El ajuste, en la Corte Suprema

Adrián Ventura
Adrián Ventura LA NACION
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22 de agosto de 2001  

En la nutrida agenda de la Corte, el recorte del presupuesto judicial ocupa el primer lugar.

Ya llegaron los primeros planteos sobre algunos ajustes salariales encarados en las provincias. Pero el tema que los jueces debatirán mañana se relaciona con el impacto de la ley de déficit cero en la Justicia.

Los magistrados tienen ante sí el anteproyecto de presupuesto que elaboró el Consejo de la Magistratura, que reclama 794 millones de pesos; una comunicación del Ministerio de Economía, que fijó el techo en 560 millones de pesos y un informe del administrador de la Corte, Nicolás Reyes, mucho más ajustado a la realidad de la actual crisis.

Al tiempo que deslizan críticas contra el Consejo y el Jurado, pocos jueces estarían dispuestos a aprobar la partida de 100 millones de pesos que el primero pidió para aumentar los salarios. Con mayor madurez, la Corte se inclinaría por aceptar como inevitable el techo que fija Economía y pedir, además, una partida adicional para poner en funciones a diversos jueces cuyos concursos ya fueron realizados a instancias del Congreso, pero que no tienen presupuesto.

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Por otro lado, se estancó la circulación del planteo efectuado por el ex presidente de facto Jorge Rafael Videla, que reclama que la Corte ponga fin a la causa que la justicia federal instruye en su contra por sustracción de menores porque -interpreta- ya fue juzgado por esos hechos en 1985, cuando la Cámara Federal lo condenó por crímenes contra mayores. Tres jueces ya votaron en favor de ese pedido, pero parece que prevalecerá la postura de que Videla y los demás ex militares, como Emilio Massera, deberán continuar sometidos a las nuevas causas. El procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, en breve dará el tiro de gracia: dictaminará que los delitos que se le imputan son imprescriptibles.

El tribunal acaba de recibir otro caso con voltaje político: la queja que presentó Emir Yoma, detenido por el juez Jorge Urso. Le remitió el expediente a Becerra y es probable que el tribunal reserve su intervención para cuando le toque definir la suerte de Carlos Menem, si la Cámara Federal no le concede antes la excarcelación.

Pero hay otra cuestión, muy delicada, que parece teórica pero tiene aristas prácticas. La Corte tradicionalmente sostuvo que los jueces no pueden declarar la inconstitucionalidad de una ley de oficio, es decir, motu proprio, sino sólo cuando una de las partes en el proceso se lo solicita.

La mayoría de jueces estaba dispuesta, mañana, a cambiar esa centenaria jurisprudencia. Pero tres de los ministros expresaron dos dudas: la posibilidad de que la Corte misma no advierta cientos de inconstitucionalidades y, fundamentalmente, el temor de que los jueces desborden su cometido y obstruyan la gestión de un gobierno.

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