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Dialogar para resolver conflictos
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LA NACION
La noticia de la construcción de dos represas sobre el río Santa Cruz y de dos nuevas centrales nucleares que serían financiadas por China ha vuelto a traer a discusión la "cuestión ambiental", o el tema de qué relación se establece en nuestro país entre la sociedad y su ambiente. ¿Cuánto del ambiente estamos dispuestos a sacrificar para lograr ciertos fines? ¿Quién, cómo y dónde se realizan las negociaciones y los acuerdos para responder esa pregunta?
Cuando aparece algún tema que podría tener efectos ambientales (minería, producción sojera, grandes represas o instalación de una industria), se entabla una discusión donde interviene una serie de participantes: los más importantes y con distinto protagonismo en cada caso son los gobiernos, las empresas, el ambientalismo y crecientemente las poblaciones locales potencialmente afectadas por los proyectos; en segundo plano aparecen otros como el sistema científico y los medios de comunicación. A las polémicas que desencadenan estos procesos de confrontación sigue muchas veces un conflicto abierto, donde diferentes actores inician acciones legales y otras de tipo directo, como manifestaciones y cortes de rutas, respondidas con otras acciones legales y, a veces, con represión violenta. Los conflictos se alargan hasta que llega una solución no generada por acuerdo, sino por imposiciones externas: la justicia, el abandono del proyecto por cuestiones económicas o su continuación ante la debilidad de los opositores. De este modo, el resultado es que uno pierde todo y el otro gana todo.
Los conflictos socioambientales son relativamente nuevos en la Argentina: hasta hace unos 20 años, cuando se decidía un proyecto como de los que estamos hablando las protestas y las discusiones no pasaban del ámbito académico y a nadie se le pasaba por la cabeza que podía intervenir la población local o movimientos como el ambientalismo.
Pero las cosas han cambiado y los conflictos son cada vez más duros. La falta de diálogo vuelve cada vez más extremas las posiciones de los contendientes: el rotundo no del ambientalismo radicalizado se contrapone a la acusación de las empresas y a veces de los gobiernos de opositores al desarrollo o de responder a ideas foráneas. Y es el Estado el que queda en el medio de la discusión, posición que debería aprovechar para actuar como mediador. Pero esto no sucede y toma generalmente una posición contradictoria, por ejemplo dando luz verde al proyecto de las represas santacruceñas antes de dar a conocer el nuevo estudio de impacto ambiental que el mismo había solicitado. O, referido al mismo caso, muy complicado por la inoportuna presencia en la zona de un ave endémica, el macá tobiano, que aparentemente se extinguiría si se construyen las represas.
No cabe duda de que necesitamos producir energía, pero para eso ¿sacrificamos al macá tobiano? ¿Desoímos las advertencias del ambientalismo sobre el potencial peligro de la energía nuclear? Para que preguntas como esas puedan ser debatidas y sus soluciones acordadas democráticamente es necesario que exista un ámbito formal en el cual ideas, lenguajes e intereses distintos puedan dialogar abiertamente. Y es el Estado el que tiene que crear las condiciones para que este ámbito y este diálogo existan. Si esto no sucede, estamos eligiendo el conflicto como única -y casi nunca satisfactoria- forma de solucionar nuestros desacuerdos con respecto al ambiente en el que todos vivimos.
Geógrafo de la UBA e investigador del Conicet
Carlos Reboratti
LA NACION
