El ajuste ejemplar que adeuda la política

Dos conceptos clave han dominado el discurso político y económico de los dos últimos años y medio: shock o gradualismo. El péndulo de la discusión osciló entre tomar la decisión drástica y rápida de sincerar la herencia, diagnosticar con crudeza el caos y encarar su futuro con un horizonte de sanación dinámico y asequible, o atacar el mal, gradualmente, corrigiendo la dosis hasta llegar al resultado deseado.

En esa oscilación de términos y estrategias, hay un matiz que está quedando relegado -por no decir abandonado ex profeso-: el de la ejemplaridad y la racionalidad, especialmente en el ajuste de la política, es decir, del sector que debió haber dado el primer paso en esta pelea por dejar de gastar más de lo que ingresa a las arcas oficiales.

Está claro que la falta de ajuste profundizó la crisis y que uno de los principales responsables de ese desequilibrio han sido y son los gobiernos de todas las jurisdicciones del país.

Tenemos, por ejemplo, los poderes legislativos nacionales, provinciales y municipales más caros y populosos que se conozcan en proporción a la cantidad de habitantes y al PBI. En algunas legislaturas como la tucumana, que es unicameral, antes de la última devaluación del peso su gasto superaba en un 60% al del Parlamento de Cataluña, siendo la población de Tucumán, un quinto de la catalana.

La primera conclusión a la que nos lleva esta pequeña pero sintomática comparación es que, mientras desde distintos sectores de la política se exigen esfuerzos a la población y al sistema productivo en general para hacer frente a la crisis, la política rechaza ajustarse.

En el propio Estado nacional, donde el Poder Ejecutivo decidió recientemente achicar el número de ministerios después de haberlos multiplicado, se admite que el ahorro no será muy grande, pues desaparecen carteras, funciones, pero no puestos innecesarios. No hay racionalidad entre lo que se pide y lo que se demuestra.

El proceder de la amplia mayoría de los distritos es también reprochable. El gobierno de Macri decidió apenas iniciada su gestión devolver a todas las provincias el 15% de retenciones para la Anses que habían sido dispuestas en 2001 como reducción del monto de fondos de la coparticipación federal. La Corte Suprema solo había ordenado restituir ese monto a los tres distritos que accionaron judicialmente: Córdoba, San Luis y Santa Fe. La decisión de Macri generalizó aquella devolución, lo cual significó más dinero para todos. Sin embargo, no hubo de parte de las provincias señales contundentes de ajuste y ya se sabe que siguen presionando al Gobierno para obtener mejores y mayores ventajas ahora que se empieza a debatir el presupuesto de gastos para 2019. Todo ello, en medio de la asfixia que predice el ajuste que se ha impuesto el gobierno nacional para el año entrante: déficit cero que recaerá principalmente en individuos y empresas.

Ha habido, en el orden nacional, algunas decisiones tendientes a achicar el gasto, pero son a todas luces insuficientes frente al brutal despilfarro de la política. Entre ellas, se dispuso realizar un ordenamiento salarial en organismos descentralizados. Solo por tomar un ejemplo, los choferes del Banco Central de la República Argentina cobraban más que algunos empleados jerarquizados: algunos llegaban a percibir cerca de 200.000 pesos mensuales.

Mientras tanto, se destinan cuantiosos recursos al Parlasur, un ente burocrático e ineficaz, solo útil a la partidocracia; se mantienen las escandalosas jubilaciones y pensiones de privilegio; se subsidia a cooperativas y mutuales dedicadas a operaciones financieras; se acepta que haya provincias que eximen a sus empleados estatales de pagar el impuesto a las ganancias cuando este es un impuesto federal y se mantiene la no obligatoriedad de magistrados y empleados del Poder Judicial de pagar Ganancias (la decisión de extender ese pago a los nuevos trabajadores del sector ha dado lugar a judicializaciones que terminaron complicando en muchos casos la aplicación del gravamen).

Se continúan ejecutando partidas sin las correspondientes rendiciones de cuentas y la discrecionalidad sigue funcionando como la herramienta predilecta de quienes ostentan poder en nuestro país. Si a todo eso se suma la falta de controles serios sobre la verdadera necesidad de los adjudicatarios de los beneficios en obtenerlos y mantenerlos, el resultado es tan lamentable como preocupante.

El festival de gastos públicos no solo no remitió a lo largo de las dos últimas décadas, sino que creció en la mayoría de los casos. Otro ejemplo patente de ello son las plantas de empleados estatales: esos trabajadores de todos los niveles pasaron de 2,3 millones a 3,6 millones entre 2001 y 2016, lo que implica un aumento del 56%, cuando la población total en ese lapso se incrementó en poco menos del 20%. En el caso de las provincias, la suba del empleo público fue todavía más asombrosa: en 2001, el número de agentes estatales era de 36 cada mil habitantes; en 2016, de 52.

Hace pocos días trascendió que en el Gobierno hay quienes se inclinan por eliminar las PASO que, según cálculos conservadores, costaron al país unos 2800 millones de pesos en los comicios de 2017. Se estima ahora que por las elecciones primarias de 2019 habría que desembolsar unos 6000 millones de pesos, cifra astronómica para destinar a un mecanismo disparatado, que obliga a ir a elecciones hasta al partido que presenta un solo candidato. Las PASO han demostrado ser, ni más ni menos que una encuesta de lujo con un fin nada inocente: en algún caso, sirvieron para resolver la interna de una fuerza política; en otro, para desincentivarla.

Otro punto de ataque son, sin dudas, los gastos de campaña. Hace unos días, la Cámara Nacional Electoral ordenó profundizar la investigación sobre el financiamiento de las presidenciales de 2015. Ese tribunal dispuso que deben seguir investigándose diferentes irregularidades observadas en las auditorías contables de Cambiemos, del Frente para la Victoria, de Unidos por una Nueva Alternativa y de Compromiso Federal, es decir, de las principales fuerzas que compitieron en los comicios presidenciales de hace tres años.

Las escandalosas revelaciones de los cuadernos de las coimas en la obra pública han desnudado los defalcos organizados y llevados a cabo desde el propio poder. La monumental corrupción, el abominable saqueo de las arcas del Estado es, junto con la impericia y la desidia, el principal motivo del actual estado de decadencia y postración de la Argentina.

La presión impositiva, además, resulta hoy insoportable. Mayores aumentos de impuestos no sanearán el gasto público. La situación es difícil y requiere del apoyo de todos, pero también es muy cierto que el mayor esfuerzo siempre lo ponen los que pagan. Como acertadamente se ha dicho en el último documento emitido por el Foro de Convergencia Empresarial: "La Argentina necesita que el sector público acompañe el esfuerzo del sector privado".

Frente al ajuste -shockeante o gradualista- que a diario padecen argentinos de a pie, familias y empresas de todo tipo y magnitud, la política sigue haciendo la vista gorda. No acomete una autocrítica ni se muestra decidida a dar el ejemplo ajustándose igual o más que el resto.

La política no debe quedar cubierta ni seguir a salvo del esfuerzo que hace el resto de la sociedad.