Ejemplar trabajo interministerial

Merece destacarse la labor conjunta de cuatro ministerios para contar con una política sobre buenas prácticas agrícolas que deberá traducirse en una ley
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31 de julio de 2018  

La necesidad de contar en el plano nacional con una política uniforme sobre buenas prácticas agrícolas ha tenido un primer corolario en el documento que los ministerios de Agroindustria, de Salud, de Ciencia y de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable hicieron público recientemente.

Se ha concretado de tal modo el anuncio hecho en febrero último de que se elaboraría en no más de tres meses un conjunto de recomendaciones destinadas a servir de base a un proyecto de ley que en algún momento próximo, esperamos, se enviará al Congreso de la Nación. Ha habido aportes del INTA, del Senasa y de otros organismos especializados. El gobierno federal cuenta ahora con un cuerpo de ideas suficientemente trabajado a fin de encarrilarlo hacia el Poder Legislativo.

Lo principal era establecer con seriedad las bases de un debate sobre prácticas agrícolas que con inaudita frecuencia se ha ventilado al calor de impulsos ideológicos coloreados por actos de superstición popular y con poco o nada de rigor científico. Los ministros intervinientes en el documento difundido sabían esto de sobra, como también que cabía a su responsabilidad dejar en claro que de lo que se trata es de producir alimentos y bienes para salir de la pobreza, sin descuido del ambiente y de la salud de la población. Han coincidido así en la necesidad de que se fortalezca la vigilancia epidemiológica de los eventos relacionados con la exposición de fitosanitarios.

En el acuerdo alcanzado se confiere relevancia principalísima a las normas por adoptarse en zonas de amortiguamiento adyacentes a áreas que requieran una protección especial, como las que se hallan próximas a centros poblados. Pero lo más novedoso y plausible, después de tantas resoluciones demagógicas adoptadas sin ton ni son por municipios dentro de sus mismas jurisdicciones provinciales, es que se haya dicho con todas las letras que lo central no es la distancia desde la cual puedan aplicarse para la agricultura productos fitosanitarios, sino el aseguramiento de su sustentabilidad, según la manera en que se utilicen, tanto para el ambiente como para la salud.

Por eso es lógico que los ministros hayan puesto el acento en que cabe a las provincias pronunciarse sobre estas cuestiones de modo que cada una de ellas tenga normas básicas para su cumplimiento homogéneo por las respectivas autoridades locales. Más allá de las particularidades de cada ambiente que se deba proteger especialmente, como prevén los ministros, sería irrazonable prolongar un estado normativo caótico como el que ha estado afectando la producción agrícola en muchos lugares, como Entre Ríos, San Luis, Santa Fe y Buenos Aires.

El documento interministerial declara de interés para la Nación las buenas prácticas en el empleo de fitosanitarios y desarrolla 12 políticas a las que confía el éxito de esos objetivos: desde una producción sostenible para los suelos y el ambiente y para el respeto por la integralidad de la salud hasta la preservación del rigor científico de toda medida por adoptarse, con el consiguiente monitoreo y control.

En el terreno de los hechos, el Ministerio de Agroindustria cubrió hace poco un vacío legal inexplicable, que se había prolongado en exceso, al reglamentar que las empresas vendedoras de fitosanitarios deben hacerse cargo de los envases utilizados una vez que estos hayan sido lavados tres veces o una vez con lavado a presión por parte de los usuarios.Debieran alistarse ahora las comisiones especializadas del Congreso de la Nación para encauzar por ley una cuestión enojosa de larga data, pero que recibirán después de un esfuerzo interministerial hecho con sustanciales contribuciones científicas. No deberán olvidar que lo realizado ha sido hecho, además, en función de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas respecto de la interrelación entre desarrollo sustentable y erradicación de pobreza y de configuración de políticas que no comprometan la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades.

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