Dudas en la Corte sobre el decreto

Adrián Ventura
Adrián Ventura LA NACION
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5 de diciembre de 2001  

La Argentina se mueve con el vértigo de una montaña rusa, porque luego de dar vueltas, todos quedamos boca abajo y el país termina en el punto donde comenzó, con un mercado más regulado y desconfiado.

Mucha gente se siente fastidiada por la incomodidad que sufre para manejar su dinero. Unos pocos ya presentaron medidas cautelares. Y ayer, el juez Martín Silva Garretón dispuso una medida cautelar en favor de la diputada Alicia Castro para que pueda extraer más de 1000 pesos por mes.

El procurador del Tesoro, Ernesto Marcer, le restó importancia al asunto: el fallo sólo beneficia a una persona y, además, el magistrado objeta que el decreto traba la extracción del sueldo, pero no cuestiona la aplicación de la medida respecto de los demás depósitos. Por eso -dicen- por ahora el Estado no hará uso de una potestad que le dio el decreto 1387/01 de canje de la deuda -que también modificó el Código Procesal-, que le permite hacer una presentación directa ante la Corte. Pero las cosas pueden empeorar.

* * *

Hasta anteayer, los jueces de la Corte estaban preocupados por otro asunto: la Justicia entró en virtual cesación de pagos, pues desde hace 60 días no paga a sus proveedores ni tampoco efectúa los aportes a la Ansses, y desde hace 90 días no paga los alquileres de los edificios que ocupa.

Lo único que se sigue pagando, sin descuento, son los sueldos de los magistrados, celosos defensores de la intangibilidad de sus salarios. La sostenida caída de la recaudación impactó en la Justicia, que recibe el 3,5 de los fondos coparticipables. Por eso el titular de la Corte, Julio Nazareno, le envió una carta al ministro de Economía, Domingo Cavallo, para aclarar que el déficit llega a 50 millones.

Ayer, sin embargo, los principales funcionarios de la Corte ya comenzaron a hablar sobre el decreto de necesidad y urgencia. ¿Hará lugar a los cuestionamientos que se le formulan?

Si se analizan los precedentes, el Gobierno puede estar tranquilo y los ciudadanos no deben abrigar esperanza alguna. La Corte históricamente casi siempre convalidó las restricciones que impuso el Gobierno de turno a la población por motivos de emergencia económica. Lo hizo aun cuando fuese dudosa la existencia de esa emergencia que, hoy, se presenta incontrovertible.

Bastaría recordar que hace once años la Corte, en el fallo del caso Peralta, convalidó un decreto del Poder Ejecutivo que canjeó los depósitos en caja de ahorro por bonos externos. Esa medida, sin duda, fue mucho más restrictiva que la actual, pues ahora sólo se impide a la persona acceder al dinero efectivo, pero le permite disponer libremente del mismo gastándolo con cheque, tarjeta o transferencia. Desde entonces, cambiaron cuatro jueces en la Corte. Pero el año último, el tribunal convalidó un fuerte recorte de los salarios de la administración pública.

Ayer, no obstante, a diferencia de lo que ocurre en otras ocasiones, se sintieron voces disonantes. Mientras algunos estimaron que el tribunal, tarde o temprano, terminará por convalidar el decreto, otros señalaban algunas objeciones: el decreto parece violar la ley de intangibilidad de depósitos, aunque en rigor no sea así. Y un muy importante funcionario dijo no entender por qué se llega al extremo de trabar la extracción de los sueldos. "El Estado debería demostrarle a la Corte que sin una medida tan extrema el sistema financiero no puede subsistir", dijo alguien que siempre ve con buenos ojos las medidas del Gobierno.

Hay, en esta ocasión, un dato nuevo, que nadie soslaya: el peronismo está mucho más cerca de volver al poder y la Corte no dejará de observarlo, aunque no será quien empuje al Gobierno al vacío.

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