¿El ADN obligatorio?

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29 de febrero de 2004  

Es llamativo el grado de intolerancia que exhiben algunos de nuestros legisladores respecto de los derechos individuales. Un proyecto de la diputada Stella Córdoba recoge una iniciativa del secretario de Derechos Humanos por la cual se pretende obligar a las personas sospechadas de ser hijos de desaparecidos a someterse contra su voluntad al examen de ADN. La iniciativa pone de manifiesto la dificultad de algunos representantes del pueblo para soportar una concepción ideológica diferente de la que ellos sustentan.

Más grave aún es cierta tendencia a desconocer la independencia del Poder Judicial, mediante el sencillo recurso de aplicarles una suerte de retruque legislativo a las sentencias que contradicen la ideología de turno. La Corte Suprema, cuando declara que una sentencia, una ley o una decisión administrativa no se ajustan a la Constitución, está cuidando como última guardiana la vigencia de nuestras instituciones.

Es casi una falta de respeto al Poder Judicial que se insista con la pretensión de imponer compulsivamente el ADN luego de la excelente sentencia en contrario que produjo la Corte en el caso Evelyn Vásquez. Ese pronunciamiento del máximo tribunal fue coincidente en todo con el fallo producido por la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal en el caso Feretton, donde se consideró inconstitucional la coacción del Estado sobre la persona para obligarla al examen en cuestión.

Dijo entonces la Corte que el derecho a la integridad personal "abarca no sólo el cuerpo sino también la psiquis" y prohíbe que se exponga a la persona a daños psicológicos que pueden acarrear graves consecuencias para su equilibrio emocional. Sostuvo asimismo el máximo tribunal que el avance compulsivo sobre la intimidad protegida, no mediando consentimiento libremente prestado, conculca derechos garantizados por el artículo 19 de la Constitución Nacional, referida a las acciones privadas de los hombres y extensible a todo lo que se ha dado en llamar el derecho a la intimidad.

El proyecto legislativo presentado por la legisladora mencionada prevé que para la realización de los estudios de ADN se podrán utilizar "muestras de sangre, bulbo piloso o semen" y todo otro elemento que "posibilite el resultado buscado". Pareciera que la sensibilidad del legislador hacia los derechos individuales se conforma con una previa "disuasión" y con una tarea de asistencia psicológica para convencer al renuente, sumadas a la reserva de las actuaciones mientras dure el proceso. Después de ello, vendrá la compulsión.

La filosofía del proyecto ignora la voluntad de quien eventualmente podría ser la víctima de los delitos a que se alude. Con los fundamentos propuestos por el legislador, se podría violentar físicamente a una persona no imputada de delito alguno obligándola a someterse al examen por la sola razón de que éste resulta necesario en la investigación de un hecho presuntamente cometido por un tercero.

Lo grave es que el proyecto no distingue situaciones de hecho y pretende legislar en abstracto, haciendo hincapié en las supuestas dudas sobre la identidad de un menor y arrojando un manto de sospecha sobre todas las filiaciones que no provengan de la sangre, lo cual abre un campo de inseguridad y de dudas poco propicio para consolidar los vínculos familiares. Cuando los menores de otro tiempo han pasado a ser mayores de edad, no es posible pasar compulsivamente por encima de su voluntad.

El Estado debe sacrificar su interés cuando existe el riesgo de que se vulnere la esfera de la intimidad de las personas. Y no hay nada más íntimo que la propia integridad, sea ésta física o psicológica. Como ha dicho la sana doctrina, "la conciencia individual es la única que puede decidir la adopción de una probanza cuya obtención por vías forzosas o compulsivas resultaría repugnante".

El proyecto vulnera los derechos humanos del individuo y parece --una vez más-- destinado a satisfacer intereses políticos o ideológicos. A falta de ideas mejores, se insiste en seguir agitando las pasiones en torno de un trágico período de nuestra historia reciente, que muchos argentinos de bien quieren comprender, perdonar y nunca repetir.

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