Difícil momento para Brasil

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30 de julio de 2015  

Brasil atraviesa un prolongado mal momento. El real, su signo monetario, está hoy en su nivel más bajo respecto del dólar en los últimos 12 años, habiendo perdido nada menos que el 35% de su valor en el transcurso del último año. El desempleo, por su parte, está en el 8,1% y con una preocupante tendencia a crecer. Y, para colmo de males, una dura sequía afecta a la región de San Pablo.

La popularidad de la presidenta, Dilma Rousseff, se ha evaporado: sólo el 7,7% de los brasileños apoya hoy su muy deteriorada gestión. Sus propuestas izquierdistas, estatistas y populistas han fracasado rotundamente. Pero, además, se encuentra asediada por graves acusaciones de incompetencia, arrogancia y, peor aún, corrupción.

El fuerte viento a favor, en su momento generado por los altos precios de las materias primas que Brasil exportaba fundamentalmente a China, ha desaparecido. Así, la octava economía del mundo se ha asomado a una recesión que no parecería ser de corto plazo. Por todo esto, el proverbial optimismo de los hombres de empresa de Brasil ha sido reemplazado por expresiones reservadas de honda preocupación.

Las investigaciones judiciales en curso sobre la gigantesca ola de corrupción continúan generando noticias preocupantes, en función de las cuales altos ex funcionarios públicos, así como algunos dirigentes de las principales empresas de ese país han sido detenidos y otros podrían serlo pronto, en una lista que pareciera no tener fin y que ya incluye, como muchos sospechaban, al propio ex presidente Lula da Silva y a su entorno partidario.

Esta situación, que avergüenza a todo un país, demuestra acabadamente que, en Brasil por lo menos, el poder político no tiene impunidad y que no todas las instituciones del Estado han sido colonizadas por la corrupción, particularmente el Poder Judicial, al que no se ha intentado allí manipular arteramente, como sucede entre nosotros.

Desde el mundo de la política aumentan las versiones que sugieren que Rousseff podría ser objeto de procedimientos constitucionales previstos para la destitución. Esto, cuando apenas han transcurrido siete meses desde que comenzara su segundo mandato, no es precisamente tranquilizador. Ocurre que Rousseff presidió Petrobras y actualmente está perdiendo aliados importantes en el Congreso.

Lo cierto es que, en la emergencia, el populismo de la presidenta de Brasil ha quedado de lado. Su gobierno adoptó una nueva dirección, una matriz económica mucho más ortodoxa. Las tasas de interés están por encima de la inflación. El gasto público ha sido objeto de recortes y es previsible que éstos se profundicen y amplíen como parte de un paquete de medidas de ajuste inevitables. En ese escenario, los salarios han caído, en términos reales, con el consiguiente malhumor.

Mientras las investigaciones en materia de corrupción sigan avanzando es difícil pensar en un cambio del actual clima político. Si la suerte de Lula termina siendo arrastrada por la debacle de Petrobras, la situación de la presidenta podría tornarse aún más compleja y delicada. Para Rousseff y, desde ya, para los brasileños los tres años que aún restan del actual mandato presidencial se presagian tormentosos.

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