Dos urgencias para salir a flote

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30 de diciembre de 2001  

A una semana de la asunción del gobierno provisional de Rodríguez Saá, la crisis argentina no se ha frenado, sino que ha tomado otras características. En lo inmediato hay sólo dos prioridades. Una, cómo salir del virtual colapso de la operatoria bancaria, que ha dejado a la economía casi sin efectivo y que en buena medida detonó el estallido social del miércoles 19. Dos, cómo se resolverá la efervescente interna del PJ que, en los hechos, significa saber si la actual administración tendrá sólo dos meses de vida o si, por el contrario, terminará completando el mandato que dejó trunco el ex presidente Fernando de la Rúa.

Estas incógnitas desvelan por igual a muchos empresarios que no saben cómo liquidar los sueldos de diciembre, como a nuevos funcionarios que no logran captar técnicos valiosos al ofrecerles retribuciones recortadas y seguramente devaluadas para una tarea provisional.

Hasta que estos interrogantes no se despejen, tampoco será posible pasar seriamente a la fase posterior, en la cual deberían definirse las nuevas reglas de juego económicas (dentro de las cuales la política cambiaria ocupa un lugar central, pero no el único) y la inserción de la Argentina en un mundo al que le cuesta comprender cómo un país que hasta hace apenas seis años era considerado "modelo", hoy está en cesación de pagos y enfrenta una crisis social y de credibilidad sin precedentes junto con un peligroso debilitamiento de sus instituciones.

Es cierto que Rodríguez Saá es el heredero de la explosión del modelo de hiperendeudamiento por aumento del gasto público que comenzó a gestarse durante el segundo mandato de Carlos Menem y que se profundizó por los errores y zigzagueos de la inconclusa administración de De la Rúa. Pero también lo es que los primeros pasos del nuevo presidente, tanto en su contenido cuanto en su forma nada parecida a un interinato, contribuyeron en estos pocos días a acentuar la incertidumbre económica en lugar de comenzar a despejarla.

Dos hechos ayudan a explicar esta realidad. El Gobierno anunció el lanzamiento de una tercera moneda no convertible (y hasta anticipó cómo se denominaría y cuánto podría depreciarse frente al dólar), antes siquiera de haber analizado a fondo su instrumentación. También declaró formalmente la inevitable cesación de pagos externos, con un tono casi triunfalista y sin tener a mano un programa económico creíble, que permitiera salir a negociar un alivio con los organismos internacionales de crédito, los únicos que -aun en default- podrían socorrer a la Argentina en esta emergencia.

Planteos en privado

Enrique Iglesias, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), le planteó en privado esta última inquietud a Rodríguez Saá durante un fugaz como discreto paso por Buenos Aires la semana última. Horas antes, había compartido una cena con un reducido y desconcertado puñado de amigos argentinos, todos ellos referentes del poder económico local.

El tema también sobrevoló permanentemente la reunión que el secretario de Hacienda, Rodolfo Frigeri, compartió con un grupo de legisladores moderados del PJ. Algunos de los presentes, inclusive, sugirieron que se diera marcha atrás con la idea de emitir la nueva moneda no convertible, que fue crucificada antes de nacer. Como alternativa, propusieron ampliar la emisión de Lecop para atender pagos pendientes del sector público o, lisa y llanamente, decidirse por una flotación del peso, con estrictas metas fiscales y monetarias que frenaran una previsible disparada del dólar y el regreso galopante de la inflación como tiro de gracia para el dramático cuadro recesivo de la economía.

Flancos débiles

Las marchas y contramarchas sobre la nueva moneda ya le costaron el puesto a David Expósito, cuya abrupta salida resultó tan desconcertante como su sorpresiva designación al frente del Banco Nación. Este economista televisivo se había convertido en el principal exégeta del "argentino" y en un artículo periodístico propuso emitir nada menos que 15.000 millones anuales. Para tener una idea de magnitudes, puede recordarse que 2001 cierra con un déficit fiscal registrado de 8500 millones de pesos, que el tándem De la Rúa-Cavallo había pretendido sin éxito bajar a cero para mantener con vida a la convertibilidad, si bien al costo de agudizar la recesión y la crisis social hasta límites insoportables.

Para colmo, la controvertida propuesta, pese a permitir algunas reparaciones sociales, dejaba intacto todo el aparato burocrático-político que claramente fue destinataria del "cacerolazo". Tampoco se ocupaba de la alta carga tributaria que soportan los pocos que hoy pagan impuestos en la Argentina.

Sin embargo, que haya o no inundación monetaria es por ahora una discusión teórica. La economía sigue con tanta o más iliquidez que hace diez días, cuando la crisis social le estalló a De la Rúa, después de que el ex ministro Domingo Cavallo apeló al recurso extremo de volver al control de cambios y apresar los depósitos bancarios en un "corralito", que cada vez más se parece a un calabozo de prisión perpetua. Si el congelamiento de Cavallo equivalía a mantener a la convertibilidad con respirador artificial de funcionamiento dudoso, los anuncios de emitir una moneda no convertible a partir de enero significarían respetarla en forma simbólica, pero quitándole un poco de aire cada día.

De hecho, ya no es ni será posible en la Argentina conseguir un dólar por un peso. Esto ya tuvo su manifestación la semana última, en operaciones cambiarias en el mercado paralelo que oscilaron entre $ 1,30 y $ 1,50 por dólar, así como en algunos pocos aumentos preventivos de precios, aplicados como si la recesión se hubiera terminado. Tampoco está claro cuál será el destino de los 33.000 millones de dólares en depósitos a plazo fijo que quedaron en el calabozo. Difícilmente queden en libertad a corto plazo en la misma moneda en que fueron constituidos. La prioridad, sobre todo después del default, será cuidar las pocas reservas de libre disponibilidad, que apenas superan los 3000 millones de dólares.

Mientras estos signos de interrogación siguen abiertos, en el campo empresario también las aguas comienzan a dividirse. Por un lado se alinean los industriales y contratistas del Estado, que reivindican la prolongada, ordenada y exitosa gestión de Rodríguez Saá en San Luis, aún admitiendo en voz baja la existencia de ciertos sobrecostos fijos y preestablecidos que no figuran en las finanzas provinciales. Por otro, los directivos de empresas privatizadas y muchos banqueros, desvelados por la inseguridad jurídica del país (no saben qué pasará con los contratos, tarifas y préstamos pactados en dólares) y también por el misterio de la futura política monetaria. La presencia en Buenos Aires del canciller español, evidentemente, no fue sólo para presentar su solidaridad al nuevo gobierno.

Sin embargo unos y otros, antes que de esas precisiones, están pendientes del desenlace del convulsionado cuadro político del país. Y que puede hacer que, en los próximos años, la Argentina tienda a parecerse -por citar dos modelos- a la ordenada institucionalidad de Chile o a la turbia democracia de Paraguay.

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