Despejar toda duda institucional

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30 de junio de 2002  

UN Estado democrático puede atravesar períodos breves de incertidumbre o de inestabilidad, como los que lamentablemente ha venido padeciendo la Argentina desde fines del año anterior, pero en algún momento resulta indispensable recobrar la plena certeza de los plazos a que habrá de ajustarse su calendario electoral.

Si hay un elemento que debería estar fuera de toda duda y de toda discusión en una república de carácter representativo es el cronograma de las periódicas consultas a la ciudadanía para la renovación de sus máximas autoridades.

Es que el funcionamiento de las instituciones de la República no puede estar sujeto a las improvisaciones, los adelantamientos o las postergaciones que el azaroso interés de determinado partido o sector requiera o proponga en cada circunstancia.

En los últimos meses se han elaborado muchas y variadas conjeturas sobre la fecha en que se realizarán los próximos comicios presidenciales. Cuando asumió su cargo el actual jefe del Estado, Eduardo Duhalde, se anunció que el pueblo concurriría a las urnas con ese fin en septiembre de 2003, pero con posterioridad se advirtió públicamente, desde diferentes sectores, que las elecciones podrían anticiparse en varios meses y hasta se vaticinó que acaso se realizasen en el curso de este año.

A esas veleidosas elucubraciones no ha sido ajeno el propio gobierno nacional, que en más de una oportunidad llegó a insinuar que la fecha inicialmente fijada podría alterarse en un sentido o en otro si las gestiones para la formalización del proyectado acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se acelerasen o, por el contrario, se demorasen.

Esa indefinición del calendario electoral constituye una gravísima anomalía y atenta contra la solidez del cuadro institucional democrático. El plazo establecido para la renovación de las autoridades debe ser, en una república, un dato inmodificable. Resulta inaceptable que los términos del sistema republicano se subordinen a los resultados de una determinada gestión internacional, por importante que esa tramitación pueda resultar para el destino económico de la Nación.

El marco institucional de un Estado republicano debe basarse en el respeto a ciertos principios orgánicos inmutables. Uno de esos principios es el que determina la periódica participación ritual del pueblo en la elección de los gobernantes. En diciembre último se generó una situación excepcionalísima: la acefalía total de la presidencia y la vicepresidencia de la Nación. El país apeló entonces al mecanismo previsto por el artículo 88 de la Constitución, según el cual ante esa emergencia las dos cámaras del Congreso, reunidas en Asamblea Legislativa, deben decidir qué funcionario público ha de ejercer la titularidad del Poder Ejecutivo "hasta que un nuevo presidente sea electo".

El artículo 88 no especifica en qué plazo deberá elegirse ese nuevo presidente, pero cae por su peso que la fijación de esa fecha resulta de sustancial importancia para la consolidación del sistema institucional. Por lo tanto, es fundamental y urgente despejar cuanto antes las dudas que todavía existen acerca del momento en que se celebrarán los comicios presidenciales.

Por supuesto, no bastará con que el Congreso ratifique la fecha ya fijada o elija una nueva. Hará falta, además, que todos los sectores de la vida política nacional, sin excepción, se comprometan a respetarla y a colaborar para que se cumpla a rajatabla. A veces no es suficiente el puro anuncio formal: se requiere una confianza plena de la opinión pública en que los plazos no van a ser alterados.

La falta de certeza sobre la fecha de las elecciones presidenciales tiene bastante que ver con el clima generalizado de vacilaciones e indefiniciones que prevalece en vastos sectores de la ciudadanía, revelado por los resultados de la encuesta de Gallup que publica hoy LA NACION. Cuando en un país todo está sujeto a dudas o a probable revisión -hasta la fecha en que el pueblo habrá de concurrir a las urnas- no puede sorprender que prosperen en el ánimo público el escepticismo, la inseguridad y la indefinición.

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