Sinceramiento necesario

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23 de enero de 2002  

Nadie puede dudar, a estas alturas, de que el sistema financiero no está en condiciones de devolver en el corto plazo los miles de millones de dólares que depositaron los ahorristas.

Se ha dicho en reiteradas ocasiones -y no está de más recordarlo- que ningún sistema bancario del mundo puede soportar una severa crisis de confianza que lleve a la totalidad de los ahorristas a reclamar al mismo tiempo todo el dinero que depositaron.

La promesa efectuada por el presidente Eduardo Duhalde, al asumir su cargo ante la Asamblea Legislativa, debe ser calificada al menos como apresurada y resulta saludable, aunque tremendamente doloroso, que se haya rectificado.

Sin embargo, debe lamentarse que quienes tienen su dinero atrapado en el llamado corralitoreciban en muchas ocasiones de parte de hombres del Gobierno explicaciones poco convincentes y rebuscadas.

Es inadmisible, por ejemplo, que a un ahorrista que cometió el pecado de confiar en el sistema financiero argentino y de no sacar su dinero del país se le diga que, en realidad, él no depositó dólares, sino pesos. Si bien es cierto que en los primeros días de diciembre el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, autorizó a los clientes de los bancos a traspasar fondos de sus cuentas en pesos a cuentas en dólares a la paridad de un peso por un dólar, cuando parecía obvio que esa paridad no podía mantenerse más que artificialmente, no puede ser ése un justificativo válido como para decirles a los depositantes que los billetes verdes que le confiaron al sistema con anterioridad no eran dólares.

En lugar de ensayar esas explicaciones que no hacen más que enfadar a los depositantes, desde el Gobierno debería efectuarse un sinceramiento que hasta el momento no se ha escuchado acerca de las causas que llevaron al actual colapso financiero.

El Poder Ejecutivo y quienes tuvieron la responsabilidad de gobernar o de emitir leyes en los últimos dos períodos gubernamentales que emergieron del voto ciudadano deberían reconocer con franqueza que hoy la sociedad está pagando con sus penurias los múltiples desequilibrios generados desde las administraciones públicas nacionales y provinciales.

La crisis económica y social que padecemos hoy los argentinos tiene como principal razón de fondo el desmesurado desborde del gasto público, que condujo a un endeudamiento también desmesurado, que comprometió a la larga al propio sistema financiero nacional y al régimen de jubilaciones privadas.

No es necesario preguntarse dónde está la plata de los ahorristas. Tampoco tejer historias, que en ciertos casos bordean el terreno de lo fantástico, acerca de camiones que traspasaban nuestras fronteras con miles de millones de dólares. La respuesta es bien simple: la mayor parte de ese dinero ha sido consumida por un Estado voraz, que durante años tomó prestado mucho más de lo que podía, y que hoy no está en condiciones de devolver.

Ese Estado es el que hoy, por medio de sus gobernantes, debe otorgarle una respuesta justa a los ahorristas. Y esa respuesta deberá pasar por un fuerte compromiso de austeridad y transparencia en las erogaciones como nunca existió. La clave no es otra que la nueva ley de presupuesto y la política monetaria, que deberán apuntar a eliminar completamente todo gasto improductivo y a evitar que la expansión de la emisión de moneda nos haga retroceder a las peores épocas de inflación que vivió nuestro país.

Las últimas decisiones económicas y las que se estudian para avanzar a una pesificación total apuntan a establecer un equilibrio en el sistema financiero que beneficiaría a algunos y perjudicaría a otros.

Es cierto que, en las condiciones a las que ha llegado la economía argentina y al nivel al que ha trepado la desconfianza, parece muy difícil, si no imposible, satisfacer a todos.

Pese a eso, el Gobierno deberá extremar los esfuerzos para buscar la salida de un escenario que dista mucho del ideal supremo de la libertad y de la normal organización social y económica.

Ningún sistema productivo puede prosperar en una sociedad capitalista si no hay un sistema financiero sólido, al tiempo que éste no será factible sin la confianza de un gran número de ahorristas en una relación basada en la confianza.

En tal sentido, ni la excesiva regulación estatal ni las normas compulsivas son positivas y mucho menos cuando afectan relaciones entre particulares. Especialmente, luego de que muchos ahorristas se sintieran estafados en su buena fe, a partir del momento en que el Congreso suspendiera los efectos de la ley de intangibilidad de los depósitos sancionada pocos meses atrás con el proclamado fin, precisamente, de darles garantías a esas mismas personas que confiaron sus ahorros.

Con vistas a la necesaria recreación de la confianza en el sistema financiero argentino, y en virtud de la gran diversidad de situaciones que se presentan, sería positivo que el Gobierno se abstenga de pesificar la totalidad de los depósitos del sistema y dejar actuar, en ciertos casos, a las partes.

Es evidente que quien necesita rescatar la totalidad o gran parte de su dinero ya no podrá llevárselo en la moneda de origen. Pero hay en el sistema un buen porcentaje de depositantes que no necesitan ni necesitarán de sus ahorros por un buen tiempo, quizá por años, y que tal vez accederían a dejarlo en el banco del cual son clientes por un tiempo mayor, a cambio de que se respete la moneda en que se constituyeron tales ahorros y una tasa de interés razonable.

Así como es obvio que hay situaciones conflictivas que no se resolverán fácilmente sin la intervención del Estado, hay probablemente muchas más situaciones de las que el Gobierno imagina que podrían resolverse felizmente dejando liberadas a las partes.

Es esencial que detrás de cada medida del Gobierno para resolver la presente coyuntura exista el espíritu de normalizar la vida económica de la gente, algo que nunca será posible en tanto prosiga la sensación de que diariamente se violenta el derecho de propiedad con nuevas medidas o con circulares del Banco Central y de que la libertad contractual ha sido herida de muerte.

Pero lo fundamental para reconstruir la confianza, principal cimiento para el crecimiento económico, será que en adelante, al margen de buscar soluciones justas para la coyuntura, el Estado dé muy claras señales de que se intentarán desterrar las verdaderas causas que nos han llevado al actual colapso. Causas que no radican tanto en el sistema financiero como en la inconducta y la irresponsabilidad de quienes administraron el sector público.

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