Remuneraciones y función pública

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22 de enero de 2002  

La endémica existencia de una administración pública superpoblada y, salvo contadas excepciones, mal retribuida en todos sus niveles -situación que se ha ido agravando con el tiempo- es uno de los rasgos definitorios de la crítica situación que en estos momentos debe comenzar a resolver el Estado argentino. El más elemental sentido común indicaría que en cambio, ya fuere en el orden nacional, provincial o municipal, tendría que haber mucho menor cantidad de funcionarios públicos, designados de acuerdo con su idoneidad, honestidad y eficiencia, y, por supuesto, mejor remunerados.

No es un secreto que los salarios de los funcionarios de carrera han estado sujetos a las alternativas deficitarias de las finanzas públicas. Por ejemplo, hace unos meses fueron disminuidos en el 13% para tratar de reducir los gastos del Estado. Poco después, durante la efímera presidencia de Adolfo Rodríguez Saá se les fijó a esos salarios el tope de 3000 pesos. Ambas decisiones han provocado, tal como era previsible, el éxodo de los mejores funcionarios. Y quienes han elegido continuar prestando servicios en la administración nacional lo han hecho por dos motivos esenciales: los menos, porque su vocación los ha impulsado a resignar nivel salarial sin buscar otra compensación que una probable estabilidad, y los más, porque están dispuestos a mejorar sus ingresos a toda costa, haciendo uso de mecanismos cercanos a la corrupción o directamente inmersos en ella (sobresueldos, negociados personales y cobro de coimas, intervención en actos ilícitos, etcétera).

Todo eso no hace sino acentuar, sin dudas, el aura de desprestigio que desde hace muchos años caracteriza en forma negativa a la administración pública. La sociedad sospecha, con sólidos fundamentos, que esa rama de la actividad está viciada por el favoritismo político, las corruptelas, la haraganería, la mala voluntad y la escasa preparación. Esos juicios críticos tal vez corren el riesgo de exagerar la tendencia a crear estereotipos, pero también es cierto que los bajos sueldos estimulan las más diversas modalidades de la corrupción y que la administración pública es el terreno fértil en el cual se siembran y cosechan las retribuciones de los favores políticos y de la adhesiones partidarias.

Influye en ese último aspecto, en particular, la generalizada propensión de los dirigentes electos de cubrir los cargos más importantes con personal que les es políticamente afín, lo cual impide la correcta asignación de esas posiciones porque, tal como es previsible, quienes están más capacitados por lo general no cuentan con relaciones políticas vinculadas con los gobiernos y los gobernantes de turno.

Además, la inestabilidad que es propia de las alternativas políticas afecta seriamente a la administración pública, dado que los reiterados cambios se traducen en constantes modificaciones de los objetivos. La experiencia administrativa privada demuestra a las claras la importancia que asumen los planes estratégicos formulados para establecer el rumbo de las empresas. El mantenimiento invariable de esas propuestas torna posible obtener sucesivos logros que, a la postre, van acercando al éxito definitivo. Ese precepto de buena administración choca con la asignación de cargos por vía de las afinidades políticas que, asimismo, conspira en perjuicio de la especialización al tender a que los funcionarios cambien inopinadamente de áreas.

Al llegar a este punto queda demostrado, entonces, que sería conveniente que la administración pública, una vez establecidas cuáles y cuántas habrán de ser las futuras funciones del Estado, se rigiese por un estricto sistema escalafonario, al que sólo se pudiese ingresar mediante concursos y oposiciones. Sin incurrir en el perverso cáncer de la inamovilidad a cualquier precio, que tantos males le ha acarreado al Estado, ese sistema debería contemplar ciertas garantías de estabilidad que, por ejemplo, podrían quedar en suspenso cuando mediasen justificadas razones de fuerza mayor, de comisión de actos ilícitos o de falta de idoneidad.

No menos conveniente resultaría la flexibilización de los salarios públicos, a fin de que su mejoramiento obrase a modo de imán para atraer personal capacitado y honesto, y si tal procedimiento fuese imposible por causa de las actuales circunstancias, cabría asimilar los sueldos de los funcionarios a los promedios que le asigna la actividad privada a las responsabilidades similares.

Restablecer el prestigio y la eficiencia de la administración pública implicará una tarea extensa y llevada a cabo con absoluta transparencia. Habrá que volver a contagiar vocacionalmente a la juventud y a todos quienes estén capacitados para desempeñarla, asegurándoles puestos estables y bien remunerados. Unica y sensata manera, al fin y al cabo, de reconstruir el Estado saneado y eficaz que la Argentina se merece.

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