El acceso a la información

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18 de mayo de 2003  

El proyecto de ley de libre acceso a la información pública, aprobado hace unos días por la Cámara de Diputados y actualmente a consideración del Senado, significa -en principio- un positivo paso hacia el fortalecimiento de la participación ciudadana en la vida democrática. Se trata de una norma que ha sido elaborada a instancias de un grupo de organizaciones no gubernamentales (ONG), cuyo esfuerzo permanente y desinteresado en favor de una legislación que tienda a mejorar la calidad del sistema republicano debe ser reconocido y valorado.

Es cierto que algunos aspectos de este proyecto con media sanción no resultan del todo satisfactorios y requerirán una modificación cuando los senadores debatan el proyecto, pero el hecho de que esté en vías de aprobación una ley que tiende a fortalecer la transparencia de la información merece ser recibido por la ciudadanía con especial beneplácito.

El proyecto aprobado por Diputados apunta a facilitar el acceso de los ciudadanos -con fines de documentación, investigación o estudio- a los datos que se encuentran almacenados en los organismos oficiales correspondientes a los tres poderes del Estado, sin más restricciones que aquellas que determinen las leyes. Tales restricciones estarán referidas a las pautas que establece el uso en relación con el mantenimiento del secreto industrial, comercial y financiero o a la existencia de razones de seguridad nacional que recomienden mantener en reserva tal o cual información.

La iniciativa busca reforzar el control ciudadano sobre la gestión pública, según modalidades que se están generalizando en el ámbito internacional, a partir del saludable principio -cada vez más aceptado- de que toda información es pública salvo disposición en contrario. En función de esa aptitud esencial para tener pleno acceso a los datos que obran en la esfera gubernamental, los ciudadanos -por sí o por medio de estructuras representativas de intereses o bien impulsoras de aspiraciones, como los gremios, los partidos políticos, las comunidades religiosas o las ONG- deben poder alcanzar un conocimiento fehaciente acerca de la manera en que están siendo manejados los asuntos que les conciernen, que en términos republicanos son prácticamente todos los que no están alcanzados por un motivo especial que los mantenga en reserva.

Por cierto, al texto aprobado se le deben introducir mejoras diversas; por ejemplo, detalles mayores sobre los casos específicos en que los requerimientos de información son expresados por las ONG y también un ajuste general e inmediato del proyecto a los acuerdos internacionales suscriptos por el país. Asimismo, cabe objetar el requisito que se establece en el sentido de que el defensor del Pueblo actuará como agente de control, lo que podría ser interpretado como que se prevé la intervención de ese funcionario en calidad de "filtro" en las demandas por denegación de derecho que acaso se presenten. Igualmente corresponde lamentar que el proyecto no contemple el pedido coincidente de los organismos defensores de los derechos humanos para que se reduzca el plazo durante el cual cierta información continuará siendo reservada.

Por supuesto, las reticencias que acerca de múltiples cuestiones de ese tipo pueden exponerse no significan retacear el reconocimiento de la importancia de este avance legislativo, que tiende a fortalecer el funcionamiento transparente de las instituciones públicas, bajo la mirada atenta e inteligente de la ciudadanía.

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