Dólar y volatilidad política: un cóctel indigerible

Mientras buena parte de los argentinos miraban las pizarras de las casas de cambio y veían cómo el dólar trepaba hasta 23 pesos, el jueves pasado, un alto funcionario de la Casa Rosada no podía disimular cierta ambigüedad. Por un lado, aseguraba que la situación cambiaria era preocupante aunque, a la vez, controlable. Pero ofrecía también un indicador de la caída de expectativas en que el volátil escenario ha sumido a quienes toman decisiones. Para junio próximo, todo el gobierno nacional esperaba que el influyente banco de inversión Morgan Stanley mejorara la calificación de la Argentina desde la categoría de economía de frontera a la de economía emergente, una posición que el país había perdido desde que la gestión de Cristina Kirchner impuso el cepo cambiario. El tan esperado ascenso, que habilitaría a importantes inversores institucionales a incluir en sus portafolios acciones y bonos argentinos y sería una clara señal de confianza en el país, se vio postergado el año pasado ante la duda de la calificadora de riesgos de que las reformas impulsadas por Mauricio Macri fueran irreversibles. Y hoy, después del cimbronazo cambiario local y de las dudas políticas por el probable triunfo parlamentario de la oposición en la cuestión de las tarifas, nadie puede asegurar que la Argentina vaya a mejorar su calificación en lo inmediato.

La volatilidad de la política argentina sorprende a propios y extraños. Hasta hace menos de dos meses, se discutía quién podía acompañar a Macri en la fórmula presidencial en 2019 y hasta se tejían conjeturas sobre si su sucesor en 2024 podría ser María Eugenia Vidal, Marcos Peña u Horacio Rodríguez Larreta. Lejos de quienes se encandilaban con la luz de un fósforo, ahora apenas se debate cómo llegar a octubre del año próximo.

El economista y titular del Banco Nación durante la primera parte de la administración macrista, Carlos Melconian, bautizó como Plan Perdurar la estrategia del Gobierno para retener el poder el año próximo. Lo caracteriza como un triángulo equilátero con un vértice político, uno financiero y otro económico, que básicamente requiere un peronismo dividido y desdibujado, que el país consiga unos 30 mil millones de dólares anuales para financiarse y el cumplimiento de modestas metas de crecimiento económico y descenso de la inflación, sin esperar reformas más profundas. Aunque no hay funcionarios macristas que admitan públicamente la existencia de este plan, no faltan referentes entre los aliados de Macri en Cambiemos que comparten el esquema de análisis de Melconian. De hecho, ayer, Elisa Carrió se preocupó por afirmar que el único temor de los inversores es el retorno del kirchnerismo al poder.

La explicación de la diputada Carrió no es tirada de los pelos, pero resulta incompleta. Los inversores también esperan una previsibilidad económica que no solo será garantizada por el freno a una fuerza política antimercado, sino también por políticas que apunten a bajar los costos de las empresas más rápidamente. En especial, cuando un informe del Banco Mundial da cuenta de que la Argentina es el país con la mayor presión impositiva sobre las empresas detrás de Comoras, archipiélago africano que se independizó de Francia en 1975 y, desde entonces, sufrió una veintena de golpes de Estado y tiene a más de la mitad de su población bajo la línea de pobreza.

En las expresiones de la legisladora subyace también una debilidad del oficialismo. Parecería que Cambiemos debe sostener permanentemente al fantasma del kirchnerismo para seguir recibiendo el apoyo de la opinión pública. Ha habido, igualmente, un dato político, como la posibilidad de que la oposición se una en el Congreso para boicotear el plan tarifario del Gobierno, que sí ha despertado inquietud en los inversores, por el costo fiscal que tendría para las arcas del Estado. Pero no es ese el principal obstáculo para el Plan Perdurar, más allá del costo político que pagaría el Poder Ejecutivo ante la fuerte probabilidad de que recurra al veto. Desde el punto de vista financiero, tras la suba de las tasas en Estados Unidos, conseguir dólares para cerrar las cuentas públicas será cada vez más costoso para Luis Caputo, en tanto que exprimir al mercado local, tras la reciente decisión del Banco Central de llevar las tasas al 40% para frenar la estampida del dólar, también resultaría oneroso hasta para la esperada reactivación de la economía.

Ciertos voceros de la oposición y del club del helicóptero, que nunca ha dejado de existir, buscan mostrar lo sucedido en los últimos días con el salto del dólar como un remix de la crisis política y socioeconómica de 2001. Deberán tener en cuenta que si bien la imagen de la gestión macrista ha caído en la opinión pública, también la sociedad argentina castiga el oportunismo y, mucho más aún, el golpismo. No es el peronismo precisamente quien está en mejores condiciones de prometer tickets para el arca de Noé.

El Gobierno deberá hacerse cargo de sus dificultades de coordinación. Para no pocos analistas económicos, fue un error exhibir, el 28 de diciembre, al presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, casi como un subordinado al jefe de Gabinete, Marcos Peña, cuando se anunció la "calibración" de las metas inflacionarias y, en contra del criterio del titular de la entidad monetaria, se sugirió que las tasas de interés debían empezar a bajar. Cuatro meses después, aquella "calibración" dio lugar a una "recalibración" por mandato de la realidad. Con niveles de tasas que pasaron del 27 al 40%, las autoridades esperan domar al mercado cambiario y aguardan con tensa calma el proceso de renovación de Letras del Banco Central (Lebac) por más de 600.000 millones de pesos, equivalentes a alrededor del 60% de la base monetaria. Aspiran a que la codicia venza al miedo de los inversores. Pero será una estrategia de patas cortas si no se aprovecha el momento para atacar los problemas de fondo, que no son otros que el déficit del sector público y un endeudamiento externo orientado a mantener un Estado gigantesco e ineficiente antes que a financiar su necesaria reestructuración.

Otra cuestión que deberá abordar el Presidente radica en los intríngulis que depara la relación entre el oficialismo y la oposición, y entre el Gobierno y sus socios de Cambiemos. Dirigentes respetados en el macrismo, como el radical Jesús Rodríguez, han señalado la necesidad de abandonar la idea de que el diálogo político es sinónimo de debilidad o de transacciones espurias. Pero también es cierto que algunas negociaciones a las cuales el oficialismo se vio forzado para la sanción de determinadas leyes reportaron muy malas cosechas. Es el caso del impuesto a la renta financiera, aprobado pese a la resistencia original de Macri como una concesión a Sergio Massa, a dirigentes peronistas y hasta a algunos de la coalición oficialista. Muchas voces alertaron con acierto que esa medida, lejos de tener un efecto redistributivo, alejaría a ahorristas y encarecería el crédito. Su aplicación para los inversores no residentes a partir del 1° de mayo -justo cuando la Reserva Federal de los Estados Unidos aumentaba las tasas- no hizo más que acelerar la crisis cambiaria. No es lógico que un Estado que requiere y mendiga fondos para financiar sus gastos les ponga impuestos especiales a quienes le prestan plata, y menos aún en un contexto internacional desfavorable. No es lógico tampoco que vivamos desentendiéndonos de las causas profundas de nuestros problemas y escandalizándonos con sus consecuencias.