlativa que garantice, entre otros derechos esenciales, la seguridad individual de los habitantes de las zonas rurales, y una infraestructura suficiente para asegurar el desplazamiento de personas, vehículos, haciendas?

La campaña agrícola 2017/18 fue en general un desastre que provocó la merma de unos 8000 millones de dólares de ingresos. La campaña actual es mejor: los resultados de la cosecha fina han sido razonables y los de la cosecha gruesa en curso se proyectan de igual modo, a pesar de algunos reiterados fenómenos críticos: granizo y heladas, sobre todo en diversas partes de la provincia de Buenos Aires, y ahora anegamientos por exceso de lluvia en campos planos del noreste bonaerense, lo que fuerza a la resiembra de cultivos con los sobrecostos que ello implica.

El riesgo país ha vuelto a subir no tanto por lo delicado de la situación económico-financiera, sino por la incertidumbre sobre los resultados electorales de las próximas elecciones, en octubre de 2019. Políticos que han vendido su alma reiteradas veces en pos de alguna ventaja política personal no hacen la mejor contribución a esta situación aproximándose a quienes están señalados por haber llevado la Argentina a su quiebra política, moral y económica. Sobre ellos el mundo, y en particular las potencias centrales, han dado un veredicto clarísimo. Falta que lo haga la sociedad argentina para que se esclarezca un horizonte cuyos nubarrones constituyen un presagio negro para quienes más han sufrido las nefastas experiencias del siglo XXI.

Entre estos se encuentran los productores agropecuarios.

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