La búsqueda de la paz social

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29 de junio de 2002  

Los trágicos episodios registrados el miércoles último en el Puente Pueyrredón y sus inmediaciones deben encender de inmediato una luz roja de alerta en la conciencia de los argentinos. Los procesos de violencia empiezan siempre con estallidos o enfrentamientos aislados, pero se retroalimentan a veces con ritmo vertiginoso y nadie sabe a qué extremos pueden conducir. Nuestro país tiene, en esta materia, una amarga experiencia histórica.

Los penosos hechos que se han producido -cuya consecuencia más grave ha sido la muerte de dos jóvenes piqueteros, caídos bajo la metralla policial, según lo indicado por los peritajes oficiales- dejan enseñanzas tan dolorosas como aleccionadoras, que es indispensable recoger en todos sus alcances.

Los dirigentes de movimientos piqueteros que alientan a sus seguidores a quebrar el orden público y a producir manifestaciones de protesta cargadas de agresividad, que terminan escapando a todo control, deben tomar conciencia del peligro a que exponen a la sociedad y a los propios integrantes de sus movimientos. Era evidente que el plan de lucha lanzado por el llamado Bloque Piquetero -acordado el domingo pasado en un congreso efectuado en Villa Dominico- llevaba ya en sus entrañas el potencial de violencia que condujo al terrible desenlace.

En efecto, el plan operativo de los piqueteros preveía el cierre de todos los accesos a la Capital Federal, cortes de rutas y puentes en todo el país, la instalación de campamentos en la plaza de Mayo y en otras plazas por tiempo indeterminado, la toma de edificios públicos, el bloqueo de las empresas privatizadas para reclamar tarifas sociales y puestos de trabajo, actos de solidaridad con los ocupantes de casas tomadas y medidas para evitar que los desalojaran, gestos de apoyo a la ocupación de empresas privadas por sus trabajadores, piquetes en todo el país para repudiar la llegada de las delegaciones del Fondo Monetario Internacional y otras acciones similares. La sola lectura de este inquietante repertorio de objetivos pone al descubierto cuánto había ya de provocativo y de riesgoso en el programa de acción que el grupo se había trazado.

Por supuesto, los agentes de policía que reprimieron la protesta deben responder por los abusos o delitos en que puedan haber incurrido al ejecutar su cometido. Si esos guardianes del orden faltaron a sus deberes reglamentarios o violaron la ley penal deben ser sancionados con el rigor que corresponde. Reconocer que la movilización de los piqueteros constituyó por sí misma una provocación que prenunciaba un estallido de violencia no significa ignorar la necesidad de que los miembros de las fuerzas del orden asuman la responsabilidad que les cabe por sus errores o sus inconductas. En ese sentido, la decisión del gobernador Felipe Solá de pasar a disponibilidad preventiva a 110 de los agentes policiales que condujeron la represión revela una saludable capacidad de reacción en los máximos niveles de la autoridad bonaerense.

Por lo demás, es evidente que las fuerzas policiales necesitan contar, en estos tiempos, con grupos y comandos especializados en la prevención y en la eventual negociación con los agitadores y promotores de desórdenes sociales. Existen indicios de que la respuesta policial al corte del puente Pueyrredón careció de la madurez y la idoneidad técnica que hacía falta para enfrentar a una de las ramas más radicalizadas y violentas del movimiento piquetero. Es lamentable que el operativo no haya estado a cargo de fuerzas como la Gendarmería Nacional, la Prefectura Marítima o la Policía Federal, que cuentan con grupos más preparados para esta clase de operaciones.

De todos modos, debe insistirse en la responsabilidad subyacente del grupo extremista que condujo la protesta. El artero ataque físico de que fue objeto el comisario que comandó el desalojo -finalmente detenido por sus eventuales responsabilidades penales, que deberán ser investigadas a fondo- y los inútiles y gravosos daños materiales causados en el vecindario demuestran a las claras el evidente grado de peligrosidad de los autores de la protesta.

Los argentinos estamos a tiempo de detener el crecimiento de este proceso de destrucción de los valores que hacen posible la convivencia y la paz social. No es un objetivo que dependa sólo de las autoridades políticas o de los organismos de seguridad: es un compromiso al que ningún sector de la sociedad puede considerarse ajeno.

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