El acoso al diario El Liberal

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25 de octubre de 2000  

A lo largo de la historia, los ataques padecidos por la prensa independiente han provenido, frecuentemente, de gobiernos dictatoriales, autoritarios o paternalistas. Es que la prédica de los medios periodísticos libres suele poner al descubierto los excesos cometidos por quienes suponen que el ejercicio del poder político autoriza a vulnerar derechos y libertades.

Sin embargo, no se trata de una regla invariable. También durante la vigencia de regímenes democráticos ha habido gobernantes que cayeron en la tentación de acallar arbitrariamente la voz del periodismo o, por lo menos, de limitar sus posibilidades de expresarse sin cortapisas.

Nuestro país ha padecido ingratas experiencias en ese sentido. En algunos períodos, las agresiones a la prensa fueron desembozadas; otras veces fueron encubiertas; en ocasiones aparecieron disimuladas bajo la sutil y engañosa cobertura de formales proyectos de leyes. En todos los casos, el resultado fue el avasallamiento de la libertad de prensa, elemento esencial del Estado de Derecho.

El más reciente de tan lamentables episodios es el acoso al centenario diario El Liberal, de Santiago del Estero, presuntamente provocado por sus críticas al gobierno provincial que por quinta vez está en manos del justicialista Carlos Juárez. La Cámara del Crimen de la Primera Nominación ha dispuesto trabar embargo preventivo por 384.000 pesos sobre los bienes de ese periódico y los de su director, Julio César Castiglione, por causa de dos querellas que por daño moral han iniciado numerosas integrantes de la rama femenina del Partido Justicialista.

Además, el diario ha denunciado el retiro de la publicidad oficial -frecuente elemento de presión-, el retaceo de la información gubernamental, la pinchadura de sus teléfonos y otras limitaciones. Se trataría, al parecer, de la reacción del oficialismo provincial ante una serie de notas sobre espionaje político, discrecionalidad en la adjudicación de viviendas y otras cuestiones vinculadas con el quehacer gubernamental. Y también ante la reproducción en El Liberal de una nota publicada por La Voz del Interior, de Córdoba, vinculada con actividades de la vicegobernadora santiagueña, esposa de Juárez.

No se trata de meras sospechas o de aprensiones carentes de fundamentos. En el informe anual de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), difundido hace una semana con motivo de la 56a. asamblea general de esa entidad, quedó expresa constancia de la "seria preocupación" de la SIP porque El Liberal, La Voz del Interior y, asimismo, La Gazeta, de Tucumán, han sido objeto de las agresiones de grupos políticos vinculados con los respectivos gobiernos provinciales, de las decisiones arbitrarias de magistrados judiciales, de actos discriminatorios en el manejo de las publicidades oficiales y de represalias y provocaciones tendientes a entorpecer la circulación de sus ejemplares.

Sugestivo ejemplo de coincidencia interprovincial en la comisión de preocupantes agresiones en perjuicio de la prensa libre e independiente. La naturaleza de esos actos, quiérase o no, es abiertamente restrictiva de la libre difusión de las informaciones y las ideas. Tal como si los gobiernos o grupos políticos que les son afines tratasen de colocarle una mordaza a la prensa independiente para después autoadjudicarse, sin ninguna clase de pudor, la potestad de aflojarla o apretarla según mejor les convenga a sus circunstanciales intereses.

No hay pueblos libres sin libertad de prensa, porque esa libertad esencial es la madre de todas las demás libertades. El pueblo, del cual emana el mandato de los gobernantes, es el gran perjudicado por el enmudecimiento total o parcial de los órganos de información y de opinión que rehúsan subordinarse a las pretensiones de los gobernantes. En efecto, la sociedad queda imposibilitada de enterarse de probables discrecionalismos, arbitrariedades, abusos y actividades antisociales o delictivas.En forma deliberada, se la sume en la ignorancia. Razón sobrada, pues, para que se erija en la máxima defensora de la libertad de prensa y, en esa condición exija su restablecimiento en cuanta ocasión perciba que ha sido conculcada.

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