El aborto legal como un derecho humano

Dora Barrancos
Dora Barrancos PARA LA NACION
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14 de abril de 2018  • 00:56

Mujeres de todos los tiempos, de todas las condiciones y de todos los credos, han experimentado maniobras abortivas para concluir con embarazos que no han querido. Se trata de una voluntad sobre el cuerpo que compete exclusivamente a las propias mujeres, aunque han sido habituales las coacciones que muchas han sufrido, obligadas a llevar adelante embarazos que no han deseado y, finalmente, obligadas a parir.

Nuestro derecho, como el de la casi totalidad de las sociedades occidentales, sancionó la criminalidad del aborto, aunque en nuestro caso, a diferencia de otros países latinoamericanos, se contemplaron algunos aspectos que divergían de la moral religiosa. La reforma a que dio lugar al art. 86 de la Ley 23077 despenalizó el aborto para los casos en que hubiera riesgo para "evitar un peligro para la vida o la salud de la madre" y "si el embarazo proviene de una violación o un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente", y más allá de algunas vacilaciones sobre la interpretación de la frase, desde el fallo FAL de la Suprema Corte (2012) ha quedado firmemente acertada la interpretación de que el aborto no es punible cuando el embarazo es producto de una violación. Contra la ley penal y contra la doctrina de la Iglesia, las mujeres en la Argentina han abortado para terminar con el padecimiento de no poder asumir lo que se les imponía como fatalidad, como tributo que debían pagar por mantener relaciones sexuales. Circularon ideas contradictorias sobre la "naturaleza" de las mujeres en el siglo XIX, ya que una buena parte del pensamiento médico y psiquiátrico creía que poseían apenas sensibilidad sexual, mientras otra parte de la biblioteca alertaba sobre las formas carnívoras que podía adoptar su descontrolada sexualidad.

Un complejo juego de valores y de nuevos sentimientos condujeron a las mujeres a no aceptar comportarse como máquinas paridoras. Entre las nuevas sensibilidades se encuentra la apetencia de más autonomía, pero también el deseo de escapar al insensato dolor de la mortalidad de los hijos pequeños, y el proyecto de que la descendencia viviera mejor. Y aunque muchísimas mujeres vivieron con mayor libertad su sexualidad, fue gracias a la enorme renovación del pensamiento feminista en la segunda mitad del siglo pasado que se reivindicó el deseo sexual de las mujeres como un derecho fundamental.

Es imprescindible admitir que en nuestra sociedad el aborto ha obtenido larga legitimidad, como un contra espejo de la ilegalidad, porque no es posible considerar la denominada "transición demográfica" sin que medie la interrupción voluntaria del embarazo desde fines del XIX. ¿Cómo es posible obtener una curva descendente de la natalidad en nuestro país sin que se piense en intervenciones abortivas? Pensemos en la falibilidad de todos los métodos anticonceptivos, comenzando por el coito "interruptus", la técnica más empleada durante la mayor parte del siglo XX y responsable de una enorme cantidad de embarazos. Así, desde principios del siglo pasado, frente a la ineficacia de los métodos anticonceptivos, las mujeres optaron por interrumpir los embarazos problemáticos, y esa revolución silenciosa consagró la fórmula promedio de no más de dos hijos. No hay cómo contestar que nuestra sociedad ha prestado una complaciente legitimidad a las silenciosas decisiones de mujeres que las llevaban hasta comadronas y obstétricas, y luego a ginecólogos profesionales, aunque tal vez en la mayoría de los casos han faltado los auxilios de estas mediaciones higiénicas.

No puede dejar de advertirse el comportamiento de los estrados judiciales que ha mantenido una suerte de "cono de reserva", tal como lo evidencia nuestra jurisprudencia, lo que podría indiciarse como una suerte de prudencia jurídica. Esta circunstancia se ha manifestado en forma particular con relación al "secreto profesional" en el bien conocido fallo "Natividad Frías" del plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Capital Federal, de agosto de 1966. Pero también se ha asistido a fallos draconianos, a sentencias orientadas por la condena en clave de castigo modelar.

Lo cierto es que más allá del impedimento legal y de la condena eclesiástica se ha alzado un mundo de transgresiones, pero una auténtica diferencia de clases divide a las mujeres entre las que pueden asistir a abortar con todas las garantías y las que no tienen más remedio que correr el riesgo de morir por un aborto. Es ominoso consentir con el resultado homicida que produce esa diferencia. No puede dejar de pensarse que existe una forma silenciosa y no menos aberrante de pena de muerte: la que sufren las mujeres sin recursos a raíz de un aborto.

Todos los países católicos de Europa han legalizado el aborto sacándole su estigma de crimen mientras nuestros países latinoamericanos – salvo Cuba, la Ciudad de México, y Uruguay-, retardan la despenalización. La gran mayoría de quienes se oponen a la interrupción voluntaria del embarazo lo hacen en términos religiosos y esgrimen el derecho a la vida. En la era de la clonación, la vida no tiene ningún desperdicio, pues ya se sabe que se puede reproducirla hasta con apenas algunas células. Me encuentro entre quienes defienden el aborto legal enfatizando el derecho al disfrute sexual separándolo de la reproducción y sostengo la prerrogativa del aborto para igualar las condiciones del ejercicio de la sexualidad diferencial entre varones y mujeres. El sexo no embaraza a los hombres – a menos que lo sean anatómicamente en el caso de personas transgénero –, ni les transforma radicalmente la vida. Pero el embarazo cambia de cuajo la vida de cualquier mujer y la cambia desde el momento mismo del intercambio sexual, ya que basta situarse en la experiencia de toda mujer en edad de fecundar para comprender que el coito no puede liberarse de la sombra del embarazo, aunque se tomen "responsablemente" todos los recaudos.

Una noción elemental de soberanía, propia de las sociedades modernas democráticas y que se encuentra en la base misma de la idea de individuo, debe fundarse en la capacidad para decidir sobre nuestros cuerpos; es la sociedad toda la que debe consentir en ese principio del "derecho al cuerpo", porque si no lo hace, ciertamente, es menos democrática.

Finalmente, si es inexorable reconocer la legalidad del aborto como una contribución fundamental para la vida de las menos protegidas y de las más pobres, de las que padecen restricciones y casi seguramente son menos autónomas, lo hago más enfáticamente en nombre de los derechos fundamentales de las mujeres. El embarazo es una contingencia, no puede ser una fatalidad. Legalizar el aborto es un paso trascendental para obtener una sociedad más equitativa, más igualitaria, más democrática y finalmente más humana. Sí, estamos de acuerdo, se trata de defender la vida, la "vida digna de ser vivida".

* La autora es socióloga, historiadora, investigadora principal del Conicet y especialista en género e historia de las mujeres.

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