Dueños de la calle SA, el boom porteño

Buenos Aires tiene, entre tanta magia y encanto, un sinfín de inescrupulosos que se apropian del espacio público como fines comerciales, y que gozan de total inmunidad. Algunos de ellos, llevan adelante "emprendimientos propios" con fines de subsistencia. Pero, en su gran mayoría, son el último escalafón de organizaciones que lucran con la necesidad laboral y que recaudan cuantiosas ganancias. Así lo ha constatado la justicia porteña en numerosas investigaciones sobre la venta ilegal en las calles de la ciudad, y así fue denunciado en una decena de causas.

Delimitan sus zonas de acción y sacan probados réditos de la pereza policial y de los grises que ofrecen las leyes tipificadas en el código contravencional porteño

Las revelaciones sorprendieron. No es habitual que un vendedor de garrapiñadas del barrio de Once figure como titular de tres sociedades anónimas –dos constructoras– ni que esté inscripto ante la AFIP para realizar actividades petroleras. Tampoco lo es que un guardián de plaza porteño sea, muy posiblemente, uno de los cabecillas de una red de venta de frutas y verduras en las esquinas de Palermo. Ni, menos aún, que un vendedor de helados de la plaza Miserere haya conseguido en el último año créditos por dos millones de pesos en entidades bancarias.

Así, las organizaciones de la calle, entre las que se incluye a los populares cuidacoches, delimitan sus zonas de acción y sacan probados réditos de la pereza policial y de los grises que ofrecen las leyes tipificadas en el código contravencional porteño. Este combo que podría resumirse como "el control del Estado" es tan poco eficiente e injusto que las organizaciones de manteros y trapitos no sólo sobreviven en tradicionales lugares, sino que también se expanden y se multiplican.

Según las leyes porteñas, la máxima pena que le cabe a un organizador por la venta ambulante no permitida es de 60.000 pesos. Si se aplica, por ejemplo, al guardián de plaza porteño, cuyo negocio callejero factura 31.000 pesos por día en las calles de Palermo, la multa equivale a dos días de trabajo. Esto explica por qué, tras las multas y decomisos, los manteros siempre vuelven a sus puntos de venta. Siempre. Y con una policía decidida a no hacer un control preventivo.

Entre las irresponsabilidades oficiales y el poder económico de los comerciantes de la vía pública, ha quedado el vecino

Entre las irresponsabilidades oficiales y el poder económico de los comerciantes de la vía pública, ha quedado el vecino. El vecino que no quiere que le cobren por estacionar en lugares gratuitos, que reprueba la verdulería itinerante que instalan en la puerta de su casa o que no puede transitar por veredas tradicionales. El vecino que espera que los negocios de la calle no pesen más que un puñado de leyes, que una política de gobierno seria o que el control de unos cuantos policías. Todos ellos deberían proteger el espacio público del comercio ilegal en manos de unos pocos privados. De los dueños de la calle.