Diez puntos para la autonomía

El debate por la autonomía porteña trae inevitables reminiscencias de un largo proceso histórico, que culminó con la proclamación oficial de la Ciudad de Buenos Aires como Capital Federal de la Nación, el 6 de diciembre de 1880.

En nuestras naciones latinoamericanas las ciudades fueron el germen de las ideas democráticas. Las revoluciones por las independencias se gestaron en las ciudades, y las nacionalidades fueron construyéndose como suma de todas las identidades ciudadanas.

En nuestro país, el proceso de construcción nacional fue complejo y doloroso. La tensión entre Buenos Aires y el resto de las ciudades argentinas afloró en varias ocasiones de manera cruenta.

La federalización de Buenos Aires, aclamada por unos y resistida por otros, ha expresado el momento fundacional de un proceso en nuestra historia moderna que, aún hoy, genera opiniones encontradas. Ya en aquellos años, un profético Leandro N. Alem nos advertía que centralizar en la ciudad todo el gobierno federal provocaría una injusta polarización entre las luces de un progreso para pocos y la oscuridad de una pobreza mayoritaria. "Será un duro golpe a las instituciones democráticas y el sistema federativo en que ellas se desenvuelven, cuando el poder central, por sí solo, tenga más fuerza que todos los Estados federales juntos", afirmó Alem, en un encendido discurso dirigido a las futuras generaciones.

Sus palabras tienen hoy una lamentable vigencia. A pocos años del bicentenario de la Revolución de Mayo, verificamos que aquella decisión, tomada para afianzar la organización del país, sigue expresándose con diferencias que aún nos impiden generar verdaderas condiciones de equilibro y justicia para todos los argentinos.

Paradójicamente, una minuciosa mirada sobre el proceso histórico de la Ciudad de Buenos Aires nos revela que, aún con un desarrollo económico privilegiado, los porteños estamos seriamente limitados en materia de derechos ciudadanos.

Desde 1880 se ha profundizado el rol de Capital de la Nación, pero se ha avanzado mucho más lentamente en la consolidación de nuestro perfil autónomo, de gobierno propio, de gran aldea. Aún no contamos con policía, ni justicia propias, y tampoco podemos discutir la coparticipación en términos de igualdad con la Nación y el resto de las provincias.

Buenos Aires, la gran ciudad-puerto, carece de injerencia sobre la administración portuaria y hasta para decisiones tan locales, como por ejemplo el ordenamiento del transporte público, aún depende del gobierno federal.

En los primeros días de este mes de agosto, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cumplió una década de ejercicio de gobierno propio. Hace diez años nos procurábamos una Constitución y elegíamos, por primera vez, a un jefe de gobierno y a sus legisladores, pero también desde hace diez años, tenemos pendiente un amplio debate sobre un actualizado perfil de ciudad-Estado.

Con la responsabilidad de ser territorio sede del gobierno nacional y con el necesario criterio de solidaridad para construir una nación moderna, debemos seguir aportando al esfuerzo nacional sin resignar autonomía ni calidad institucional. Ya lo hicimos demasiado tiempo.

Por todo esto, es fundamental avanzar en la derogación de los artículos 7, 8 y 10 de la denominada "ley Cafiero", fijar nuestras propias políticas en materia de seguridad y justicia, contar con un registro de la propiedad inmueble y entes judiciales propios; controlar y administrar el servicio de agua potable y las tareas de saneamiento del Riachuelo; requerir la administración del puerto, el juego y el transporte público de pasajeros además de poder discutir con responsabilidad nuestra coparticipación.

Diez puntos pendientes, para diez años de gobierno propio.

Cumplir la letra de la Constitución, avanzando a paso firme hacia la autonomía plena y las comunas, sería el mejor regalo para celebrar el décimo aniversario de gobierno elegido por los vecinos de Buenos Aires.

Hablamos de la Ciudad ¡Autónoma! de Buenos Aires. Que así sea.