Nichos parasitarios

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30 de agosto de 2001  

En reiteradas ocasiones se ha sostenido desde estas columnas la necesidad de que organismos públicos estratégicos como la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) estuvieran a cargo de conducciones formadas por técnicos idóneos, que no estuviesen contaminados por la política ni por intereses particulares que terminan desplazando hacia un segundo plano sus objetivos centrales.

El reciente enroque entre Héctor Rodríguez y Armando Caro Figueroa para que aquél pase a monitorear desde la vicejefatura de gabinete el proceso de reforma del Estado, que incluye a la Anses y al PAMI, y el último se haga cargo de la AFIP, ha encontrado distintas explicaciones. Todas ellas coinciden en que, desde la cabeza del Poder Ejecutivo, se ha buscado un equilibrio frente a las demandas del ministro de Economía, Domingo Cavallo, de controlar el máximo organismo de recaudación tributaria y a la resistencia de las autoridades de la Unión Cívica Radical, lideradas por Raúl Alfonsín, a que la reforma en el área de la seguridad social quedara en manos de cavallistas.

Es cierto que la política es el arte de lo posible y que su propio juego a veces no permite moverse al margen de las limitaciones que imponen las complejas constelaciones de poder. Resultaría necesario, sin embargo, que las autoridades nacionales, en primer lugar, y la dirigencia política en general tomen debida conciencia de la importancia de establecer políticas de Estado alejadas de los vaivenes de las disputas partidarias. Entre éstas debería figurar la prevalencia de criterios técnicos, a prueba de cualquier sospecha de falta de transparencia, para la designación de los funcionarios que habrán de ocuparse de organismos como la AFIP, la Anses, el PAMI y el Banco Central, entre muchos otros.

Desde hace bastante tiempo, impera en gran parte de la opinión pública el presentimiento de que las organizaciones de la seguridad social, tales como la Anses o el PAMI, han sido con frecuencia utilizadas como herramientas para el financiamiento directo o indirecto de la actividad política.

Las numerosas informaciones que hablan de la existencia de ñoquis y que caracterizan a los citados organismos como reservorios de punteros políticos; las tristes constancias de graves irregularidades en varias cajas provinciales transferidas a la Nación o en el área de liquidación de sentencias judiciales vinculadas con beneficios previsionales y la proliferación de contrataciones poco cristalinas por cifras millonarias son datos elocuentes de la necesidad de refundar las instituciones de la seguridad social.

Que la Anses haya tenido 84 gerentes de segundo nivel con sueldos que van desde los 5000 hasta los 9000 pesos, que en muchos casos llegaron a esos puestos de relevancia por recomendaciones políticas a lo largo de distintas administraciones, parece un despropósito.

La resistencia que el titular del comité nacional de la UCR ha manifestado ante los anunciados cambios en la Anses no hacen más que fortalecer en la opinión pública la firme sospecha de que los intereses y las intrigas de índole política han prevalecido hasta hoy sobre las decisiones de carácter técnico y profesional. También revelan un viejo mal que es la confusión entre partido y Gobierno.

Existe la firme convicción en la sociedad de que muchos de los fondos que deberían destinarse a la atención de la salud o de los sectores más desprotegidos terminan alimentando estructuras sobredimensionadas, en función de favores meramente políticos, o beneficiando a clubes de proveedores por prestaciones sobrepreciadas.

La reforma de la Anses y del PAMI es imprescindible para empezar a desterrar las innumerables irregularidades halladas y las justificadas sospechas adicionales. Es de esperar que la anunciada decisión del presidente de la Nación de conducir en forma personal la reforma de esos organismos no genere nuevas defraudaciones en una sociedad que ambiciona, cuanto antes y de una vez por todas, que se ponga coto a los nichos de corrupción y a los parásitos que impiden que las referidas organizaciones sirvan como es debido al interés general.

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