Ecología: fuera de agenda

Como si fueran pequeñas bombas de tiempo, los conflictos ambientales pueden detonar en cualquier momento. Y los sucesivos gobiernos parecen conformarse con que el estallido no se produzca durante su gestión. Pero una de esas bombas explotó y su estruendo llegó hasta las puertas de la Casa Rosada. La protesta por la instalación de dos fábricas de pasta de celulosa a la vera del río Uruguay desbordó el escenario diplomático y puso a los dos países ante la peor crisis política de su historia.

Algo es claro: mientras pareció ser, en todo caso, "sólo" un posible problema ambiental, ninguna autoridad política nacional se molestó en ocuparse del tema, pese a que los vecinos de Gualeguaychú venían alertando sobre el problema desde hace más de dos años. Solamente la grave proyección política del conflicto logró despertar a los gobernantes de su siesta ecológica.

Mientras tanto, al calor del descuido y la falta de decisión política, otras bombas ambientales se preparan, por ahora, silenciosamente: el desmonte, con su consecuencia de desertificación (montes, bosques y selvas nativas son eliminados a una velocidad de 500.000 hectáreas por año); la depredación ictícola (debido a la sobrepesca, el año pasado la captura de langostino cayó estrepitosamente de 27.000 a 6035 toneladas); el aumento de los proyectos mineros, en los dos últimos años, de 50 a 200, y el estado de alerta de la población de algunas provincias por temor a la contaminación con cianuro; el implacable avance del mar, que quita a las costas argentinas un granito de arena cada día; la falta de controles que permite que la contaminación llegue al Acuífero Guaraní, una de las reservas de agua dulce más grandes del mundo, y la lenta desaparición de la Yungas, que deja a la fauna sin su morada.

Según los observadores, la necesidad de captar inversiones que inyecten dinero fresco y ayuden a resolver el problema del empleo suma una presión sobre los gobiernos que muchas veces lleva a que lo ambiental quede absolutamente relegado. Pero además, es evidente que el principal problema en el tratamiento de los asuntos ambientales en nuestro país reside en la cargada agenda política, en cuya lista de prioridades la ecología casi no tiene lugar.

No tiene jerarquía tampoco. De hecho, un reflejo del escaso lugar que ocupa el medio ambiente en la Argentina es su débil posición institucional: la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable está incluida dentro de un gran ministerio, el de Salud, comprensiblemente absorbido por el área sanitaria. El titular de esa secretaría, es decir, la máxima autoridad nacional en temas ambientales, Atilio Savino, no quiso dialogar con LA NACION para esta nota en la que se intenta, justamente, dar respuesta a una pregunta inevitable: ¿Quién se ocupa del medio ambiente en la Argentina?

Porque, entre otras cosas, la maraña de jurisdicciones superpuestas hace difícil definir responsabilidades.

"Si uno hace un mapa de la cantidad de autoridades de gobierno, debería ser el país mejor protegido del mundo. Sin embargo, cuando se va al punto de saber qué hace cada uno, si realmente hace algo, el resultado es tristísimo", dice Daniel Sabsay, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

Sabsay se refiere a las direcciones y secretarías que a nivel nacional, provincial y municipal están encargadas de velar por el ambiente. Pero el mecanismo no funciona aceitadamente. Muchas veces esa enjambre de leyes y jurisdicciones se superpone y se vuelve funcional a la contaminación. "El tema ambiental nunca volvió a lo deseable, que es que tenga una jerarquía como miembro pleno del gabinete, como secretaría o como ministerio, que dependa directamente del Ejecutivo", agrega Sabsay.

En los años 90, el área era miembro pleno del gabinete con la figura de secretaría, conducida en aquel momento por la ingeniera María Julia Alsogaray, recordada por la incumplida promesa de limpiar el Riachuelo en 1000 días. Después fue perdiendo protagonismo hasta hoy, en que la política ambiental está en manos de cada una de las carteras: así en materia hídrica es la secretaría de Recursos Hídricos la que se ocupa del problema; Planificación Federal hace las obras y es la que debe tener en cuenta el ambiente. Parques Nacionales ahora depende de la Secretaría de Turismo.

En la Argentina la máxima autoridad ambiental es la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que depende del Ministerio de Salud, aunque eso de "máxima autoridad" es sólo una manera de decir, porque esa dependencia no tiene ningún poder de control ni tampoco es el artífice de las políticas ambientales que se llevan adelante. Por ejemplo, si bajo la órbita del Ministerio de Planificación se está desarrollando una obra que compromete el medio ambiente, la Secretaría sólo puede actuar si ese Ministerio la convoca, pero no tiene poder para detener la obra. El Riachuelo, una vez más, es el espejo en que, aunque no nos guste, se refleja nuestra calidad ambiental: la Secretaría de Ambiente y Desarrollo no tiene ninguna participación en el anunciado plan de saneamiento en el que intervendrían capitales chinos. ¿Por qué? Porque sólo lo hacen las jurisdicciones afectadas por el contaminado curso de agua y la Secretaría de Recursos Hídricos que, curiosamente, depende de la cartera de Planificación y no de Ambiente.

Por otra parte, cada una de las provincias tiene su autoridad ambiental y, juntas, conforman el Consejo Federal del Medio Ambiente (Cofema), organismo encargado de coordinar las políticas públicas en la materia. Su titular, Francisco Anglesio, subsecretario de Medio Ambiente de Santa Cruz y presidente del Cofema, admite que el país ha dormido una larga siesta ecológica ("El organismo estaba dormido y desde hace dos años empezamos a hacerlo funcionar; se realizaban una o dos reuniones por año, mientras que hoy nos reunimos cada 45 días", dice), pero asegura que está empezando a despertar y destaca también la actualización presupuestaria ("hoy ronda los 1.500.000 pesos"). Otro de los avances que menciona el funcionario es que se está trabajando en los indicadores ambientales regionales, una matriz que cruzará datos productivos, sociales y económicos de las provincias con el desarrollo sustentable, cuyas conclusiones estarán a fines de este año.

De todos modos, Anglesio reconoce que el ambiente no tuvo una fuerte presencia en la agenda política: "Después del proceso que vivió la Argentina, en el que la desnutrición era uno de los flagelos más grandes junto con la desocupación, uno tiene que establecer prioridades. Pero creo que ahora cada cosa empieza a ocupar su lugar. Y lo ambiental también ".

Para Javier Corcuera, director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA), el problema es que ni la secretaría ni el Cofema "tienen la fuerza institucional como para realizar y cumplir la misión de elaborar y coordinar las políticas referidas al ambiente. Todavía no se entiende desde las provincias la importancia de que envíen a representantes ambientales con planes para poder discutir seriamente. Así se reacciona tardíamente a problemas que son importantes, como pasó con el caso de las papeleras".

Para Sabsay, "no se ha internalizado que la Argentina por decisión constitucional deba llevar a cabo todas sus actividades productivas a través del modelo de sustentabilidad. Esto es muy latinoamericano: la avidez por las inversiones, las necesidades por creación de empleo, las necesidades de las agendas políticas y de los políticos de mostrar desarrollo lleva a que lo ambiental quede absolutamente relegado. Es una manera de gobernar absolutamente coyuntural, con encuestas y para las elecciones, no en función de planes de gobierno a mediano y largo plazo".

Concepto erróneo

El nivel de desacuerdo es alto. Por ejemplo, allí donde Anglesio, el titular del Cofema, ve un signo de reactivación -el plan nacional de residuos sólidos urbanos, que busca eliminar los basurales a cielo abierto esparcidos por todo el país-, los ecologistas señalan errores.

"Este gobierno tiene un concepto erróneo del tema ambiental. El tratamiento de los residuos es un reflejo: la secretaría está ausente o va a la cola de los problemas. No hay una ley integral que proponga la reducción de la basura que se tira ni el reciclaje ni la incorporación de nuevas tecnologías; lo único que se persigue es construir, sin controles, rellenos sanitarios en todo el país", dico Juan Carlos Villalonga, director político de Greenpeace Argentina, la ONG ecologista que impulsó en la Capital la ley de Basura Cero, por la cual se pretende reducir en un 75% los residuos reciclables que se depositan en los rellenos sanitarios. En el área metropolitana se entierran por día más de 12.000 toneladas de basura, sin discriminación.

Los especialistas entienden que esta iniciativa debe ir acompañada por una ley que establezca el destino final del producto desde su fabricación. En el Congreso hay un proyecto de ley de envases que espera por su tratamiento desde diciembre de 2004.

¿Es una cuestión de presupuesto? El gasto destinado al ambiente se mantiene constante en el tiempo, con variaciones mínimas. Sólo para los años 2001 y 2002, se experimenta un marcado descenso, producto de la crisis económica nacional. Ya para el año 2003 se nota una recuperación. En 2004 representó el 0,45% del presupuesto total de las erogaciones del sector público no financiero a nivel nacional, provincial y municipal, según los números del ministerio de Economía.

A este gasto también se suma, aunque en la Secretaría de Ambiente no detallaron el número, el ingreso por programas sustentados por los organismos multilaterales de crédito. En la actualidad hay por lo menos seis programas en ejecución, uno de los cuales está destinado al plan nacional de residuos con un aporte del Banco Mundial de 40 millones de dólares.

En este ítem aparece otra deuda ambiental: la reglamentación de las leyes de presupuestos mínimos, establecidas en la reforma constitucional de 1994. En 2000 se promulgaron cuatro leyes de presupuestos mínimos: la ley general del ambiente, la referida a la gestión de los residuos industriales; la que se encarga de la gestión de los bifenilos policlorados (PCBs), y la referida a la gestión ambiental del agua. Seis años después no están reglamentadas. Es la Secretaría de Ambiente la encargada de hacerlo, aunque hay una discusión respecto del rol que deben tener las provincias.

Mientras tanto, el desmonte es más efectivo que la ley que debe detenerlo y el país pierde por año 500.000 hectáreas de bosque; varias especies de peces están en peligro en el mar y en el río Paraná, y la Argentina ostenta con el Riachuelo el triste ranking de tener la cuenca más contaminada de América en una de las metrópolis preferidas por los turistas. Los segundos corren.

Desmonte y desertificación

La Argentina perdió durante el siglo XX dos tercios de las selvas y bosques autóctonos. Especies como el quebracho colorado, el blanco, quenoas y ombúes, entre otros, dejan de crecer en los suelos para darle lugar a la soja y otros productos agrícolas. El noroeste argentino y la selva misionera son los más afectados.

Dos años después de que el inventario forestal argentino arrojara estos datos, el avance de las topadoras es mucho más efectivo que el que debe detenerlas: una ley que imponga el ordenamiento territorial para que las explotaciones sean sustentables y se frene la desertificación.

El primer dato de que se dispone sobre la superficie efectiva del bosque nativo surge del censo nacional agropecuario de 1937. El país contaba con una superficie de 37.535.308 hectáreas de bosque nativo. En 1998, había 33.190.442 hectáreas de masa forestal. Y se estima que en la actualidad los bosques y las selvas nativas son eliminados a una velocidad de 500.000 hectáreas por año, y que las provincias más afectadas son Santiago del Estero, Salta, Córdoba, Chaco, Tucumán y Formosa. La consecuencia es un proceso de desertificación muy profundo.

• Durante el siglo XX, la Argentina perdió dos tercios de sus bosques y selvas autóctonos.

• Cada año son eliminadas en el país 500.000 hectáreas de bosques nativos, que pierden terreno frente a la soja y otros cultivos.

• Las provincias más afectadas entre 1998 y 2002 fueron Santiago del Estero, Salta, Córdoba, Chaco, Tucumán y Formosa, en ese orden.

La depredación ictícola

La merluza y el calamar representan más del 70 % de las capturas totales del caladero argentino. Estas mismas especies junto con el langostino suman cerca del 80% del valor de las exportaciones. Desde 1989 la captura de merluza hubbsi creció notablemente. Así, en 1988 se capturaron 267 mil toneladas y 587 mil en 1997. La situación provocó que dos años después se dictara la emergencia pesquera de la especie.

En 2005, las capturas de langostino cayeron de 27.000 a 6035 toneladas en apenas doce meses, un nivel de reducción alarmante además para las empresas del sector. Hace sólo cuatro años las capturas ascendieron a 61.670 toneladas, por un valor de 376 millones de dólares, lo cual abre interrogantes acerca de la sobrepesca y la presión ejercida sobre ese recurso ictícola. Aunque los motivos de la caída están en estudio, se presume que habría una combinación entre variables ambientales y de exceso de pesca.

Pero no sólo el recurso pesquero marítimo está en peligro en la Argentina. La depredación en el río Paraná pone en peligro al sábalo y dorados, entre otras especies.

• La sobrepesca de la merluza hubbsi, que en 1997 llegó a 587.000 toneladas, puso a la especie en riesgo. Hoy rigen cuotas de pesca.

• También la captura de langostinos presenta niveles alarmantes, con una caída el año pasado de 27.000 a unos 6000 en doce meses.

• La depredación en ríos de la Mesopotamia también puso en riesgo al dorado y el sábalo.

La explotación minera

El oro es una de las mayores atracciones de la Argentina para los inversionistas extranjeros. La inversión en minería alcanzó el año pasado los 2500 millones de pesos, un 24% más que en 2004, y en 2006 se elevará un 340%, para llegar a los 11.000 millones, según la Secretaría de Minería.

Así, en los últimos dos años, la cantidad de proyectos mineros aumentó de 50 a 200. Sin embargo, no todos los gobiernos provinciales muestran el mismo apoyo a la minería. Por su impacto en el medio ambiente, los de Mendoza, Chubut y Río Negro ponen reparos.

En 2003, un plebiscito en Esquel (Chubut) frenó un proyecto de la canadiense Meridian Gold, que planeaba utilizar cianuro para el tratamiento del oro. En Río Negro se prohibió el uso de ese elemento, que es utilizado en un circuito cerrado, diluido en una solución que baña a los minerales para separar el oro y la plata del resto. Esto se realiza en un predio protegido llamado valle de lixiviación, del que no debe filtrarse una gota de cianuro. De ocurrir, el químico podría entrar en contacto con el suelo y el agua. En el ser humano, el cianuro bloquea la absorción de oxígeno por las células y puede causar la muerte.

• Las inversiones alcanzaron en 2005 los 2500 millones de pesos, 24% más que el año anterior. Este año llegarán a los 11.000 millones.

• El número de proyectos mineros pasó de 50 a 200, la mayoría de ellos de exploración.

• El elemento contaminante de la industria es el cianuro, que se utiliza para separar el oro y la plata de otros minerales.

La invasión de un alga exótica

La invasión de un alga exótica preocupa a las autoridades patagónicas. Amenaza con impedir el desarrollo de las especies locales y destruir el turismo submarino. A los científicos del Centro Nacional Patagónico (Cenpat) y los funcionarios de la Dirección de Fauna y Flora Silvestre de Chubut les preocupa su avance descontrolado.

Es que, según los especialistas, alteró su ecosistema y originó verdaderos bosques bajo el agua, con plantas que llegan a medir 1,40 m y provocan el temor cierto de que ahuyenten a la fauna marina que habita la zona. En Puerto Madryn y Puerto Pirámide, la actividad subacuática está visiblemente afectada.

Se trata de un alga conocida como Undaria Pinnatifida, natural de las costas japonesas y que en estas costas fue observada por primera vez en 1992. Uno de los cambios que provoca es el desplazamiento del Kelp, una planta de gran poder nutritivo, y su extensión hacia el sur, en la zona de Camarones y Caleta Malaspina, amenaza al mayor ecosistema marino del Cono Sur. También desplazó a la Gracilaria, un alga de gran importancia comercial, vital para la fabricación del dulce de batata, gelatinas y mermeladas.

• La presencia del alga Undaria Pinnatifida, de hasta 1,40 m, fue detectado por primera vez en las costas patagónicas en 1992.

• Natural de las costas japonesas, desplaza a especies autóctonas de gran valor nutritivo y provoca una alteración del ecosistema.

• Su avance también fue detectado en las costas de Europa, California y Oceanía.